El jefe de la oficina de Puigdemont pide archivar el caso Tsunami y revocar su envío al Supremo

El jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocar la decisión del juez instructor, Manuel García Castellón, de enviar el caso Tsunami Democràtic al Tribunal Supremo, y ha pedido además el archivo de la causa.

En un recurso, la defensa de Alay, que ejerce el penalista Gonzalo Boye, solicita al tribunal especial que, previa celebración de una vista, se revoque la remisión del caso al Supremo al no ser el Alto Tribunal el el juez preestablecido por la ley para investigar el caso Tsunami.

La defensa solicita además archivar el caso al valorar que los hechos “son constitutivos de delito alguno”, y, en caso que los jueces sí vean indicios, que acuerden enviar la causa a los juzgados catalanes por desórdenes públicos y no por un delito de terrorismo.

“Es palmario”, a criterio de la defensa de Alay, que el juez García Castellón “confunde” el asunto de qué tribunal es el competente para investigar el caso (la Audiencia Nacional o el Supremo para, en realidad, “vulnerar” el derecho fundamental al juez predeterminado por ley.

Tras más de cuatro años investigando el caso y sin que la Guardia Civil señalara a Puigdemont como sospechoso, García Castellón envió el caso al Supremo al entender que es el tribunal ante el que el líder de Junts está aforado como eurodiputado, algo que también cuestiona la defensa.

La de Tsunami Democràtic era una de las patas del caso Voloh, la macrocausa que investiga el juez de Barcelona Joaquín Aguirre y que versa sobre la eventual influencia rusa en los eventos de octubre de 2017, la financiación del procés y la corrupción más reciente de sus líderes en la sombra, como el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell. 

De las múltiples líneas de investigación abiertas por el juez Aguirre en Voloh, quedan vivas la de Tsunami en Madrid, y, en Barcelona, la de un presunto pelotazo urbanístico de Vendrell y otra que afecta a Alay, investigado por revelación de secretos por haber pedido presuntamente información reservada a un mosso d'esquadra, extremo negado por el jefe de la oficina de Puigdemont.

Alay terminó en la Audiencia Nacional porque el juez Aguirre derivó la parte del caso Voloh relativa a Tsunami Democràtic al tribunal especial en 2021. Salvo Rovira, Puigdemont y el periodista Jesús Rodríguez, el resto de investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional provienen del caso Voloh: se trata del editor Oriol Soler, el antiguo colaborador informático del expresident Jaume Cabaní, el empresario Josep Campmajor y Vendrell.

La Justicia tiene el foco en Alay desde hace años. En su etapa al frente de la oficina de Puigdemont, Alay ha sido imputado cinco veces en varias causas. Fue exculpado de acompañar a Puigdemont en su detención en Alemania, pero irá a juicio porque la Fiscalía lo acusa, en otra causa distinta a Voloh, de pagar con dinero público un viaje oficial a Nueva Caledonia que la intervención de la Generalitat no cuestionó.