El caso de Juan H. y Livia A., una pareja de inquilinos que fueron desahuciados en 2019 del piso que alquilaban en el barrio de Gràcia, en Barcelona, ha llegado a juicio este jueves. La Fiscalía les pide a ambos un año de cárcel y 3.000 euros de indemnización por presuntas coacciones, al entender que presionaron más allá de lo admisible a la propietaria para que no les subiese un 30% el alquiler. Los dos han negado haberla obligado a nada, más allá de haber participado en una protesta en la inmobiliaria para intentar negociar, y lo mismo ha afirmado un tercer acusado, Pablo R., activista por la vivienda y cabeza visible de una de las acciones fundamentales para el relato de la acusación: la irrupción en la sede del administrador de fincas.
Durante la vista, tanto la Fiscalía como la acusación particular de la propietaria, que les acusa también de injurias graves, han tratado de demostrar que el conjunto de acciones de protesta contra la titular de la vivienda, Ester A., constituyeron una campaña de hostigamiento con voluntad de coaccionarla. La protesta incluyó una concentración en su puesto de trabajo, en la Diputación de Barcelona, y el reparto de octavillas en su domicilio particular, entre otras actuaciones. Sin embargo, ningún testigo ha situado a los acusados en estas dos acciones, y la pareja y el activista solo admite haber participado en una movilización en las oficinas de Fincas Caseuro, el administrador de su vivienda, para exigir una interlocución con la propietaria. Aquella irrupción, según los abogados de la defensa, fue en ejercicio de su derecho de manifestación.
El proceso de Juan y Livia, una pareja originaria de Perú, empezó en 2018. Ambos vivían junto a sus hijos desde 2007 en ese piso de Gràcia, por el que pagaban 1.000 euros al mes. Sin embargo, aquel año la propietaria, Ester A., decidió no renovarles el contrato. Así lo ha asegurado ante la jueza, aunque después, ha dicho, accedió a firmar uno nuevo por motivos personales. Eso sí, con una subida del 30% hasta 1.300 euros. Los inquilinos, por su parte, le expresaron que no tenían recursos económicos para asumir ese aumento e intentaron negociar con ella, pero esta se negó. Aquello derivó en las protestas junto a organizaciones como el Sindicato de Inquilinas de Barcelona o la Oficina Popular de la Vivienda de Gràcia. Finalmente, se activó el procedimiento judicial para el desahucio y, tras dos intentos frustrados, el desalojo se efectuó el 20 de diciembre de 2019.
La reivindicación de esta pareja, una de tantas que se oponen a subidas de alquileres que denuncian como abusivas, adquirió notoriedad en octubre de 2019 debido al apoyo público que recibió por parte de la entonces diputada Irene Montero y otros miembros de Podemos. Esther A. asegura que fue sometida a un “linchamiento público” porque en esos mensajes se difundía su nombre. También en las pancartas de varias de las protestas, donde se la tachaba de “especuladora”. “Me pusieron como si fuera una etarra porque no les hacía el contrato. Mi imagen y mi trabajo se vieron repercutidos”, ha manifestado ante la jueza, a la que ha informado que tuvo que cogerse la baja por ansiedad.
Visiblemente alterada, Ester A. ha tenido que ser apercibida por la jueza cuando ha interpelado a uno de los acusados por esa protesta frente a la Diputación (aunque no lo ha identificado en la fotografía que se le ha exhibido). “No está en un bar ni en una tertulia de café. Aquí hay unas normas”, le ha recriminado la magistrada.
A lo largo de su declaración, la propietaria ha expresado que la llegaron a llamar por teléfono a su puesto de trabajo desde números ocultos o que se encontraba pancartas con su nombre y apellidos de camino hacia las oficinas. En algunas de ellas, la acusaban de querer expulsar a Juan y Livia del barrio, algo que ella ha negado: “Yo no expulsé a nadie. Si podían pagar 1.000 euros había pisos por el barrio donde podían pagar igual o menos. El mío era una ganga”. Sobre sus propiedades, la defensa le ha preguntado de cuántos pisos dispone, ya que el Sindicato de Inquilinos comprobó que eran al menos ocho. El objeto de la pregunta, según el abogado David Aranda, era contextualizar el uso contra ella de la palabra “especuladora” por parte de los activistas. La mujer ha rechazado responderle, aunque sí ha afirmado tener alguno más que su domicilio y ese alquiler.
La irrupción en Fincas Caseuro
Al no quedar claro durante la vista quiénes organizaron y participaron en la mayoría de acciones de protesta, buena parte de las intervenciones de ambas partes se han centrado en una de ellas en las que sí estuvieron los tres acusados. Fue la concentración del 18 de diciembre de 2019, cuando por segunda vez un grupo de activistas, y entre ellos Juan, Livia y Pablo, irrumpieron en Fincas Caseuro para exigir entablar una negociación con la propietaria. Aquella tarde, el administrador, Carlos Cuello, acabó enviando un mail a Ester A. anunciándole que renunciaba a gestionar sus pisos. Según la acusación y el propio Cuello, ese correo lo escribió bajo “coacción” de los activistas presentes en la sede, que le habrían amenazado con intensificar las protestas si no aceptaba su demanda.
En su declaración, el administrador ha asegurado que la protesta no fue pacífica, sino “con un poco de violencia y agresividad”. Ha relatado que algunos activistas se subieron por las mesas, aunque no causaron daños materiales, que colocaron una pancarta en la puerta y que, por último, le hicieron escribir ese correo. “El mensaje tenía que ser el que ellos decían”, ha manifestado Cuello.
En la protesta, que no estaba convocada oficialmente por ninguna asociación por el derecho a la vivienda, participaron los tres acusados, que integraron el grupo de cinco o seis personas que accedieron en el interior de las oficinas. Sin embargo, han negado que lo hicieran con agresividad. “Era una protesta típica del movimiento por la vivienda”, ha manifestado Marta Ill, miembro del Sindicato de Inquilinas. “Una vez entramos siempre hay un momento de extrañeza, porque eso no es habitual en el día a día de una inmobiliaria”, ha precisado, pero ha negado que amedrentasen a nadie. Por su parte, Juan, Livia y Pablo han asegurado que no dictaron ningún mail a nadie –aunque este último sí hizo de interlocutor–. Tampoco el administrador les ha señalado a ellos como autores de dicha actuación concreta, y las defensas han cuestionado que se pudiera dar esa coacción estando los Mossos d'Esquadra presentes en las oficinas debido a la ocupación.
Otro de los testigos que han comparecido ante la jueza ha sido Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinas, que estuvo inicialmente imputado en la causa por el mismo delito, aunque luego quedó exculpado. Este activista ha defendido que el de Juan y Livia es un caso más de entre los miles que les llegan a la entidad “amenazados de expulsión de su casa”. Palomera ha negado que Pablo R. fuese portavoz de su organización, tal como los Mossos d’Esquadra dejaron escrito en el atestado del día 18 de diciembre de 2019. A la salida de la vista, además, ha defendido que este juicio es una forma de “represión” que busca “impedir que como sociedad avanzemos en el derecho a la vivienda”.