Al tiempo que salen dos turistas de la céntrica iglesia Santa Anna de Barcelona, Mohammed aparece también desde dentro empujando un contenedor de basura. Está ayudando a cerrar un recinto que se dedica durante toda la mañana a acoger a personas sin techo de la ciudad. Entre ellas hay cada vez más jóvenes migrantes –algunos de ellos mayores de edad, como él, y otros menores– que acuden a la parroquia para comer algo, conectarse a internet y descansar en los colchones que han habilitado en una docena de bancos de la nave central de la iglesia.
Mohammed es de Nador, en Marruecos, y llegó a España con 15 años. Explica que ha vivido desde entonces en centros de menores en Catalunya. “Hasta que un día antes de cumplir los 18 me echaron. Ahora voy con mi manta en la mochila, duermo en la calle y ellos son los únicos que me ayudan”, relata. Este lunes, al menos una docena de jóvenes estaban echados en los bancos. Algunos de ellos eran menores, según se puede apreciar a simple vista y reconoce la propia parroquia.
Escondida en un patio que se cierra acorde con los horarios de la iglesia, esta se encuentra a escasos metros de la milla de oro de la ciudad, el Portal del Ángel, y a pocos más de la Rambla, estos días abarrotada de turistas. Desde 2016, la parroquia mantiene abierto el llamado Hospital de Campaña para dar una primera asistencia a personas sin techo que se acercan para comer algo y echar el rato. Además de los voluntarios, hasta ahora contaban con una trabajadora social, pero desde hace unos meses han tenido que contratar a un educador de calle para que atienda las necesidades de los jóvenes migrantes.
“Les acogemos cuando fracasan todos los demás servicios públicos”, sostiene Peio Sánchez, el párroco de Santa Anna. De las más de 200 personas que pasan a diario por la iglesia, la mayoría a desayunar, varias decenas son los que él, sin distinguir, denomina “jóvenes”. Casi todos son de Marruecos, y entre ellos los hay que han llegado ya mayores de edad, otros que estuvieron tutelados por la Generalitat hasta que cumplieron los 18, y luego algunos grupos de menores que o bien se han escapado de los centros, o bien nunca han llegado a entrar en ellos.
Sánchez reconoce que su parroquia ni puede ni debe asumir la responsabilidad sobre unos adolescentes que tienen que estar bajo tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), pero a la vez razona que no les va a negar el descanso a unos chicos que duermen a diario en asentamientos del centro de la ciudad, como el de Sant Pau del Camp (Raval) o los que hay en Montjuïc.De hecho, defiende que con su labor han logrado que cerca de una veintena de menores hayan vuelto a los cauces del sistema de protección de la Generalitat.
En principio, en cuanto a su labor con menores, sólo debería avisar a las autoridades cuando detectan que están sin tutela. Mientras llegan los educadores de calle del Ayuntamiento, intentan asistirles sin que entren en el templo, pero a menudo acaban dejando que accedan para descansar, reconocen. Más aún en días de tanto calor, como la semana pasada, o de lluvia, como este lunes.
Tanto desde la Generalitat, que tiene la competencia sobre estos menores, como desde el Ayuntamiento de Barcelona, son conscientes de que hay decenas de ellos durmiendo en la calle, pero ninguna de las dos tiene una cifra para calibrar la magnitud de un problema que se ha enquistado estos últimos años. La llegada de 5.500 menores este 2019 –en 2016 fueron 648, por comparar– ha desbordado a una Generalitat que va abriendo centros de acogida de emergencia a medida que recibe a los jóvenes, pero esto no evita que muchos de ellos se escapen. Actualmente el consistorio cuenta con 10 educadores de calle con el cometido de detectar a estos menores y derivarlos a la DGAIA.
Delincuencia y consumo de drogas
El objetivo de muchos de estos menores es venir a España a trabajar y, pese a su temprana edad, esto hace que sean refractarios al sistema de protección, según fuentes de la Generalitat y educadores de calle consultados. Pero la supervivencia en la calle les acaba abocando a la delincuencia y al consumo de drogas. Así lo describe el propio párroco de la iglesia, que admite no sin pesar que desde que acoge a jóvenes de este perfil ha crecido el número de robos en los comercios de la zona, incluso a los propios sin techo que van a la iglesia, y los episodios de peleas. Si hasta ahora abrían de 8h a 20h, esto les ha llevado a cerrar más pronto, a las 14h.
“Algunos se dedican a los hurtos a turistas y a comercios, y hemos detectado que los hay también que han caído en redes de prostitución”, explica Sánchez. Y para entender la situación límite y sin salida que viven algunos, pone como ejemplo un conflicto de la semana pasada. “Un día vinieron los Mossos porque había habido una agresión, se llevaron al chico, que era menor, a la Ciutat de la Justícia, y cuando los educadores se lo iban a llevar a un centro se escapó. Al día siguiente apareció herido por un cuchillazo”, relata este párroco.
En Santa Anna cuentan también con un servicio de primera atención médica en colaboración con el Hospital Sagrado Corazón. Lo que más les preocupa son las heridas que presentan algunos y los problemas de salud mental asociados a la vida en la calle y a las drogas. Los que consumen, principalmente inhalan cola o toman fármacos sedantes y ansiolíticos como Rivotril o Benzodiazepinas. Pero si consumen no pueden entrar en el recinto. Este lunes han tenido que echar a dos niños que apenas alcanzaban los 14 años e iban con una bolsa de cola en la mano.
Cientos de extutelados
Mohammed lleva viniendo a comer y a dormir a Santa Anna desde hace varias semanas. Es uno de los 700 menores migrantes que cumplieron los 18 años en 2018. También uno de los que no pudieron conseguir una de las 500 plazas que tiene la Generalitat en pisos para extutelados, y que están siempre saturados. “Me quedé sin nada. Es que no tenemos nada. Yo solo tengo la mochila y el móvil. Es muy duro, para vivir vengo aquí a la iglesia, no tengo casa, pero no robo”, asegura este joven.
Si el año pasado fueron 700 los migrantes tutelados que cumplieron la mayoría de edad, en 2019 serán todavía más, con lo que entidades sociales y ayuntamientos temen que aumente el número de los que viven en la calle. Para paliarlo, el Parlament de Catalunya aprobó recientemente una ampliación de las ayudas destinadas a esta población. Si hasta ahora solo podían acceder a una paga de 664 euros al mes los que habían estado al menos tres años tutelados –un período que deja fuera a la mayoría de menores migrantes– ahora será para todos. Y hasta los 23 años.
El problema, sin embargo, sigue siendo el de los papeles. Esta ayuda está condicionada no sólo a entrar en planes de formación e inserción, sino a tener la situación administrativa en regla. Lo que pasa es que algunos menores, sobre todo los que llegan con 17 años, salen del sistema todavía sin haber regularizado la situación. La trabajadora social de Santa Anna, se dedica principalmente a tramitar citas para que estos chicos puedan pedir el permiso de residencia. “Te dan hora para al cabo de tres meses”. Y se pregunta: ¿Cuántos de ellos crees que seguirán viniendo aquí dentro de tres meses?