Política y COVID-19: una relación mal avenida, o no

Desde el mes de marzo, la pandemia de COVID-19 ha acaparado el debate público y privado, tanto en Madrid como en Barcelona. Algo parecido ha pasado en otros muchos países tanto de Europa, Asia o América. El debate ha mostrado aspectos positivos de nuestra comunidad, pero al mismo tiempo ha permitido expresarse a algunos de los monstruos que la habitan en estos tiempos de transición entre viejas y nuevas formas de vivir y de hacer política.

Antes de la pandemia el conflicto político entre el Estado y Catalunya copaba los titulares al lado de los vinculados a la gobernabilidad de esta fase de fin de ciclo de lo que hemos denominado la crisis del 2008, en Madrid con la novedad del Gobierno de Coalición entre PSOE y UP y en Barcelona con el agotado gobierno del president Torra. 

La COVID-19 ha zarandeado el panorama político, provocando nuevas e inquietantes perspectivas en la salud y la economía de una mayoría social trabajadora, pero con respuestas bien dispares; de una parte, unas derechas políticas y judiciales embrutecidas y aún enaltecidas por su acción represiva contra lo que ellos han denominado “el desafío separatista” que no han dudado en usar los mismos métodos antidemocráticos ahora contra Podemos y la acción del Gobierno Central, o sea, judicialización de la política y desligitimización de la representación democrática para equipararla al golpismo. De llamar golpistas a los independentistas se ha pasado al gobierno “ilegítimo” y “socialcomunista” por ser de izquierdas o dialogar con sectores soberanistas de Galicia, Euskadi o Catalunya.

En América Latina la ultraderecha ha conseguido notables victorias usando la guerra judicial lawfare y ahora, con la causa general contra el soberanismo como precedente, se usa aquí para intentar derrocar al Gobierno. Recordemos que el PP fue acumulando activos en el Poder Judicial para poder sortear su camino de espinas judicial vinculado a la corrupción y también previendo un final de ciclo de consenso constitucional con la irrupción de la crisis y del 15-M. Esa ocupación que se jactaba de “controlar el Tribunal Supremo por la puerta de atrás” y que ya fue clave para conseguir en su día una mayoría conservadora y centralista en el Tribunal Constitucional y tumbar así el Estatuto catalán, ha estado a punto de llevar al Gobierno al banquillo de los acusados usando la crisis sanitaria de la COVID-19 como argumento. Las declaraciones del fiscal Luis Navajas han mostrado como de profundas son las raíces de esa colonización conservadora y esa misma mayoría sigue usando su dominio desde un Consejo del Poder Judicial (caducado desde hace más de dos años) para mantener el cerco antidemocrático al soberanismo y amenazar al Gobierno Central. 

La moción de censura de Vox, o las llamadas de la Presidenta Ayuso a que la ciudadanía manifieste su rechazo a la acción del presidente Sánchez en las calles forman parte del manual de desestabilización como podrían estarlo proclamando Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil.

Pero la COVID-19 también ha provocado otra respuesta no controlada por la derecha, la del fortalecimiento moral del papel de los servicios públicos y sus trabajadores, lo que provoca por contraste su necesario fortalecimiento y actúa contra las ansias privatizadoras de esas mismas derechas. En la Comunidad de Madrid tenemos un claro ejemplo. Ello no puede tener más respuestas en Madrid y en Barcelona que la colaboración de las izquierdas y el soberanismo republicano, aquella mayoría política, social e institucional que, hecho de la Moncloa al PP, el Gobierno más corrupto de Europa. Esa mayoría puede articular al mismo tiempo una respuesta social por la crisis y una respuesta democrática por el conflicto Estado-Catalunya.

Solo la colaboración de soberanismo e izquierda consigue aislar a las derechas impidiendo que estas colonicen, aún más, a la parte de la izquierda que lleva demasiado tiempo sin un modelo de Estado alternativo al conservador. Sé que es dramático, pero no podemos hacer otra cosa que convertir la adversidad del Covid en una oportunidad.

Joan Josep Nuet es diputado de Sobiranistes adscrito al grupo de ERC en el Congreso