La Justicia rechaza el intento de la Universitat Autònoma de Barcelona de escapar del control de la comisión de transparencia catalana

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) está plenamente sujeta al control de la comisión que garantiza el cumplimiento de la ley de transparencia en Catalunya (GAIP). Esta es la principal conclusión que se desprende del fallo que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha dictado esta semana y que resuelve una controversia de más de tres años planteada por la institución académica contra el organismo de transparencia a cuenta de un presunto caso de corrupción de una catedrática de derecho. Los tribunales han acabado dando la razón a la GAIP y desestimado todos los argumentos de la UAB, a quien condenan a pagar costas.

El caso se remonta a abril de 2019, cuando la comisión de transparencia hizo una resolución a favor de este diario, en la que declaraba el derecho de los periodistas a conocer toda la documentación relativa a los contratos de la catedrática Teresa Freixes con su grupo de investigación. Un mes antes, elDiario.es había publicado en exclusiva que la universidad había abierto un expediente a esta doctora por otorgar varios contratos públicos a su empresa familiar, junto a parte de los documentos que demostraba esas adjudicaciones, por lo que había reclamado a la UAB conocer el resto de los contratos, en tanto que estaban suscritos por una universidad pública y con dinero público.

Sin embargo la universidad, dirigida entonces por la rectora Margarita Arboix, optó por paralizar dicha resolución llevando a la GAIP ante los tribunales. La institución académica reclamaba la nulidad de la resolución blandiendo tres argumentos. Por una parte aseguraba que la comisión no podía actuar por carecer de miembros suficientes, pues de los cinco integrantes tres habían cesado sin ser relevados por el Parlament. En segundo lugar, aseguraba que la comisión debería haber rechazado la petición del diario, porque los papeles formaban parte de un expediente sancionador.

Pero es la tercera consideración de la universidad la más controvertida, en tanto que asegura que la GAIP no tiene potestad para resolver recursos de transparencia que le afecten porque no ha suscrito un convenio que la ley estipula. Esta pretensión, de ser avalada por los jueces, significaría que la UAB quedaría fuera del control del principal organismo de acceso a la información en Catalunya, y por tanto que a una institución pública no le fuera de aplicación la ley autonómica sobre transparencia.

La Sala de lo Contenciosos del TSJC rechaza los tres argumentos, al entender, por un lado, que la comisión actúa de forma legítima pese a estar a la espera de una renovación de sus miembros y que la apertura de un expediente no es motivo suficiente para rechazar una petición de información. Por último, la sentencia considera que la UAB es una administración plenamente vinculada a la normativa de transparencia, incluyendo los recursos a los órganos especializados como la GAIP, por lo que está sujeta a su control. Una interpretación importante también respecto a otras universidades, que deben tener en cuenta que las resoluciones de la comisión son de obligado cumplimiento también para ellas.

Contra la sentencia cabe ahora un recurso de casación ante la propia Sala. Desde de la Universitat Autònoma aseguran que sus servicios jurídicos se encuentran en estos momentos estudiando los argumentos del TSJC y aún no han decidido si plantearán recurso. “Seguiremos el consejo de nuestros servicios jurídicos”, indica la vicerrectora portavoz Virginia Luzón, que subraya el compromiso del nuevo equipo directivo con la transparencia. Arboix finalizó su mandato como rectora en 2020 y la sustituyó en el cargo Javier Lafuente.

A la espera de la decisión de la institución académica, la entrega de la documentación asociada a los contratos de la doctora Freixes sigue bloqueada hasta que no haya sentencia firme. La batalla judicial planteada en su momento por el anterior equipo directivo de la UAB, aunque ha acabado en una sentencia desfavorable, también ha servido para mantener en la sombra el expediente sobre el que había sospechas documentadas de posibles malas prácticas, y que quedó cerrado con la jubilación de la catedrática.