En Catalunya ha entrado en vigor el Impuesto sobre Bebidas Azucaradas Envasadas (IBEE). Es un nuevo capítulo, de una larga e inescrupulosa historia entre los intereses empresariales relacionados con la industria del azúcar y la salud de la población. A pesar de que la industria del azúcar intentó ya desde 1965 en EEUU, ocultar el efecto sobre las enfermedades coronarias, y de los cientos de millones de dólares invertidos en todo el mundo para tratar de lavar la imagen de las bebidas azucaradas, la evidencia científica finalmente se ha impuesto.
Revisiones sistemáticas y meta-análisis incluyendo decenas de estudios prospectivos y ensayos controlados, publicados en revistas de gran prestigio como el British Medical Journal y el American Journal of Clinical Nutrition, muestran inequívocamente desde el 2012 y 2013 que el consumo de bebidas azucaradas promueve el aumento de peso en niños y adultos. Es una de las más importantes causas de la epidemia de obesidad, que sufre Catalunya y el mundo y de la formación de caries dentales en los niños y adolescentes. La obesidad, es a la vez una causa fundamental de las enfermedades crónicas más comunes como cardiovasculares, diabetes y múltiples tipo de cáncer. Es decir es una auténtica prioridad de salud pública a la que la sociedad y la administración debe hacer frente imperiosamente.
Una publicación reciente, en la revista de Medicina Preventiva de EEUU, ha dado a la luz las maniobras que Coca-Cola y Pepsi-Cola, las dos compañías más importantes de fabricación y comercialización de bebidas azucaradas, han desarrollado en los últimos años. Se sabe que han estado financiando a un total de 96 organizaciones nacionales de salud en EEUU, incluyendo muchas instituciones médicas y de salud pública, cuya misión específica incluye el combatir la epidemia de obesidad.
En España, la web de la compañía Coca-Cola, reconoce que entre el 2010 y el 2015, han financiado a 53 organizaciones, instituciones, y fundaciones relacionadas con la salud. Entre ellas, diversas organizaciones de la nutrición, como la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas, la Federación Española de Asociaciones de Nutrición y Alimentación, la Federación Iberoamericana de Nutrición, la Asociación Española de Nutrición Comunitaria, la Fundación Española de Nutrición y organizaciones médicas como la Asociación Española de Pediatría, la Federación Española de Diabetes, la Fundación Española del Corazón, y hasta la propia Fundación Dental Española.
La financiación de actividades académicas o de investigación por industrias que fabrican productos que perjudican claramente la salud de la población, puede influenciar los resultados, favoreciendo los intereses de la industria. Una investigación reciente de investigadores españoles muestra que estudios financiados por compañías de la industria alimentaria, intentan justificar que no hay pruebas suficientes de que las bebidas azucaradas aumenten el riesgo de obesidad. Existe ya al respecto una larga y negra historia con la industria del tabaco y del alcohol y con el cambio climático. El interés de la industria es incrementar sus ventas y beneficios, el de las organizaciones relacionadas con la salud, debería ser promover y proteger la salud. Tienen por ello objetivos contrapuestos. No son conciliables.
Un número cada vez más grande de países como México, Finlandia, Noruega, Francia y Reino Unido han comenzado a implementar o diseñar impuestos a las bebidas azucaradas, como una medida para reducir el consumo, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay que tener presente que en la batalla contra el tabaquismo, el aumento de precios de los cigarrillos fue la medida más efectiva para reducir su consumo.
La Generalitat de Catalunya, intentó hace unos años un impuesto a las bebidas azucaradas, que parece fue frustrado por presiones del embajador norteamericano en España, que amenazó con retirar las inversiones de Cataluña. Esta vez ha logrado ponerlo en marcha, lo que es muy positivo. El IBEE fija un impuesto con dos niveles. El primer nivel, para bebidas de entre 5 a 8 g de azúcar por cada 100 mililitros, es de 0,08 euros. El segundo nivel, para bebidas de más de 8 g de azúcar por cada 100 mililitros, es de 0,12 euros. Es decir una lata de Coca-Cola de 330 mililitros que cuesta 0,58 euros pasa a costar 0,62 euros. Representa una 7 % de aumento. La OMS ha recomendado un aumento del 20 %. Por ello pensamos que la medida es un paso inicial, pero insuficiente. Este aumento de precio es casi testimonial y no será disuasorio; nos tememos que tendrá probablemente un efecto mínimo.
Por otro lado, un impuesto mínimo a las bebidas azucaradas, es insuficiente para luchar contra la obesidad, que requiere una actuación integral. La pandemia de obesidad en el mundo avanza fuera de control y muestra el fracaso de las medidas que se han implementado hasta ahora. Las autoridades sanitarias deben establecer nuevas y más radicales estrategias. Sería deseable que el IBEE se acompañara de un nuevo impuesto, que ya se ha anunciado, a productos industriales muy poco saludables, con alto contenido en grasas saturadas, como la bollería industrial.
Pero más deseable aún es que los 30 a 40 millones de euros que se obtendrán con el impuesto se dedique a inversiones en salud pública, promoviendo hábitos saludables en niños y adolescentes en todos los colegios, gimnasios gratuitos en los barrios para que la población pueda realizar actividad física y subvencionar el consumo de alimentos saludables con bajo poder calórico, como frutas, vegetales y cereales integrales.
Este enfoque social para el problema de la obesidad, requiere de la participación activa de los centros y movimientos sociales. Mantener y proteger nuestra salud es un compromiso de todos.
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