El juez rechaza cerrar el CIE de Barcelona por la COVID-19 como pedían Ayuntamiento y entidades

El juez de control ha rechazado cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona debido a un caso de coronavirus detectado el pasado mes de octubre, tal y como pedían el Ayuntamiento de la capital catalana y las entidades en defensa de los derechos humanos Irídia y Migrastudium, al considerar que la decisión sobre la clausura del centro “excede” de sus funciones.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en su función como responsable judicial del control del CIE de la Zona Franca, concluye que no puede resolver la solicitud del consistorio y las entidades ya que sus competencias están “limitadas estrictamente” al control de los derechos fundamentales“, lo cual no le permite resolver sobre si se tiene que cerrar o no el CIE, pero sí adoptar decisiones para que el normal funcionamiento el centro ”vele por los derechos fundamentales“, así como resolver las quejas de los internos al respecto.

La dirección del CIE de Barcelona informó al juez el pasado 5 de octubre de que había reiniciado su actividad –después de que en la primera ola de la pandemia el centro se vaciara ante la imposibilidad de deportar a los migrantes por la suspensión de vuelos– con el ingreso de 84 internos. El CIE decidió además suspender las visitas. Ahora el juez acuerda que sí se pueda acceder al CIE para visitar a los migrantes y que se desarrolle el derecho de visitas conforme a las medidas preventivas que ya planteó en junio del 2020.

En concreto, se tendrá que tomar la temperatura mediante termómetro sin contacto y de forma previa al acceso a toda persona que acuda al CIE y además se les tendrá que facilitar solución desinfectante de manos y mantener la obligatoriedad de llevar mascarilla. Según indica el juez en su resolución, una temperatura corporal igual o superior a 37,5 grados será considerada “de riesgo” y tendrá que comportar que no se permita la entrada al CIE.

Con respecto a los internos, según la recomendación del sistema médico del CIE, los nuevos ingresos se tendrán que realizar siempre en horario de atención médica, entre las 06.00 y las 22.00 horas, con la finalidad de que el personal sanitario pueda realizar una identificación “precoz” a aquellos nuevos internos con síntomas sugestivos de coronavirus y, si fuera el caso, dirigirlos a los servicios asistenciales correspondientes. Además, el CIE tendrá que adoptar de forma diaria y actualizada todas las medidas que integren la estrategia de detección precoz, vigilancia y control del coronavirus que establezca el Ministerio de Sanidad, que también se tendrán que seguir comunicando a la autoridad judicial y a Fiscalía.

La decisión del juez de Barcelona difiera de la del magistrado de control del CIE de Las Palmas de Gran Canaria, que ha situado en un máximo de 42 internos la capacidad del centro para poder cumplir con las condiciones sanitarias adecuadas frente el virus y ha fijado el cierre de la instalación en caso de detectarse un positivo.

En su resolución el juez no menciona el informe de la Agencia de Salud Pública de Barcelona en que se concluía que el CIE carece de un plan de contingencia por si se detectan brotes y que tampoco tiene la capacidad para aislar a los contactos estrechos, con lo que reclaman que se desaloje a las personas internas. Fuentes municipales han lamentado que el auto del juez “llega tarde” y han reiterado que a día de hoy “no consta” que el CIE tenga un plan de contigencia ante un brote de coronavirus.

Ante las “deficiencias constatadas” en el CIE, desde el Ayuntamiento han reiterado al Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno la petición para liberar a los migrantes y cerrar el centro “antes de que haya más contagios”, algo a lo que hasta ahora el Ejecutivo central se ha negado. “La aplicación de la Ley de Extranjería nunca puede ir por encima de la protección de la integridad física de las personas que están dentro en el CIE, y de la salud pública del conjunto de la población”, han expresado fuentes municipales, que han recordado que los migrantes están encerrados en el CIE a la espera de deportación no por haber cometido un delito sino por su situación administrativa, por residir sin un permiso de residencia y trabajo.

En un comunicado, Irídia y Migra Studium han resaltado que la suspensión de las visitas acordada por el CIE de Barcelona el pasado 5 de octubre era “incompatible con la garantía y el respeto para los derechos de los internos” a comunicarse con el exterior, a tener contacto con su familia y a recibir el acompañamiento de entidades de defensa de los derechos de las personas inmigrantes. Las dos entidades denuncian que han tenido que pasar “más de tres meses” desde su primera petición para que el juzgado haya acordado que el CIE tenga que permitir las visitas a los internos.

“En medio de la actual tercera ola de pandemia no tiene que ser fácil el internamiento en especiales condiciones de aislamiento y falta de relación con las personas queridas. Y a pesar de ser una buena noticia que reconoce los derechos de los internos llega tarde”, lamentan ambas entidades en relación con la resolución judicial. El letrado Andrés García Berrio ha denunciado que las personas sobre las que se presentó la queja al CIE en octubre ya han sido deportadas en barco. “Es indignante que el juzgado no haya resuelto durante los meses que las personas estuvieron internadas antes de ser deportadas”, ha criticado García Berrio.