El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid ha acordado archivar la investigación que dirigía sobre la Operación Catalunya a raíz de la querella del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell contra el excomisario José Manuel Villarejo y otros agentes de la Policía Nacional. Estos estaban acusados de estar implicados en la presunta emisión y presentación de informes policiales “mendaces”, que llevaron a la Audiencia Nacional a dictar su prisión provisional.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que, tal y como ha adelantado El Confidencial, se han dado por terminadas las pesquisas en las que Rosell ejercía la acusación contra varios agentes de la Policía Nacional, a quienes les atribuía presuntos delitos de organización criminal, denuncia falsa y falsedad en documento oficial, entre otros.
El titular del juzgado ha adoptado esta decisión después de haber tomado declaración el pasado mayo al propio Villarejo. En aquella ocasión, el comisario jubilado aseguró en sede judicial que Rosell “obviamente” había sido “un objetivo” investigado en 2012, aunque precisó que él mismo advirtió entonces de que el empresario “no tenía nada que ver con el independentismo”.
El juez citó a declarar a Villarejo tras haber escuchado al propio Rosell, quien el pasado 10 de mayo ratificó la querella, al tiempo que le pidió al juez que llegase “hasta el fondo” de la investigación para “limpiar” España de “tramas político policiales”.
En el marco de las pesquisas, el instructor también tomó declaración al exinspector Antonio Giménez Raso y al inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) Alberto Estévez.
En la querella, a la que tuvo acceso Europa Press, Rosell defendía que “varios mandos del Cuerpo Nacional de Policía, miembros del Gobierno español y dirigentes del Partido Popular, entonces gobernante, con la inestimable ayuda de determinados periodistas y medios de comunicación, se concertaron para elaborar un plan contra dicho movimiento político, al que suele hacerse referencia con el nombre de 'Operación Catalunya'”.
A su juicio, se trataba fundamentalmente de “obtener información y confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, investigar, imputar, perjudicar y desprestigiar a personas que, de una u otra manera, fuera cierto o no, se consideraban cercanas al citado movimiento -independentista-, ya se tratara de cargos políticos, personajes públicos, líderes sociales o empresarios”.
Ahora, sin embargo, tras realizar las diligencias oportunas, el juez ha acordado archivar el procedimiento al no ver indicios de los delitos que recoge la querella.