Fue el desahucio que provocó una tormenta política en el arranque del Govern de Pere Aragonès. Un macrodispositivo de los Mossos d'Esquadra ejecutó el desalojo de uno de los pisos ocupados del Bloc Llavors, en el barrio del Poble-sec de Barcelona. Ocurrió el 25 de mayo de 2021. Más de tres años después, la Fiscalía pide penas de 20 meses de cárcel y cuantiosas multas e indemnizaciones para los activistas.
Así lo han dado a conocer los encausados en una rueda de prensa este martes. “Es una causa sin precedentes en el movimiento en defensa de la vivienda”, ha denunciado el abogado Carlos Hurtado, de Alerta Solidària, que ha recordado que la propiedad del bloque, el fondo buitre Vauras Investment, había invertido 130 millones de euros en la compra de edificios enteros en la ciudad antes de irse de Barcelona.
El fondo se querelló contra la entonces alcaldesa, Ada Colau, precisamente por la actuación municipal en el caso del Bloc Llavors. El caso terminó archivado tras señalar la jueza que el fondo empleó la querella contra la exalcaldesa con “fines ajenos a los del procedimiento penal” porque “no le eran favorables las políticas de vivienda” del Ayuntamiento.
Llama la atención de la petición fiscal las elevadas multas solicitadas. Para cada encausado solicita 1.800 euros de multa por atentado a agentes de la autoridad y 5.760 euros por coacciones. A siete de ellos, además, por el delito de daños les reclama 2.880 euros, mientras que a los tres acusados de lesiones leves a los policías les reclama 600 euros a cada uno.
Las indemnizaciones por los daños ocasionados en uniformes, material de comunicaciones y furgonetas policiales, por las que también reclama la Generalitat de Catalunya, ascienden a 18.266,12 euros.
Esta nueva causa, pendiente de juicio, afecta a un total de 21 activistas, algunos de ellos vecinos del bloque ocupado. Más allá de la actuación concreta de cada acusado, la Fiscalía les señala a todos ellos por “hacer caso omiso de orden de desalojo e impedir a la comisión judicial cumplir con su cometido”. Esto es, impedir el desahucio.
Describe el fiscal varios métodos de los encausados para llevar a cabo su objetivo, aunque solo a tres de los 21 encausados les responsabiliza de golpes a agentes de los Mossos d'Esquadra que ocasionaron lesiones leves. El desalojo se ejecutó igualmente tras varias cargas policiales.
Los encausados quisieron parar el desahucio, describe el fiscal, mediante la colocación de “vallas metálicas para formar una barrera y dificultar a los policías el acceso al edificio”, así como un “somier metálico como escudo para impedir el paso a los agentes”.
Añade el fiscal que los encausados lanzaron huevos, harina y fruta a los agentes así como tinta o pintura roja que habían introducido en botellas. Una actuación, a criterio del fiscal, “perfectamente organizada para frustrar la actuación policial” guiada por el “propósito común de evitar el desalojo”.
Además de colocar un instrumento metálico en la puerta y vallas para frenar el desalojo, el fiscal destaca que los acusados “entrelazaron los brazos con firmeza”, lo que provocó que los agentes los tuvieran que coger de pies y manos para deshacer la piña.
Agrega el fiscal que algunos de los ocupantes del piso llamaron “perro nazi, no vas a salir”, aunque no se ha identificado quién. Otro vecino, añade, tuvo que esperar hora y media para salir a trabajar al estar bloqueado el acceso al edificio.