Un juez de Barcelona investiga la gestión de la Generalitat en las residencias de ancianos, así como la actuación de los propios geriátricos, tanto públicos como privados, durante la pandemia del coronavirus. Según ha adelantado El Periódico y ha confirmado elDiario.es, agentes de la Guardia Civil acudieron este miércoles a las conselleries de Economía, Salud y Asuntos Sociales, por orden del juez, para recabar expedientes vinculados a la compra de material sanitario e información sobre los geriátricos que fueron intervenidos por la Generalitat durante el estado de alarma.
Los agentes también recabaron por orden judicial información sobre los ancianos que fueron trasladados bien de centro bien a un hospital, las medidas de aislamiento, la cifra de contagiados y fallecidos por coronavirus en los geriátricos, así como las pruebas PCR que practicaron. La investigación se ha iniciado a partir de un atestado de la Guardia Civil y no de una querella de los familiares, que han canalizado sus denuncias ante la Fiscalía.
En el marco de esta investigación, la Guardia Civil también ha tomado declaración como testigo a la presidenta de las patronales de las residencias, la Associació Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), Cinta Pascual, para preguntarle si adquirieron material sanitario, quiénes eran sus interlocutores en la Generalitat y si sus propuestas fueron atendidas por la administración.
Los agentes quieren averiguar si la ACRA y el Círculo Empresarial de Atención a Personas Dependientes adquirieron material sanitario, quiénes han sido sus interlocutores en la Generalitat y las propuestas que les fueron admitidas o no por parte del Govern. Los agentes han requerido información al ACRA sobre los protocolos de actuación, el número de casos positivos por COVID-19 y la cifra de muertos (distinguiendo entre internos y personal), entre otra documentación.
Los investigadores se centran en la descoordinación en el seno de la administración, la suspensión de los traslados hospitalarios de residentes y que los recursos de personal y material requeridos por las residencias no terminaron de llegar en los momentos claves de la pandemia. Según sospechan los investigadores, en algunos casos los protocolos no funcionaron ni siquiera para gestionar el aprovisionamiento de bolsas para cadáveres
Otra de las líneas de investigación es si se movilizaron o no todos los trabajadores disponibles y si se cometieron errores en el traslado de personas de unas residencias a otras y en la conducción de los pacientes a los hospitales, que en algunas ocasiones fueron tardías. Tanto Salud, como Asuntos Sociales y del ACRA se han mostrado tranquilos por la solicitud de información, han apuntado a la agencia ACN.
Las pesquisas no afectan solo al periodo en que las residencias eran competencia de la conselleria de Asuntos Sociales, sino también desde que las asumió Salud el pasado mes de abril ante el aumento de muertes. A partir de ese momento, se estableció que los geriátricos debían comunicar las incidencias existentes y que estos datos debían actualizarse cada 24 horas.
Los investigadores tienen indicios de que la gestión continuó siendo deficiente a pesar de este cambio, hasta el punto que indagan si realmente se aislaron los contagiados del resto de los residentes y si existió descontrol en alguno de los traslados efectuados. Por ello, el juez, a través de la Guardia Civil, ha requerido a Salud para que concrete en qué momento en que se activó oficialmente la emergencia sanitaria.
El juez también quiere que la conselleria identifique a las personas, sean altos cargos o no, que han participado en los órganos vinculados a la ejecución del plan de protección civil de Catalunya en relación a las residencias, así como que detalle los espacios habilitados para uso sanitario públicos o privados a los que se han derivado personas residentes contagiados.
Además, los investigadores quieren conocer el número de personas trasladadas de las residencias a los hospitales, las medidas adoptadas en cuanto a ubicación y aislamiento de pacientes en los geriátricos y las modificaciones en la prestación de servicios ordenadas al personal sanitario.