“Pregúntele si está de acuerdo con los cargos”, ordena el juez a un intérprete judicial que traduce en inglés. Éste le pregunta al acusado: “¿Estás de acuerdo con los cargos?”. A lo que el acusado le responde: “Sí”. El intérprete traduce al juez: “Sí, es culpable”.
A esta situación, en jerga jurídica, se le llama “voz propia injustificada” y se produce, según un estudio de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), 25 veces cada hora en los juicios dónde hay intérpretes para asistir a los acusados. Se considera un error grave, y en según qué casos podría suponer la nulidad del juicio.
Esta es uno de los ejemplos que se recoge en un informe que este viernes ha presentado el grupo de Mediación e Interpretación en el Ámbito Social (MIRAS) de la UAB. El trabajo de campo se ha dedicado a supervisar 55 vistas en diez juzgados penales y ha contado con la colaboración de los jueces que han cedido las grabaciones en vídeo y audio junto con las transcripciones de los juicios.
Durante seis meses, el grupo ha transcrito todas las vistas que contaban con intérpretes de francés, rumano o inglés. En el informe se constata que más de la mitad de la información de un juicio oral no la comunica el intérprete a la persona acusada; una proporción del 54% de información. No sólo no se transmite la información, sino que se emiten errores constantemente. Se trata de adiciones, falsos sentidos y omisiones de información relevante.
El estudio también detecta errores relacionados con el lenguaje judicial, como un registro inadecuado o falta de precisión. O intervenciones de los intérpretes para expresar ideas propias, aconsejar al acusado o advertirle, con una media de 45,5 veces por hora (50,2 en inglés, 11,9 en francés y 65,7 en rumano). Una de las coordinadoras del estudio, Mariana Orozco, asegura que los intérpretes “no entienden cuál es su rol y muestran un gran desconocimiento del lenguaje jurídico”.
Así lo ilustra otro ejemplo que se señala en el estudio. El juez intenta saber si la acusada es prostituta o no. Le pide cómo se gana la vida. Ella elude hacer una respuesta clara. “Cualquier manera de ganar dinero se considera trabajo...”, le dice. El intérprete interviene en ese momento y le aconseja a la acusada: “Puedes decirlo, no hay problema”.
Se trata de partes importantes del juicio, como las conclusiones provisionales, los informes finales o la sentencia in voce, que influyen en el resultado del juicio. Hay jueces que ante estos casos –asegura la coordinadora del estudio– prescinden del intérprete cuando sospechan que entorpece el proceso. “No respetan su propio código deontológico”, señala la Orozco, que también lamenta el escaso interés por las instituciones para resolver esta situación que produce indefensión y pone en duda el derecho a la tutela judicial efectiva de los acusados.
“Constantemente se vulnera los derechos de los acusados, no sólo porque no se traduce correctamente lo que se les dice, sino porque además interfieren en la defensa”, explica Orozco. La coordinadora recuerda que para los acusados asistidos por un intérprete, si se cuenta sólo lo que se dice en voz alta, el porcentaje de lo que no se traduce “llega al 70%”.