“Cuando vi que Cachou tenía una risa sardónica, empecé a sospechar”. El portavoz de la entidad ecologista IPCENA, Joan Vàzquez, no iba desencaminado: la mueca en la boca del cadáver del oso Cachou era fruto de los dolores del veneno, en concreto de un producto presente en el anticongelante de los coches. El cuerpo del oso Cachou fue hallado sin vida el pasado 9 de abril en una zona boscosa del municipio aranés de Les, cerca de la frontera francesa. Desde entonces la jueza de Vielha ha estado investigando un caso que implica al Conselh Generau d'Aran –el gobierno autónomo del Aran– y a cazadores locales. La muerte accidental que el gobierno aranés alegó en un primer momento ha sido descartada por la investigación.
El de Cachou ha sido la primera investigación secreta por la muerte de un oso en España. Tras ocho meses de pesquisas reservadas, parte del secreto de parte de las actuaciones se levantó este jueves. La causa está abierta por un delito contra la fauna y por el momento constan seis imputados, entre ellos un político de la oposición al gobierno aranés, José Antonio Boya, y dos agentes de medio ambiente del Conselh Generau d'Aran. Uno de los agentes además había integrado la unidad de seguimiento de osos financiada con ayudas europeas y es hijo de un alcalde histórico de Les. También han declarado 15 testigos.
La jueza trata de determinar si los investigados urdieron un plan para dar muerte al oso, coordinándose a través de llamadas y WhatsApp. En el trasfondo de la muerte de Cachou se vislumbra la oposición abierta al oso por parte de los grupos de cazadores y ganaderos del Aran, vinculados tradicionalmente a familias poderosas y al poder político del valle. Pese a que las encuestas inicialmente detectaron un apoyo de la población local al oso, los ataques en los últimos años de Cachou o Goiat a yeguas y potros, excepcionales a criterio de los expertos, han avivado el rechazo de los ganaderos a la reintroducción del oso.
Un grupo de cazadores de Les habría decidido pasar de las manifestaciones a la acción directa. Así se desprende de un informe de los Agentes Rurales de la Generalitat que forma parte del sumario del caso y al que ha tenido acceso elDiario.es. En el documento se recoge que un responsable de Medio Natural del Conselh incriminó a Boya, conselhèr de Territorio en el gobierno aranés entre 2015 y 2019 y dirigente de Convergéncia Democratica Aranesa (formación tradicionalmente hermana en el Aran de Convergència en Catalunya pero que rompió con el PDeCAT por el procés). Él era el responsable de los fondos europeos para la repoblación del oso.
Según explicó el responsable de Medio Ambiente, Boya, aficionado a la caza, criador de caballos de raza pirenaica y vecino de Les, “había comentado públicamente en diversas ocasiones que él mataría a los osos con anticongelante”. Siempre según la versión del cargo del Conselh, Boya reiteró sus amenazas incluso en presencia del actual conselhèr de Territorio, Francisco Bruna, de funcionarios de la oficina de Agricultura y Ganadería del gobierno aranés y hasta en una asamblea de la asociación de criadores de caballos pirenaicos.
La necropsia de Cachou confirmó que la mueca en la boca de Cachou no fue casual, sino que, tal y como sospechaban los ecologistas, el oso fue envenenado. El dictamen, efectuado el 10 de abril, detectó que la orina y en los tejidos del oso presentaban “un elevado número de cristales de oxalato cálcico monohidrato” y “lesiones altamente compatible con una intoxicación letal con etilenglicol”, un producto presente en los anticongelantes de los coches.
La investigación de los Agentes Rurales de la Generalitat también apunta a un envenenamiento: cerca de la zona donde se halló el cadáver de Cachou los agentes encontraron escondido bajo una piedra oculta por unos árboles “un envoltorio de medicamento” y, unos metros después, “una garrafa blanca de cinco litros sin ningún tipo de líquido”. En otra inspección los agentes localizaron una cámara que se activa mediante sensores de movimiento, si bien los investigadores no hallaron “fotografía de interés”.
Los efectos del veneno en Cachou fueron devastadores: el etilenglicol provoca, en las primeras 12 horas, disfunciones del sistema neurológico y acidez intestinal, que en las 12 horas siguientes derivan en insuficiencia cardíaca y edema pulmonar. En caso de no haber muerto ya, tras las primeras 24 horas el veneno ataca a los riñones. En el caso del oso aranés, los forenses concluyen que pasó nueve días “en estado letárgico o en coma”, pues el último día que el GPS detectó movimiento en Cachou fue el 30 de marzo y el hallazgo del cadáver se produjo el 9 de abril.
Cuatro días después de la necropsia el Conselh emitió un comunicado en el que aseguró que, según el informe preliminar de la misma, Cachou había muerto tras precipitarse por un barranco después de ser atacado por otro oso. Sin embargo, el informe de la necropsia que forma parte del sumario indica que las heridas en la cara de Cachou “compatibles con un traumatismo provocado por otro oso” son de carácter leve y no dañaron estructuras vitales. Y lo que es más relevante: son los propios veterinarios que practicaron la necropsia los que dejan constancia de que fue el mismo responsable de Medio Natural del Conselh que había incriminado a Boya quien les pidió que analizaran de forma “específica” si el cadáver de Cachou presentaba restos de anticongelante.
Consultado por elDiario.es este viernes, el Conselh, actualmente gobernado por Unitat d'Aran–PSC, se ha remitido a un comunicado y ha declinado contestar a preguntas concretas sobre las contradicciones en las que ha incurrido a lo largo del caso. En el comunicado, la institución de gobierno del Aran ha tildado su actuación de “impoluta” y “fundamental” y ha anunciado una auditoría interna “para descartar posibles actuaciones y actitudes no acordes a la profesionalidad y rigor que se espera de un trabajador público”.
Los ecologistas son mucho más críticos con el Conselh. Desde la Institució de Ponent per a la Conservació i l‘Estudi de l'Entorn Natural (IPCENA), personada como acusación popular en la causa junto a Ecologistes de Catalunya y el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), Vàzquez afea la “hipocresía” del gobierno aranés por aceptar los fondos europeos para la reintroducción del oso y luego ponerse “al servicio del lobby cazador” para dar marcha atrás en la recuperación de una especie en peligro de extinción. “En vez de proteger al oso, el Conselh no dijo desde el inicio la verdad para que el caso se archivara rápido”, zanja Vàzquez.
En los últimos 15 años, ocho osos han muerto en los Pirineos o la cordillera Cantábrica, pero las investigaciones no habían conseguido dar con un autor humano conocido de la muerte. Todo indica que la de Cachou será la excepción. El caso además podría dar nuevos giros: fuente judiciales no descartan que haya más investigados y testigos y recuerdan que hay otra parte que se mantiene bajo secreto porque “contamina” otra investigación independiente a la de la muerte de oso.