Un juez imputa a Villarejo por el registro a la agencia de detectives Método 3

El juez Joaquín Aguirre ha acordado citar como imputado al comisario jubilado de la Policía José Manuel Villarejo a raíz de una denuncia del director de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, que acusa al exmando policial de estar detrás del registro a su empresa en 2013 en el marco de las pesquisas sobre la grabación del almuerzo que mantuvieron la exlíder del PP en Catalunya Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, en el restaurante La Camarga.

Tal y como ha avanzado La Vanguardia, el juez ha citado a declarar como investigados para el próximo mes de septiembre a Villarejo, al exinspector jefe de la Policía Antonio Giménez Raso, y al exdetective de Método 3 Julián Peribáñez, enfrentado desde hace años con Marco, su antiguo jefe.

La denuncia de Marco contra Villarejo retrotrae a uno de los episodios más oscuros de la política catalana: la grabación, realizada por empleados de la agencia Método 3, del almuerzo que mantuvieron la actual senadora del PP y Victoria Álvarez, en la que la expareja de Pujol Ferrusola contó supuestos movimientos de dinero en efectivo del hijo del expresident. Sánchez Camacho primero negó la conversación, para después suscribir un pacto de silencio con Método 3 y considerar “vaguedades” las palabras de Álvarez.

La investigación judicial de esa grabación (un caso que terminó archivado hace una década) llevó al registro policial de la agencia de detectives. Marco acusa ahora a Villarejo y a la brigada política del PP de estar detrás del registro, si bien fue ordenado por un juez de Barcelona y el aval de la Fiscalía en el marco de las pesquisas para encontrar el original de la grabación de La Camarga.

Cabe recordar, además, que Sánchez-Camacho acordó con Método 3 retirar su demanda civil y renuncia a emprender acciones penales contra los detectives a cambio de que la agencia de Marco reconociera el daño causado y la realización de la grabación de La Camarga. En virtud del pacto, la agencia admitió que la grabación afectó a Sánchez-Camacho en su labor como dirigente política y acordó indemnizarla con 80.000 euros.

En el acuerdo, Método 3 reconoció que fueron dos exempleados de la empresa los que grabaron la conversación entre Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez en una comida que ambas mantuvieron en el restaurante La Camarga, en Barcelona, el 7 de julio de 2010. Método 3 asumió la culpa, pidió perdón a la presidenta del PP catalán y se comprometió al “cese inmediato, efectivo y permanente” de la divulgación de las “grabaciones ilegítimas”.

El caso ha terminado en manos del juez Aguirre, titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón lo archivara en la Audiencia Nacional en el marco de las pesquisas del caso Villarejo.

La Audiencia Nacional avaló en 2023 el archivó del caso sobre la documentación que halló la Policía en el registro a la casa de Villarejo en 2017: expedientes, facturas y correos que pertenecían a Método 3 y que terminaron en manos del excomisario y su grupo empresarial. Los magistrados concluyeron que estos hechos ya se investigaron en otra de las piezas del caso Villarejo, la referida a la disputa por la herencia del promotor de la urbanización de lujo La Finca. Además, concluyeron los togados, “no consta” que Villarejo utilizase la documentación que se le intervino sobre Método 3, por lo que no resultaba “debidamente justificada la perpetración de delito”.