Desde la PAH siempre hemos hecho patente que las políticas sociales no pueden venir de las altas esferas de las instituciones que no pisan la calle, que no saben lo que está sucediendo en sus ciudades ni barrios y que ni siquiera han escuchado a las familias que están en riesgo de perder su vivienda o ya lo han perdido. Esta forma de hacer política de las instituciones, desde el paternalismo y de considerar que hay expertos y “otros” que no sabemos de la materia, no es tan sólo antidemocrática sino que se ha hecho patente que no funciona y que genera todavía más, una sociedad dividida, aislada y con más desigualdades.
La PAH cuando nació lo hizo con diferentes objetivos. El primero, poder dar respuesta a las familias que no podían continuar pagando su hipoteca por motivos económicos por una ley injusta. En segundo lugar, para combatir esa legislación injusta y anómala proponiendo cambios legislativos a todos los niveles. Y en tercer lugar para crear un espacio emocional donde las personas que se encuentran en situación de emergencia habitacional puedan sentirse seguras y generar un movimiento de ayuda mutua y acción para dar respuestas y soluciones concretas.
Durante estos años nos hemos hecho expertas de la problemática en todos los niveles: jurídico, comunicativo, social, legislativo... En materia de servicios sociales constatamos las potencias y las carencias del servicio no tanto sólo a la ciudad de Barcelona sino que en todo el estado.
Durante los últimos años nos hemos cuestionado por qué los servicios sociales están tan estigmatizados y las personas que se acercan a la PAH no lo ven como un lugar donde ir a buscar apoyo emocional y soluciones en una situación de emergencia habitacional. Como dato: más del 48% de las familias que llegan a la PAH de Barcelona no habían ido antes a los servicios sociales (informe exclusión residencial en el mundo local- ODESC 2016).
Aquí nos tenemos que cuestionar qué función está ejerciendo el servicio y qué tendría o podría hacer. Igual que la ciudadanía no tiene que ser la responsable de la ineficiencia de las instituciones, las trabajadoras de servicios sociales tampoco lo tienen que ser. Pero la diferencia es que la ciudadanía, a través de la PAH se ha revelado frente a las políticas injustas. ¿Y si las trabajadoras sociales lo hicieran? Aquí está el punto de conexión donde trabajar y explorar los límites y las rendijas.
No puede ser que una familia que está a punto de ser desahuciada, que se ha movido, que ha pasado por todos los trámites burocráticos de presentar 1.000 documentaciones, a la vez se le exija hacer un programa individual de seguimiento de servicios sociales. El problema es colectivo no individual. ¿Por qué no sumamos fuerzas y desestigmatizamos, desencorsetamos e imaginamos otras formas de hacer posible desplegar políticas públicas predistributibas y redistributivas para reducir las desigualdades y erradicar la pobreza, por ejemplo? ¿Por qué no hacemos planes de seguimiento para la ciudadanía que tiene más y en cambio si lo hacemos con las families que se encuentran en una situación de vulneración de derechos?
¿Creemos que podemos hacer un servicio transversal que sea ejemplo de cohesión social y de transformación política? Desde la PAH creemos que sí, que no solo es posible sino que es necesario que seamos valientes, exigir y reclamar los derechos de todas y para todas.
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