Josep Maria Montaner: “A Colau la intentan parar en los tribunales porque no la han vencido en las urnas”

Si Voltaire decía que “el último grado de la perversidad es usar las leyes para la injusticia”, Josep Maria Montaner (Barcelona, 1954) asegura que “el último grado de la perversidad es usar la democracia para dinamitarla”. El doctor en arquitectura y catedrático de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) define así el lawfare, término que describe la construcción de un caso judicial artificial para acabar con un rival político.

Bajo el título 'Lawfare Urbano' (Icaria, 2023), Montaner habla de la “guerra judicial” que se ha librado contra Ada Colau y su equipo a través las diversas demandas interpuestas, sobre todo, en el ámbito de las reformas urbanas y de vivienda. Un asunto sobre el que Montaner habla desde la experiencia que le otorgaron sus cuatro años como concejal de vivienda en el gobierno de Colau, al que todavía asesora en materia urbanística.

El viernes declararon por el caso Vauras diversos concejales del Ayuntamiento. El lunes fue el turno de Ada Colau. Es el último caso de una larga lista de demandas contra este consistorio.

Durante el mandato de Colau se han duplicado los contenciosos administrativos (se han registrado 1.800) y se han incrementado mucho las denuncias penales (15 en total, nueve de ellas archivadas). Poco a poco, se ha ido demostrando que tras estas demandas casi nunca hay causa. Y Vauras no es una excepción. Una jueza de Barcelona ya aseguró que no había habido delito en la acción de Colau y que se le habían atribuido delitos sin rigor. También se quejó por unas multas, que el Ayuntamiento interpuso al fondo por no realojar a vecinos vulnerables, totalmente justificadas. Y ahora resulta que es porque, supuestamente, se retrasaron los permisos de obra. Es una ofensiva desmedida por parte de una empresa que vio frustrados sus intentos de especular con la vivienda.

¿Cómo es el lawfare en Barcelona y por qué se centra en cuestiones urbanísticas y de vivienda?

El lawfare es una práctica histórica, aplicada sobre todo por los Estados Unidos en Latinoamérica, tal como explico en el libro. Destaca el caso de Lula [da Silva, presidente de Brasil] y se usa para desprestigiar a políticos y, en algunos casos, desgastarlos y forzar su salida del poder, una especie de golpe de Estado blando. En muchas ciudades se ha aplicado en los ámbitos urbanos, para defender los intereses de las grandes empresas, inmobiliarias, hoteleras, fondos de inversión o plataformas digitales como Aribnb. Barcelona es una ciudad con un gran potencial turístico y, por tanto, muy atractiva para estos fondos. Pero, a la vez, es de las ciudades que más seriamente se han propuesto abordar la masificación y la gentrificación fruto del monocultivo turístico. Por eso la cabeza visible de estas políticas públicas, Ada Colau, está siendo víctima de estos ataques.

Decía que durante la administración Colau se han duplicado los contenciosos administrativos, pero sobre todo, que han crecido las denuncias. ¿Por qué?

Los procesos contenciosos son más o menos normales: son la manera más usual de incidir sobre una determinada política pública y una táctica habitual de empresas que han sido multadas para alargar el proceso y retrasar el pago. Dan trabajo y pueden llegar a saturar a los servicios jurídicos, pero no son más que una cuestión administrativa. Lo realmente preocupante es que se esté recurriendo a los procesos penales, que implican denunciar a personas concretas. Son una acción dirigida no tanto hacia una decisión, sino hacia un político con nombres y apellidos al que se quiere desgastar. En Barcelona está siendo muy flagrante, pero es algo que ya ha pasado con antelación; por ejemplo, Manuela Carmena, cuando fue alcaldesa de Madrid, fue más atacada de lo que lo está siendo Colau.

Carmena recibió estas demandas ya a los pocos meses de llegar al poder. ¿Por qué con Colau no han llegado hasta el segundo mandato?

Carmena estaba rodeada de derechas, tanto en la política como en la esfera mediática, que en seguida la atacan. Con Ada Colau es distinto: ciertos sectores vaticinaban que no acabaría la primera legislatura y que su gobierno apenas duraría unos meses. Por tanto, no es diana de ataques fuertes. Pero cuando llega al segundo mandato, los poderes y lobbies de Barcelona ya no pueden soportar la situación y, de cara a las elecciones de 2023 –y ante la posibilidad de que Colau repita un tercer mandato–, empiezan a fraguar embestidas judiciales con denuncias para desprestigiarla y lograr que, constantemente, haya titulares en los que se cuente que Colau ha sido llamada a declarar.

El objetivo es desprestigiarla, pero en tanto que la mayoría de procesos están siendo archivados, Colau está ganando la narrativa. ¿Es algo que le puede llegar a beneficiar electoralmente?

Sí, que los procesos se archiven y ella vaya respondiendo con tranquilidad le suma puntos. Pero ¿a qué precio? El desgaste es notable, porque es una estrategia pensada para amedrentar a políticos y funcionarios. Y quien sale ganando con cada causa archivada no es solo Ada Colau, sino la misma ciudad de Barcelona, porque hablamos de políticas que cierran la puerta a metodologías que no aportan nada bueno.

El desgaste es notable, porque es una estrategia pensada para amedrentar a políticos y funcionarios

Una de las cosas que destaca en el libro es que muchos de los procesos los inician funcionarios que estuvieron en el Ayuntamiento o partidos políticos. ¿Por qué los problemas políticos se resuelven en los tribunales y no en los plenos?

Es algo muy grave. En el libro intento mostrar todos los agentes que tienen intereses, a veces ocultos, y que hay quien ve la ciudad como una herramienta para lucrarse. Eso es algo que podíamos esperar de la empresa privada, pero lo que es más preocupante es que estas tendencias vengan de personas que ocuparon cargos públicos o directamente por partidos políticos. Me angustia el incremento de la judicialización de la política, porque no se está contraargumentando al adversario político democráticamente, sino que se lo desbanca con denuncias, algo que hace la vida política más difícil de lo que ya es.

Hablamos de partidos y de políticos que aprovechan su red de influencia en los medios para ser protagonistas durante un tiempo, para ostentar un poder que no han ganado. Con esto buscan, por un lado, aumentar la desconfianza de la ciudadanía respecto a la clase política y, por otro, desgastar a los dirigentes más progresistas. Es muy grave y antidemocrático intentar parar a políticos como Colau en los tribunales cuando no se les ha podido vencer en las urnas.

¿No hay ninguna de las denuncias, aunque luego se archivara, que se interpusiera con una mínima base de sospecha?

Yo puedo hacer un poco de autocrítica, porque algunos de los casos que salen en el libro no son del todo lawfare, que es usar las leyes con mala fe y denunciar algo cuando sabes que el delito no existe. La base del lawfare es denunciar delitos para tapar los tuyos propios.

Preguntaba esto pensando en un caso concreto que menciona en el libro: la denuncia por superar el límite de contaminantes en la quema de residuos por parte de la empresa municipal Tersa. La denuncia fue interpuesta por una plataforma ciudadana en base a unas sospechas reales y la Fiscalía lo apoyó. ¿Es lawfare que la ciudadanía presione a la administración por la vía legal?

Las denuncias ciudadanas son una herramienta que está bien, sí, pero sin abusar. El caso de Tersa es distinto, es cierto, y los vecinos tienen toda la razón a la hora de quejarse si consideran que hay demasiadas emisiones de productos tóxicos. Es un caso complejo, porque nadie tenía la razón: puede ser cierto que había demasiadas emisiones, pero estas siempre estuvieron dentro de lo que enmarca la ley. Me parece legítima la denuncia ciudadana, pero hay que ver siempre si hay utilización política detrás.

Hablando de plataformas ciudadanas, hay una que ha sido muy notoria en los procesos judiciales contra el Ayuntamiento, que es la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, un grupo fantasma que podría tener vínculos con partidos políticos y con Agbar.

Este es un caso muy delicado y difícil de demostrar. Hablamos de grandes partidos y multinacionales que se escudan tras el derecho de la ciudadanía de pedir a sus representantes que rindan cuentas y lo usan antidemocráticamente para proteger sus intereses empresariales de una forma vil.

Volviendo al lawfare. Si estamos ante demandas que sistemáticamente no prosperan, ¿por qué los jueces las admiten a trámite?

Es complicado de responder, porque los mortales conocemos el poder judicial de manera indirecta. Los jueces deberían ser imparciales, porque tienen un papel importantísimo en nuestra democracia, pero algunos tienden a imponer su propia ideología e intereses de poder. Esto se ha visto muy claro con los impedimentos para renovar el Consejo General del Poder Judicial: la influencia de los jueces es enorme y eso es usado, en algunos casos, para mantener el poder. Por eso, en ocasiones, hemos visto cómo se han puesto al servicio de intereses de partidos políticos. Un juez puede decidir muchas cosas; por suerte, todavía no puede decidir quién gana unas elecciones, pero sí quién puede presentarse a ellas o quién puede permanecer en el poder. Y eso es algo de lo que en Catalunya sabemos mucho.

La influencia de los jueces es enorme y eso es usado, en algunos casos, para mantener el poder

Al final del libro se pone optimista y dice que las demandas de hoy serán las leyes de mañana. ¿Por qué?

Espero que así sea y que estos procesos archivados generen precedentes y abran la puerta para que otros gobiernos se atrevan a defender a las personas vulnerables ante desahucios o a promover expropiaciones para garantizar el derecho a la vivienda. Y también espero que sea la antesala de un futuro en que se aplique la ley con una mínima empatía por la complejidad de la realidad.

¿En qué sentido?

Es cierto que la okupación choca contra el derecho a la propiedad, pero muchas veces no hay alternativa. Sobre todo cuando la vivienda se ha convertido en un bien de especulación e inversión, a pesar de estar recogido en la Constitución como un derecho. Hay empresas que prefieren tener una vivienda vacía para poder venderla a precios altos que con gente viviendo dentro. Por eso digo que hace falta empatía para saber si es más necesario juzgar a alguien por okupar que a una empresa por especular con un bien básico.

La vivienda ya no es la principal preocupación de los ciudadanos de Barcelona, pero en cambio sí lo es la seguridad. Por eso, la okupación va a ser uno de los grandes temas de la campaña electoral. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación cuando hablamos de lawfare?

Uno enorme. Los hay que son cómplices de lawfare cuando promueven interpretaciones malévolas y el desprestigio infundado de políticos. Hay algunos medios como elDiario.es, La Marea, El Salto o Crític que hacen lo que pueden para desmontar estas narrativas, pero los grandes medios tradicionales y algunos digitales recién creados están empecinados en dar un mensaje de inmovilismo, en decir que intentar cambiar las cosas no es buena idea. A estos medios les interesa mantener la sensación de inseguridad. “Vigila, no apures demasiado tu libertad de expresión porque igual vas a la cárcel”. “Vigila, no te quejes demasiado porque igual recibes e, incluso, hasta pierdes lo poco que tienes”. Esto es lo que quieren las grandes empresas y fondos de inversión que, a su vez, son los que están detrás de las querellas.

Entendiendo que es poco probable que los querellantes dejen de practicar lawfare de la noche a la mañana, ¿a quién le compete pararlo? ¿A los medios, a los jueces, a las administraciones...?

Es difícil de responder. El lawfare no deja de ser una manifestación de un malestar. Me atrevería a decir que esto solo se puede parar con un contrato social nuevo, con acuerdos internacionales. Un marco que penalice la antipolítica que no nos deja avanzar. Deberíamos recuperar un pacto para acabar con una guerra sucia que perjudica a toda la sociedad. Todos tenemos la responsabilidad: el poder judicial de no aceptar querellas sin fundamento; los medios de comunicación de no difundir fake news y la sociedad de tener un espíritu más crítico.