La jueza imputa a Roger Torrent por desobedecer al Constitucional para reprobar a la monarquía

El inicio del próximo curso político catalán también pasará por los tribunales. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret ha citado a declarar como investigados por desobediencia al expresidente del Parlament Roger Torrent, actual conseller de Empresa y Empleo, y a los otros tres exmiembros independentistas de la Mesa de la Cámara por permitir la pasada legislatura la tramitación y votación de una moción sobre la autodeterminación y otra para reprobar a la monarquía, en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Las comparecencias serán el próximo 15 de septiembre.

En un auto, la magistrada acuerda, tal y como pedía la Fiscalía, la citación de Torrent, el exvicepresidente del Parlament Josep Costa (Junts) y de los exsecretarios Eusebi Campdepadrós (Junts) y Adriana Delgado (ERC). Según la Fiscalía, Torrent y sus compañeros independentistas en la Mesa tramitaron dos resoluciones en la pasada legislatura a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del secretario general del Parlament y a sabiendas de que el Constitucional se lo había prohibido.

Las opciones de que la investigación termine en juicio y condena por parte del TSJC son claras habida cuenta de la doctrina que fijó el Tribunal Supremo al condenar a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Así lo recordó el TSJC en su condena por desobediencia del pasado mes de octubre a los excompañeros de la Mesa de Forcadell basándose en la “clarificadora” sentencia del procés del Supremo: “El acto parlamentario que se aparta de su genuina funcionalidad y se convierte en el vehículo para desobedecer lo resuelto por el Tribunal Constitucional no es un acto amparado por el derecho ni que pueda cobijarse bajo la prerrogativa constitucional de inviolabilidad parlamentaria”.

Torrent no es el único conseller que arrastra causas judiciales. La también republicana Natàlia Garriga, titular de Cultura, está a la espera de juicio por los preparativos del referéndum del 1-O. La nueva titular de la conselleria Feminismos e Igualdad, Tània Verge fue absuelta en primera instancia en el juicio por haber formado parte de la Sindicatura Electoral del referéndum del 1-O, pero la Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona. Por último, el conseller de Educación, el republicano Josep González Cambray, se ha visto salpicado por el caso Voloh y las irregularidades del exconseller de ERC Xavier Vendrell. El juez investiga si Vendrell logró influir en Cambray durante su etapa de director de centros públicos de la conselleria para aumentar la ratio de una escuela de educación especial de Sant Joan Despí (Barcelona) gestionada por una fundación que preside y montar otro concertado en la masía de Villa Bugatti.

A través de Twitter, Torrent ha lamentado la decisión judicial. “La maquinaria represiva sigue en marcha para limitar y perseguir la libertad de expresión”, ha criticado, al tiempo que ha defendido que intentar “censurar” los debates en el Parlament “es un grave error que va contra la democracia”.

La causa de Torrent

La votación cuestionada por la Fiscalía se celebró en noviembre de 2019 en el Parlament, en el pleno de respuesta a la sentencia del procés. Como hizo durante toda la legislatura, Torrent intentó rehuir el choque con los tribunales y adelantó la hora del debate y la votación para esquivar al Constitucional, que decidió suspender la iniciativa mientras la Cámara la debatía. Torrent recibió la notificación de la suspensión y de la advertencia para no tramitar la moción unas horas más tarde de que el pleno la aprobara, por lo que entiende que así evitó incurrir en un delito de desobediencia.

En cualquier caso, la moción de JxCat, ERC y la CUP, que reiteraba la “defensa del derecho a la autodeterminación” y “la reprobación de la monarquía” era de carácter simbólico y no ha conllevado efectos prácticos. No obstante, la Fiscalía General del Estado decidió estudiar si Torrent había desobedecido al permitir votar la iniciativa. La conclusión del Ministerio Público ha sido que sí, y por ello el escenario de la política catalana cuenta con una nueva querella.

La querella resalta que los querellados desestimaron el 29 de octubre de 2019 las peticiones de reconsideración planteadas por la oposición y tramitaron la resolución con estos dos puntos, que se votaron y aprobaron en el Pleno del Parlament del 26 de noviembre, con una enmienda posterior en que “se rechazaba expresamente” la suspensión acordada por el Constitucional. Y todo ello lo hicieron, según la Fiscalía, “pese a conocer” que el Constitucional había acordado suspender la admisión de esta resolución, de acuerdo con su orden de impedir o paralizar cualquier iniciativa que desarrollara la hoja de ruta independentista fijada el 9 de noviembre de 2015.

De hecho, en julio de 2019 el Parlament ya había aprobado una resolución previa en que se “reiteraba la reprobación de S.M. El Rey”, un texto que fue finalmente anulado por el Constitucional, que ya advirtió entones a Torrent y a los miembros de la Mesa de que debían impedir la tramitación de iniciativas vinculadas a la hoja de ruta del procés. Según la Fiscalía, pese a las “expresas advertencias de ilegalidad” de este punto por parte del secretario general del Parlament, de la oposición de los demás miembros de la Mesa y “a sabiendas” de lo ordenado por el Constitucional, los querellados acordaron admitir a trámite la propuesta el 29 de octubre, desestimaron las peticiones de reconsideración y la incluyeron para el debate y deliberación del pleno del 12 de noviembre de 2019.