El juicio a la Mesa de Forcadell se repite tras cuestionar el Supremo la imparcialidad del primer tribunal

Mismas acusaciones, mismos acusados, mismos testigos, y casi los mismos argumentos. En el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) había este martes una sensación de ‘déjà vu’ en el segundo juicio por el proceso soberanista a los miembros independentistas de la Mesa del Parlament que encabezó Carme Forcadell. La única diferencia ha sido el tribunal, que el Tribunal Supremo obligó a cambiar tras apreciar por primera vez falta de imparcialidad en dos magistrados que juzgaron una causa del procés.

La repetición del juicio contra los miembros soberanistas de la Mesa en la etapa de Forcadell obedece a la resolución del Supremo que el pasado mes de noviembre anuló la condena por la falta de imparcialidad de los magistrados Jesús María Barrientos, presidente del TSJC, y Carlos Ramos.

El Alto Tribunal concluyó que ambos habían manifestado en autos previos al juicio una posición explícita sobre cuestiones clave de la causa, por lo que obligó a repetir la vista oral con un tribunal diferente, que a partir de este martes conforman los magistrados Fernando Lacaba, Francisco Segura y María Jesús Manzano.

En el banquillo se han vuelto a sentar los exdiputados neoconvergentes Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó y la republicana Anna Simó, todos ellos miembros de la Mesa de Forcadell bajo la candidatura de Junts pel sí. Los exdiputados han alegado que han cumplido “con creces” la pena de inhabilitación que se les impuso en 2020 por las leyes del procés y que el Supremo anuló, informa EFE.

El TSJC condenó a los cuatro diputados a una pena de 20 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional al permitir la tramitación de las leyes del referéndum del 1-O y de transitoriedad jurídica, que el Parlament aprobó en las tensas sesiones de los días 6 y 7 de septiembre de 2017.

El juicio ha comenzado con las mismas cuestiones previas que ya se plantearon en el que se celebró en 2020: las defensas han vuelto a insistir en que los diputados de estaban amparados por el principio de inviolabilidad parlamentaria, sin que la Mesa pudiera cercenar el debate político propuesto por los grupos.

Judit Gené, abogada de Corominas, Barrufet y Guinó, ha introducido un nuevo elemento en el debate al defender que sus clientes, ya apartados de la primera línea política, han cumplido ya sobradamente con la condena de inhabilitación que se les impuso en 2020 y que les impedía presentarse a cualquier convocatoria electoral.

“Los efectos de la nulidad del anterior juicio oral han causado un grave perjuicio a mis clientes”, ha denunciado la letrada, que cree que debe aplicarse a los acusados la atenuante de dilaciones indebidas porque el Supremo tardó más de un año en resolver que debía repetirse la vista oral.

Gené ha argumentado que, una vez fueron condenados a 20 meses de inhabilitación, la ley electoral impedía a los diputados concurrir a comicios “de ningún ámbito”, con lo que la pena por desobediencia está más que saldada.

La letrada recordado que la pena de inhabilitación que el Supremo impuso a la exconsellera Meritxell Borràs, a la que ella misma defendió en el juicio del procés, quedó extinguida en junio del 2021, cuando el alto tribunal aún no se había pronunciado sobre el caso de la Mesa.

Frente a los argumentos de la defensa, el teniente fiscal de Catalunya Pedro Ariche ha razonado que no han sido las acusaciones quienes han propiciado la repetición del juicio, sino las defensas al presentar sus recursos contra la condena dictada en 2020.

Además, Ariche ha recalcado que si el Supremo ha tardado dos años en resolver los recursos contra la condena de la Mesa del Parlament, “no es porque haya archivado la causa en una estantería”, sino por las demoras provocadas por los incidentes de recusación presentados por las defensas.