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Las piruetas de los gobiernos para neutralizar los efectos prácticos de las disposiciones que no les entusiasman llegan a ser infinitas, sin ningún miedo al ridículo. El Tribunal Europeo de Luxemburgo desestimó la semana pasada el recurso del Reino Unido contra la aplicación en los países de la Unió Europea de la llamada tasa Tobin sobre transacciones financieras. El gobierno español se ha apresurado a anunciar que la aplicará, pero de forma restrictiva y solo a la compraventa de acciones de grandes empresas cotizadas en bolsa. Prevé que signifique un ingreso limitadísimo de 640 millones de euros en 2015. Es una manera de anular el objetivo de la tasa Tobin, es decir la contribución del mundo financiero a la salida de la crisis en que nos ha metido.
La Comisión Europea se sumó en 2011 a la iniciativa del gobierno francés de aplicar la llamada Tasa sobre las Transacciones Financieras, inspirada en la idea avanzada desde 1936 por John Maynard Keynes en la Teoría general del empleo, los intereses y el dinero, perfilada en 1971 por su discípulo James Tobin, quien recibió diez años más tarde el Nobel de Economía. Entonces se trataba de frenar los vaivenes de las Bolsas y reducir la especulación sobre las divisas, los riesgos sistémicos de los mercados financieros globalizados, los cuales se han verificado en los últimos años.
De entrada fue considerada como una fórmula utópica, defendida tan solo por los movimientos alternativos, de modo que le endilgaron el sambenito de taza Robin Hood. La propuesta de la Comisión Europea consistía en una diminuta retención del 0’1 % a partir del 2014 sobre la compraventa de bonos y acciones y del 0’01 % sobre las operaciones de productos derivados entre instituciones financieras, siempre que al menos una de las dos partes implicadas tuviera la residencia legal en la Unión Europea. Se calculaba que recaudaría entre 34.000 y 57.000 millones de euros al año.
De hecho intentaba armonizar una tasa relativamente similar que ya se aplica en diez países de la Unión Europea de forma descoordinada, pese a la oposición frontal de Londres, donde se realizan la mayor parte de estas operaciones. Los estudios de las empresas financieras arguyeron de inmediato que el impacto negativo sobre la economía sería superior a los beneficios.
Con tasa Tobin o sin ella, el sector financiero no solo se ha demostrado poco controlado por las autoridades reguladores que tienen la obligación de hacerlo, sino también poco tasado. Sobre todo en un momento en que debería contribuir a su propio rescate y compensar el daño que ha causado, lo cual sigue pareciendo indispensable e improbable.
Las piruetas de los gobiernos para neutralizar los efectos prácticos de las disposiciones que no les entusiasman llegan a ser infinitas, sin ningún miedo al ridículo. El Tribunal Europeo de Luxemburgo desestimó la semana pasada el recurso del Reino Unido contra la aplicación en los países de la Unió Europea de la llamada tasa Tobin sobre transacciones financieras. El gobierno español se ha apresurado a anunciar que la aplicará, pero de forma restrictiva y solo a la compraventa de acciones de grandes empresas cotizadas en bolsa. Prevé que signifique un ingreso limitadísimo de 640 millones de euros en 2015. Es una manera de anular el objetivo de la tasa Tobin, es decir la contribución del mundo financiero a la salida de la crisis en que nos ha metido.
La Comisión Europea se sumó en 2011 a la iniciativa del gobierno francés de aplicar la llamada Tasa sobre las Transacciones Financieras, inspirada en la idea avanzada desde 1936 por John Maynard Keynes en la Teoría general del empleo, los intereses y el dinero, perfilada en 1971 por su discípulo James Tobin, quien recibió diez años más tarde el Nobel de Economía. Entonces se trataba de frenar los vaivenes de las Bolsas y reducir la especulación sobre las divisas, los riesgos sistémicos de los mercados financieros globalizados, los cuales se han verificado en los últimos años.