El estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 supuso, además de la devastación material de miles de vidas, la ruptura con el marco mental hegemónico que idealizaba la especialización de la economía española en el dueto turístico y financiero-inmobiliario.
Durante los últimos 5 años, el barómetro de la ciudad de Barcelona ha señalado entre sus principales preocupaciones precisamente el turismo y la vivienda. Entonces, ¿por qué sigue siendo dominante el modo de producción turístico, y cómo se articula en una economía post-2008?, ¿qué se puede hacer para “domar la bestia” desde lo local? y ¿sigue siendo la apuesta municipalista valida y capaz de articular una respuesta?
La pareja de baile de la industria turística es el sector financiero-inmobiliario desde sus inicios históricos, remontándose estos al momento de apertura del régimen franquista, cuyo ejercicio de cosmética nacional fue de la mano del inicio del boom de la construcción, principalmente de destinos de sol y playa. Es a partir de este momento que la economía española empieza a especializarse en el llamado circuito de acumulación secundario del capital, es decir, en la construcción de vivienda e infraestructuras, y en el engordamiento del capital financiero (dinero inmobiliario), en el que los servicios asociados al turismo son accesorios a este.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la construcción de entornos urbanos ha sido el pilar fundamental sobre el que se ha apoyado la economía del Estado español, a la vez que ha ido en aumento el predominio del turismo urbano. Si bien ya hacía décadas que los grupos ecologistas advertían sobre la destructividad de la industria turística, el ciclo post-burbuja 2008 deja aún más evidente que la acumulación de beneficios de la industria turística se da gracias a la degradación de la vida en la ciudad y la desposesión de las vecinas de sus comunidades, fundamentales para mantener la reproducción. Dicha desposesión y degradación de la vida se da principalmente en dos direcciones: la revalorización del precio del suelo, que potencia la burbuja de los alquileres inasumibles en ciudades con una proporción mayor de inquilinos; y la devaluación del trabajo turístico y de sus condiciones laborales, empobreciendo aún más a las vecinas que se ganan la vida en la industria turística.
Por un lado, el turismo funciona haciendo más atractivo el suelo de nuestras ciudades, a través de una lógica de revalorización y generando expectativas de mayores beneficios futuros. De hecho, las ciudades más turísticas son las que sufren una mayor presión inmobiliaria; más desahucios y mobbing, haciendo inaccesible el derecho a la vivienda de sus vecinas. Si bien esto lleva tiempo siendo una realidad, ésta se ha agudizado en el momento actual del capitalismo, cuya crisis de 2008 reforzó la movilización de grandes masas de capital financiero hacia activos inmobiliarios, que en 2016 ya suponían el 60% de los activos mundiales. Estamos ante la Financiarización 2.0; el nuevo ciclo de acumulación, en el que el mundo financiero se mueve a través de fondos buitre y sus 'herramientas' las SOCIMIs. El capital internacional está a la búsqueda de alta rentabilidad, y lo encuentra invirtiendo en nuestras casas, nuestros hogares y espacios de vida, en el corazón de ciudades que se promocionan como reclamo turístico. La política monetaria del BCE ayuda facilitando la creación de fondos financieros a coste 0, promoviendo que estos absorban activos tóxicos de la banca, hinchando de nuevo la burbuja. No han aprendido nada. Y nuestros políticos tampoco. Los Estados operan desde hace ya demasiado tiempo como engranaje del poder financiero.
Por otro lado, el turismo se ha erigido como una “solución” a las crisis económicas y sociales, reavivando procesos de revalorización como los comentados, pero también activando una especie de impacto contra-cíclico al ser la primera industria que sigue aumentando su generación de puestos de trabajo, y su margen de beneficios obtenidos. Aun así, esta solución pasa por precarizar aún más a las trabajadoras turísticas (sobre todo mujeres), funcionando el turismo como industria pionera en la degradación de las condiciones laborales, dinámica que se impone en todos los sectores con la crisis.
La bestia del turismo, como lo entendemos, es pues, una falsa solución, que precariza el trabajo, reaviva las economías especulativas urbanas, y destruye los entornos naturales y sociales necesarios para la reproducción de la vida, sobre todo en barrios donde se concentra la actividad de esta industria.
No existen repuestas ni recetas mágicas a preguntas y retos políticos como el gobierno del turismo. Creer que el municipio, como nivel de la administración pública, es capaz de poner freno a una industria que se articula a nivel global y que es facilitada por una multitud de reguladores que van desde la Unión Europea hacia abajo es ciencia ficción. Y más allá de la cuestión de escalas y del estrecho margen competencial, es central destacar como los lobbies inmobiliario y del alquiler vacacional presionan tanto en Europa como a nivel estatal para frenar cualquier iniciativa pública que quiera actuar en la dirección de desmercantilizar la vivienda, el suelo, o proteger los derechos de los y las trabajadoras. La ofensiva no solamente se da en los despachos oficiales, sino también en un entorno académico-empresarial que genera relatos falsos en forma de “conocimiento científico”, cuyo objetivo es demostrar las bondades de la industria turística y desmentir sus más que demostrados efectos nocivos sobre la sociedad.
Para hacer frente a dichas ofensivas y articular un poder local capaz de ejercer un gobierno sobre el modo de producción turístico, es necesario no encorsetar la apuesta municipalista dentro de los márgenes de la administración local. La propuesta, -como conclusiones del proceso de elaboración del informe La falsa solución turística: concentración de beneficios y deuda social recién publicado por el ODG-, es reforzar tres frentes: el de la investigación militante, el de la organización sindical alternativa y modelos de economía cooperativa, y el del uso de instrumentos de política pública que permite la institución municipal.
En primer lugar, habría que desmontar lógicas institucionales que apoyan y otorgan privilegios al empresariado turístico, privilegios que se apoyan en el supuesto beneficio social de la industria. Hay que desligar la institución pública de la promoción turística, y hay que pensar e implementar sistemas impositivos fuertes que provoquen una internalización de los impactos sociales del turismo y compensen su parasitación de servicios y bienes públicos. En cualquier caso, además, los instrumentos de planificación territorial deben ponerse al servicio de construir ciudades vivibles, poniendo la vida y su sostenibilidad al centro. No es viable la construcción de entornos urbanos mercantilizables, o la adaptación del territorio a las necesidades de consumo de quienes no viven en la ciudad. En segundo lugar, sería interesante reforzar los espacios de generación de conocimientos derivados de la investigación activista o militante, que se encarguen de bajar la ciencia a la tierra, para analizar y visibilizar los impactos reales de la industria turística e inmobiliaria sobre las vidas cotidianas de los habitantes de la ciudad. En tercer lugar, sería transformador facilitar y dar aire a la construcción de proyectos de economías alternativas y cooperativas en todos los sectores que se consideren más estratégicos para la reproducción de la vida. Y finalmente, habría que impulsar y dejar que sigan aflorando las organizaciones sindicales alternativas, que articulen adecuadamente el conflicto capital-vida que hoy se vive en las ciudades, y poner freno a los abusos cometidos por la propiedad y el patronato. El turismo, en este sentido, también puede ser una oportunidad para fortalecer la esperada cooperación entre el sindicalismo laboral y las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda.
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