Bajo un deliberado hermetismo técnico, los presupuestos de la administración autonómica para 2015 discutidos estos días en comisión en el Parlament de Catalunya representan el principal instrumento de gobierno de un país y el espejo de las prioridades que cada fuerza política defiende. El acuerdo previo entre CiU y ERC para aprobar los presupuestos ya permite saber que la partida destinada al departamento de Bienestar Social para el plan de lucha contra la pobreza solo aumentará el 2015 en un 2,3%, en un momento de crisis en que el riesgo de pobreza implica a 20% de los ciudadanos de Catalunya, según cifras del propio departamento. En cambio, el área de Exteriores del departamento de Presidencia aumentará el presupuesto en un 14,14% para abrir dos delegaciones más en Viena y Roma y reforzar la de Bruselas. Del mismo modo, la Agencia Tributaria de Catalunya dispondrá de un presupuesto incrementado en un 25% respecto al año 2014. La disparidad de los incrementos entre estos tres ejemplos revela las prioridades del gobierno de CiU y del socio parlamentario que le permite aprobarlo.
A raíz de la presentación de los presupuestos del 2014 el departamento de Bienestar Social de la Generalitat ya anunció la prolongación sine die de la suspensión temporal de los pagos de la ayuda a las personas dependientes, una cantidad que a menudo marca la diferencia económica entre poder ingresar o no en un centro geriátrico concertado. La crisis económica provocada por el desbarajuste financiero no solo se ha cebado sobre las rentas más bajas, las menos responsables de la situación (20 % de la población activa en paro), sino que lo ha hecho sobre la parte más vulnerable de la sociedad: los jóvenes (recortes educativos, 57 % de paro juvenil) y la gente mayor (recortes sociosanitarios, reforma de las pensiones con pérdida de poder adquisitivo).
Los servicios sociales son una acción paliativa que requiere una especial atención en momentos como ahora de reparto tan injusto del peso de la crisis, la crisis desigual. Engloban, según la definición del organismo europeo Eurostat, las pensiones de jubilación, la sanidad, la dependencia, la prevención de la exclusión social y las ayudas a la vivienda. Sin embargo no son una prioridad en los presupuestos del gobierno para el 2015, como no lo fueron en 2014 ni los años anteriores. Los recortes también se reparten de manera desigual, según las preeminencias de cada opción política.
Bajo un deliberado hermetismo técnico, los presupuestos de la administración autonómica para 2015 discutidos estos días en comisión en el Parlament de Catalunya representan el principal instrumento de gobierno de un país y el espejo de las prioridades que cada fuerza política defiende. El acuerdo previo entre CiU y ERC para aprobar los presupuestos ya permite saber que la partida destinada al departamento de Bienestar Social para el plan de lucha contra la pobreza solo aumentará el 2015 en un 2,3%, en un momento de crisis en que el riesgo de pobreza implica a 20% de los ciudadanos de Catalunya, según cifras del propio departamento. En cambio, el área de Exteriores del departamento de Presidencia aumentará el presupuesto en un 14,14% para abrir dos delegaciones más en Viena y Roma y reforzar la de Bruselas. Del mismo modo, la Agencia Tributaria de Catalunya dispondrá de un presupuesto incrementado en un 25% respecto al año 2014. La disparidad de los incrementos entre estos tres ejemplos revela las prioridades del gobierno de CiU y del socio parlamentario que le permite aprobarlo.
A raíz de la presentación de los presupuestos del 2014 el departamento de Bienestar Social de la Generalitat ya anunció la prolongación sine die de la suspensión temporal de los pagos de la ayuda a las personas dependientes, una cantidad que a menudo marca la diferencia económica entre poder ingresar o no en un centro geriátrico concertado. La crisis económica provocada por el desbarajuste financiero no solo se ha cebado sobre las rentas más bajas, las menos responsables de la situación (20 % de la población activa en paro), sino que lo ha hecho sobre la parte más vulnerable de la sociedad: los jóvenes (recortes educativos, 57 % de paro juvenil) y la gente mayor (recortes sociosanitarios, reforma de las pensiones con pérdida de poder adquisitivo).