Diada a cara o cruz

Catalunya tiene derecho a un referéndum de reparación. Porque votó un Estatut que luego fue laminado por el Tribunal Constitucional. Y un desprecio a la voluntad legítimamente expresada en las urnas sólo puede repararse con las urnas. El Estatut superó un escrupuloso proceso democrático (aprobación en el Parlament, el Congreso, el Senado y en referéndum) y significaba para la mayoría de los catalanes el mínimo denominador común de sus aspiraciones nacionales, el sueño de encontrar un encaje en España.

Era la última oportunidad para renovar el pacto de la Transición entre Catalunya y España. Pero el Partido Popular decidió jugar fuerte: practicar el nacionalismo español frente a Catalunya, alimentar la catalanofobia para conseguir réditos electorales, sin importarle el daño irreversible que dejaba por el camino.

La tentación que verbalizó José María Aznar (“antes se romperá Catalunya que España”) significa que se aceptaba la posibilidad de fracturar la sociedad catalana antes de abrir vías de diálogo. Quiere decir que, en el fondo, la estrategia del PP pasa por mantener un pulso que lleve a la 'derrota', por varias generaciones, de las aspiraciones soberanistas.

El soberanismo también ha jugado fuerte. Porque sentía que, en frente la España del PP, se había cargado de razones. Argumentos. La crisis económica jugó un papel importante. Pero no tanto por las balanzas fiscales, sino por un cierto sentimiento de humillación. Catalunya, uno de los principales motores económicos de España, se sentía ahogada, empobrecida, sin fuerza y obligada a pedir un rescate al Estado.

Una petición que muchos consideraban dolorosa, especialmente cuando era utilizada como arma dialéctica por parte de la caverna mediática. Pero el agravio mayor que siente una buena parte de los catalanes afecta al núcleo central de su identidad, a la negación del sentimiento de pertenencia a una nación, que la mayoría hacen compatible con raíces y vínculos emocionales que parten de la historia y la cultura compartidas con España.

En este contexto, casi la mitad de la sociedad catalana llegó a la conclusión que la única salida pasaba por desconectar de España. Porque no ha recibido, por parte de la política española, ningún argumento para cambiar de opinión. Todo lo contrario. El Gobierno del PP sólo ha ofrecido 'guerra sucia', amenazas y recursos ante el Constitucional.

Y al mismo tiempo, Catalunya vive una interminable sensación de empate. Con una mayoría política en el Parlament a favor de la independencia, pero sin la hegemonía social suficiente para culminarla. Con dos vidas paralelas. La de los que ven la independencia a tocar. Y la de los que observan este objetivo con incredulidad o, incluso, temor.

El punto de encuentro mayoritario eran las urnas. Un referéndum que hiciera justicia a aquella votación que el Tribunal Constitucional había malogrado. Catalunya es muy plural pero, hasta ahora, había sido capaz de tejer amplios consensos que generan hegemonías políticas. Así fue el catalanismo. Así es la defensa de la consulta, que cuenta con el apoyo del 80 por ciento de la ciudadanía.

Pero aquí surgen las grandes preguntas que nos planteamos ahora. ¿Qué consenso social le queda a este referéndum, al del 1-O? ¿Qué aceptación tiene el camino que el Parlamento ha tenido que seguir los últimos días para llegar aquí? ¿Hasta qué punto en unas horas el soberanismo ha dilapidado el patrimonio de autoridad moral que había acumulado en la historia reciente? ¿Puede un proyecto político con el apoyo del 48% de la ciudadanía ser impuesto a todos?

¿O hasta qué punto, el independentismo está pagando las urgencias que se ha auto impuesto? ¿Y si la noche del 27-S, los partidos que las habían convocado como un plebiscito hubieran reconocido que no tenían la mayoría suficiente, que necesitaban más tiempo? ¿Y si en lugar de criminalizar a los que consideran disidentes, hubieran buscado complicidades? ¿Y si no hubieran jugado a confundir la España del PP con la totalidad? Y tantas y tantas preguntas que llegan tarde. Porque en esta Diada ya estamos en tiempos de cara o cruz.

Para los sectores que tienen como único proyecto la independencia o la unidad a cualquier precio, sólo existe el blanco y negro. Es un pulso político. Pero el resultado no es inocuo. Porque deja en la gama de grises a una importante parte de la ciudadanía que quisiera otras fórmulas de relaciones entre Catalunya y España.

Porque la calidad democrática se resiente: en nombre de una causa superior (la independencia o la unidad) es fácil justificar todos los medios para llegar a ella, sacrificar libertades y condenar disidencias. Ya hemos empezado a ver los efectos. Cuando, por ejemplo, la Guardia Civil entra en un semanario o cuando se lincha en las redes a personajes con la biografía de Joan Coscubiela por sus palabras en el Parlament.

Y la última pregunta es si después de los años de confrontación e incertidumbre aún estamos a tiempo para conseguir una soberanía compartida entre naciones que deciden vivir juntas en igualdad de derechos y deberes. O sólo queda la alternativa de la ruptura definitiva. A cara o cruz.

Catalunya tiene derecho a un referéndum de reparación. Porque votó un Estatut que luego fue laminado por el Tribunal Constitucional. Y un desprecio a la voluntad legítimamente expresada en las urnas sólo puede repararse con las urnas. El Estatut superó un escrupuloso proceso democrático (aprobación en el Parlament, el Congreso, el Senado y en referéndum) y significaba para la mayoría de los catalanes el mínimo denominador común de sus aspiraciones nacionales, el sueño de encontrar un encaje en España.

Era la última oportunidad para renovar el pacto de la Transición entre Catalunya y España. Pero el Partido Popular decidió jugar fuerte: practicar el nacionalismo español frente a Catalunya, alimentar la catalanofobia para conseguir réditos electorales, sin importarle el daño irreversible que dejaba por el camino.