Durante mucho tiempo, cuando nos preguntábamos por ejemplos de desobediencia civil en nuestro país, recurríamos a la movilización contra el servicio militar. Recordábamos a Pepe Beunza, a los objetores de Can Serra… Hoy la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es quien representa la desobediencia civil. Las diferentes PAHs han utilizado este instrumento para impedir algo que consideran injusto e ilegítimo; acompañar y generar solidaridad hacia las personas afectadas por los desahucios; y lograr que hoy su voz poco escuchada y atendida resuene desde los barrios más castigados hasta los medios de comunicación comerciales de gran difusión y las cámaras parlamentarias.
Paralizar un desahucio es desobedecer una orden judicial, es desobedecer a sabiendas las leyes que nos rigen. Pero cuando se considera que hay leyes injustas, la desobediencia pasa a ser deber para muchas personas. Del deber de obedecer se pasa al deber de desobedecer. Desobedecer una ley para que sea substituida, modificada, y buscar así que la legalidad esté más cerca de la legitimidad. Hay quien entiende que la legalidad crea la legitimidad. Otras personas consideran que aquello que se entiende como legitimo, bueno, adecuado, es lo que después convendrá convertir en ley. Se busca una desobediencia que haga de nuestra sociedad un espacio más civil.
Desde las PAHs consideran, además, que las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por razones económicas en el Estado español violan, de entrada, normativas existentes que justifican que no deban obedecerse las órdenes judiciales: los artículos 24 (sobre la tutela judicial efectiva) y 47 (sobre el derecho a la vivienda) de la Constitución española; el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); y las Observaciones Generales del comité DESC de Naciones Unidas números 3 (obligaciones de los estados miembros), 4 (derecho a una vivienda) y 7 (prevención de desahucios forzosos). La Constitución española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las Observaciones Generales del comité DESC de Naciones Unidas deberían ser constituyentes de una legalidad que no permitiera los desahucios que estamos viviendo. Ante el dolor que generan, desobediencia.
Las personas desobedientes no acostumbran a gustar en el conjunto de una sociedad que se quiere democrática. Pero hoy, como en otros momentos, nuestra democracia da claras muestras de que es un proceso en el que nos queda mucho por avanzar. Las condiciones en las que están viendo tantas personas y familias, el comportamiento de entidades financieras que incluso han sido nacionalizadas por sus malas prácticas, llevan a que la desobediencia civil que propone la PAH tenga gran apoyo social. Y que incluso las propuestas de un ministro del Interior de reformar el Código Penal para que la desobediencia pacífica sea tipificada como delito de atentado contra la autoridad merezcan considerable contestación.
La desobediencia civil no es lo fácil de hacer, un primer recurso, una rabieta, lo que se lleva, un “no porque no”… La desobediencia civil llega después de un largo proceso en el que se han intentado agotar todas las posibilidades (contactos, negociaciones…) para evitar el dolor de las personas que se quedarán sin casa. La desobediencia que se quiere civil necesita decisión para enfrentarse a una realidad bien consolidada e impulsar una de nueva, especialmente cuando muy pocas personas pueden llegar a atreverse. La desobediencia civil es un grito que busca avisar de las injusticias que se están cometiendo, de la democracia que se está perdiendo, y que va acompañado de propuestas para tener cuidado de las personas que lo están pasando mal y construir una legalidad legítima y civil.
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