La semana pasada, y en pleno inicio de los meses más fríos, un informe del colectivo de Bomberos ya alertaba que 6 de cada 10 incendios con víctimas mortales en los hogares de Catalunya podrían atribuirse a la pobreza energética, según datos del primer trimestre de 2014, un invierno que fue más frío que el de 2015, y que apunta a repetirse este año.
La vecina de Reus de 81 años muerta ayer había sufrido un corte de suministro y a partir de entonces se iluminaba con velas, lo que hubiera causado el incendio. Y desgraciadamente todavía nos sorprendemos que una situación así sea posible. ¿Qué falló? ¿Cómo es que no se tenía conocimiento de esta situación?
Pero el hecho es que una situación así es posible, sí, pero es también ilegal. La Ley 24/2015, que mantiene en vigor todos sus artículos referentes a la pobreza energética, es clara en su artículo 6.4: “Cuando la empresa suministradora tenga que hacer un corte de suministro debe solicitar previamente un informe a servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial”.
Ante esta claridad, la empresa suministradora Gas Natural, y a su vez Endesa, la distribuidora, que es en última instancia quien efectúa el corte, miran hacia otro lado. Gas Natural declaraba hoy que se ha puesto a disposición del Ayuntamiento “para todo lo que necesite”. Pero precisamente todo lo que necesitaban los Servicios Sociales del Ayuntamiento –que Gas Natural diera la información que pretendía efectuar un corte en este hogar, y preguntar si vivía una persona vulnerable– la empresa no se lo facilitó.
Por el contrario la empresa se refiere a acuerdos firmados con anterioridad (y que responden a la modificación del Código de Consumo de 2014, menos garantista porque no incluye el principio de precaución) que obligaba a las personas vulnerables a ser ellas las que demostraran su situación.
Por suerte, la Ley 24/2015 (surgida, por cierto, de una iniciativa legislativa popular) no pone el peso sobre las familias vulnerables, y a merced de la burocracia, sino que permite evitar los cortes exigiendo una comunicación previa de la empresa suministradora con Servicios Sociales. Las empresas suministradoras ahora deben responder a una lógica diferente: les toca pasar de “ante la duda, cortamos, y quien pueda, ya vendrá a reclamar” a “ante la duda, debemos pedir información sobre la familia”. Parece de sentido común, pero, claro, no para quien busca el lucro y le molestan los clientes insolventes.
Esta ley, además, contempla la firma de convenios para amortizar la deuda de estas familias que no pueden pagar. Pero por suerte, el principio de precaución y la garantía de suministro no están supeditados a estos famosos convenios que todavía estamos esperando. Estos convenios aclararán quién paga las facturas atrasadas (y que esperamos que no sea de nuevo el dinero público proveniente finalmente de nuestros bolsillos). Precisamente unos convenios negociados con sensatez por parte de la Generalitat, y poniendo sobre la mesa el incumplimiento de obligaciones por parte de las suministradoras, permitirían responsabilizarse a asumir estas deudas, dando así una segunda oportunidad a las familias vulnerables.
La Generalitat de Catalunya también debe asumir su responsabilidad en este sentido porque es garante de derechos de la ciudadanía y, al mismo tiempo, es quien tiene que hacer cumplir la ley. Desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) hemos denunciado estos incumplimientos que siguen dándose a pesar de la puesta en vigor de la ley 24/2015, y hemos exigido a la Generalitat que ante esta actuación reincidente de las suministradoras hay que actuar de oficio, y sancionar no sólo los cortes indebidos que algunas personas (a quien llega la información) denuncian, sino también aquellos cortes que se producen sin que nadie diga nada.
No olvidemos la vecina de Reus y tampoco las muertes de los niños de 4 y 6 años en un incendio en el barrio del Besós en julio pasado, también asociadas a la pobreza energética. Y por este motivo varias organizaciones agrupadas en la APE nos concentraremos este miércoles a las 20h en Pl. Santiago ante la Generalitat. Porque se podrían haber evitado estas muertes. Porque este hecho no es aislado, no es sólo en invierno, ni es un error puntual de comunicación entre empresas y administración. Es una negativa constante de las empresas suministradoras a asumir responsabilidad ante las familias vulnerables, acompañada de la poca valentía de la administración para poner límites, hacer frente y garantizar que situaciones así no se vuelvan a repetir.
Sanciones, sí, pero de las ejemplares. Firma de convenios también, pero con una Generalitat que marque líneas rojas y pare los pies a quien lleva tanto tiempo convirtiendo el derecho a los suministros básicos en un privilegio fuera del alcance de muchas personas.
Un escenario que no es nuevo, cierto, pero que parece que sólo genera reacciones cuando la tragedia llama a la puerta.
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