Una deuda de 70.000 millones de euros no es poca cosa para la Generalitat de Catalunya. En 2015 uno de cada cuatro euros y medio del presupuesto se destinó a pagar la deuda y sus intereses. Desde 2007 la deuda pública catalana se ha multiplicado por 4,5, en un proceso en espiral en el que cada año la Generalitat se endeuda aún más para poder hacer frente a la deuda acumulada. Endeudarse para pagar deuda.
Si al pago de la deuda sumamos otros compromisos ineludibles como el pago de peajes en la sombra y otras financiaciones estructuradas para la construcción de infraestructuras, en el presupuesto queda muy poco margen para la realización de un plan de choque que afronte con garantías la situación de emergencia social que vive gran parte de la población catalana.
En este marco una de las exigencias de la CUP-Crida Constituent en su pacto con Junts pel Sí fue la revisión de qué hay detrás de esta deuda a través de una auditoría del mismo. De momento, el Gobierno catalán ha creado un grupo de trabajo abierto a los diferentes grupos parlamentarios para analizar la situación de endeudamiento de la Generalitat.
La opacidad generalizada respecto al endeudamiento público dificulta mucho que la ciudadanía pueda conocer los aspectos relevantes. Una de las cuestiones menos transparente es a quien debemos y en qué condiciones. En el caso catalán sabemos que el 70% de la deuda de la Generalitat es con el Estado, acumulada a través de los mecanismos de liquidez (el Fondo de Liquidez Autonómico -FLA- y el Plan de Pago a Proveedores). Pero no hay ningún detalle disponible sobre a quien debemos los 28.000 millones restantes de deuda de la Generalitat y las entidades públicas. Por otra parte, sabemos que hasta 2014 el 70% de los recursos del FLA han sido destinados a pagar deuda y sus intereses, por tanto, a “rescatar” a los acreedores de la Generalitat, pero no conocemos quiénes son esos acreedores.
La auditoría es pues imprescindible para romper con la opacidad que reina en la “conselleria de la deuda”, así como para desmontar el discurso que culpabiliza la población por “haber vivido por encima de nuestras posibilidades”, y también para definir cómo queremos que se gestione la financiación pública, la deuda y, en general, las políticas públicas en el futuro.
A corto plazo, una auditoría ciudadana de la deuda y otras políticas públicas nos permitirá entender también cuáles son los márgenes de maniobra reales para definir y aplicar un plan de choque que nos permita hacer frente a la emergencia social del país. Sólo conociendo el detalle de a quien debemos, en qué condiciones, por qué y si el proceso de endeudamiento ha sido legal y responsable, podemos negociar en condiciones con los acreedores.
En primer lugar entendemos que la auditoría o es ciudadana o no es. Encargar una auditoría a PWC o Deloitte no abordaría ninguno de los objetivos anteriormente detallados. Es más, una auditoría realizada por una empresa externa siguiendo con la actual tónica de opacidad sólo sirve para que estas empresas sigan acumulando conocimiento y la sociedad seguimos estando en la inopia sobre la dimensión del problema.
En este sentido entendemos que el proceso de la auditoría debe dotarse de mecanismos de transparencia, de acceso a la información, que debe estar disponible en formato abierto, así como de posibilidades de participación en los análisis y la toma de decisiones. Una posibilidad, necesaria pero no suficiente, sería dotar al proceso de un portal en internet donde se disponga toda la información, desde los documentos a analizar hasta los informes que puedan elaborar tanto los técnicos del propio departamento como expertos externos.
Además, el análisis debe ser integral y debe ayudarnos a entender el contexto (económico pero también político y social) en el que se ha acumulado esta deuda, o los impactos ambientales, sociales o de género de los proyectos o procesos financiados con la misma. En definitiva, una auditoría integral y ciudadana nos permitirá abordar cómo recuperar nuestra soberanía y la confianza en las instituciones democráticas.
No entendemos la auditoría como un proceso puntual, con inicio y final, sino como un proceso continuado en el tiempo. Una vez abordada una primera fase de analizar la situación general de endeudamiento, el proceso de auditoría debe poner en marcha mecanismos de rendición de cuentas en relación a proyectos concretos o políticas determinadas. A través de estos mecanismos tenemos que poder analizar, por ejemplo, si la Línea 9 del metro o el Canal Segarra-Garrigues han realizado sin irregularidades.
Queremos saber por qué algunas infraestructuras han costado mucho más de lo presupuestado (y no queremos que nos lo cuenten, sino sacar nuestras propias conclusiones a partir del acceso a la información original), queremos conocer las condiciones de financiación de autopistas y otros infraestructuras, queremos saber si hay rastros del 3% en las cuentas de la Generalitat ... y sobre todo queremos establecer un sistema permanente de rendición de cuentas que evite, o al menos dificulte, la mala gestión económica por parte de los representantes políticos. Y es por eso que la auditoría no se acaba nunca.
El proceso de auditoría ciudadana debe dotarse de recursos humanos y técnicos, así como económicos, para poder llevar a cabo. Se deben poder crear equipos mixtos, de técnicos internos (personal de la Generalitat) y expertas externas. Estas expertas deben responder a la integralidad de la Auditoría, es decir, se deben constituir equipos interdisciplinarios y diversos, que puedan abordar un análisis financiero, pero también análisis de impacto social, ambiental o de género, entre otros. Las expertas por lo tanto no pueden ser sólo economistas de corte neoliberal.
Estos equipos aportarían sus análisis a una comisión parlamentaria constituida ad hoc para hacer seguimiento de la auditoría. Pero también la sociedad civil organizada, al tener disponible la información, podrá aportar sus propias lecturas y análisis, presentándolas a través de espacios de participación y en esta misma comisión.
Esta posibilidad de participación se deberá acompañar de una intensa campaña de comunicación, de forma que la ciudadanía no organizada pueda tener acceso a los avances del proceso de auditoría a través de los medios públicos de comunicación. Esta se puede acompañar de presentaciones y debates en el territorio, así como de mecanismos para atender las consultas y dudas de la población respecto al proceso.
En un proceso de auditoría ciudadana la población no sólo tiene acceso a la información, sino que idealmente debe poder tener la última palabra sobre qué hacer con las deudas o los procesos de gestión pública auditados. Con la información sobre la mesa de cómo se ha generado la deuda, pero también de qué consecuencias puede tener tanto pagar como no pagar, tenemos que poder decidir colectivamente qué hacemos con esta deuda. La recuperación plena de nuestra soberanía depende también de que sea la ciudadanía quien decida si quiere seguir ligada a deudas ilegítimas o romper las cadenas de la deuda, asumiendo las consecuencias.
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