Las movilizaciones en Catalunya por sus libertades nacionales entre el 11 de septiembre de 2012 y el 9 de noviembre de 2014 se convirtieron en un factor muy positivo, expresión a la vez del agotamiento de un sistema político y territorial, el Estado de las autonomías, y la ilusión y la esperanza en cambios constituyentes que nos permitieran disfrutar de una mayor soberanía para poder decidir, directamente, sobre muchos temas de nuestra vida cotidiana que queríamos mejorar radicalmente.
La antigua Convergència vio en aquellas movilizaciones la oportunidad para superar la censura a su apuesta inequívoca, por parte del “Gobierno de los Mejores” (2010-2012), por las políticas de ajuste y recortes, realizadas en connivencia durante esos dos años con el PP catalán de Alicia Sánchez Camacho.
Después, el proceso fue clave para entender, primero, la colaboración parlamentaria de ERC con CiU (2012-2015) y, segundo, la conformación de Junts pel Sí y su estrategia coordinada con la CUP de elecciones plebiscitarias el 27 de septiembre de 2015.
Tras la consulta del 9 de noviembre de 2014, algunos partidos y organizaciones sociales decidieron redirigir el proceso únicamente hacia la independencia, y abandonar el derecho a decidir como concepto democrático más amplio que presidió los acuerdos unitarios de la Declaración de Soberanía del Parlament de Catalunya de enero de 2013 y, posteriormente, los acuerdos para la jornada y la pregunta de la consulta del 9N.
Ahí se inició una deriva que sigue a día de hoy. Aquellos que no se declaran independentistas –más de la mitad de la sociedad catalana– deben ser progresivamente asimilados no ya a un procedimiento democrático para decidir o no este hecho, sino a una opción finalista predeterminada –de independencia sí o sí– que, incluso, hay quien defiende que no debe ser sometida a decisión popular sino declarada de forma unilateral.
Las elecciones al Parlament de Catalunya del 27 de septiembre de 2015 y su resultado fueron valorados de forma muy diferente por los diversos actores políticos y sociales, pero convocadas bajo el ordenamiento jurídico y electoral vigente. Aquellas reglas de juego con las que se concurrió a la cita electoral no pueden, pues, generar un mandato democrático (a la carta de una mayoría parlamentaria) que sea de obligado cumplimiento por el conjunto del pueblo de Catalunya.
Sólo un referéndum de autodeterminación tiene la legitimidad democrática y puede generar la cohesión política y social para representar un verdadero mandato democrático sobre qué relación debe establecer Catalunya con el resto de pueblos de España.
Conseguir este referéndum no es una tarea sencilla, pero insistir en la unilateralidad no sólo no consigue el apoyo externo de los agentes de derecho internacional, la Unión Europea y las fuerzas políticas y sociales de España, sino que empequeñece la base política y social del procés en nuestro país, lo hace excluyente y lo sectariza, frente a aquella parte de Catalunya que rechaza la unilateralidad y que, paradójicamente, es todavía mayoritaria, aunque no movilizada como el independentismo.
Últimamente se afirma que el procés está paralizado y que ha entrado en el llamado processisme una especie de realidad virtual que mantiene vivo el procés (indispensable para la supervivencia de un espacio político expandido a partir del mismo) pero sólo aparentemente, ya que no tiene la fuerza política y social necesaria para abordar nuevas etapas.
Se ha querido menospreciar la capacidad de los aparatos de España para presentar resistencias al cambio del orden político y jurídico constitucional del 78, se ha frivolizado con la construcción de alianzas político-sociales con actores del Estado que apostaban claramente por el derecho a decidir de los pueblos y la apertura de un proceso constituyente en el conjunto de España, y en los últimos días hemos visto a grupos parlamentarios catalanes independentistas en el Congreso abstenerse o pactar con el PP y Ciudadanos facilitando mayorías de Mesa y Presidencia a la coalición conservadora anticatalana.
De los que ya pactaron con el PP las leyes de estabilidad que nos estrangulan, las reformas laborales o las rebajas fiscales a los poderosos no nos sorprende, pero ¿pueden las izquierdas independentistas pensar seriamente que del “cuanto peor, mejor” saldrá algo positivo para las clases populares de nuestro país?
La Comisión del Proceso Constituyente: una oportunidad perdida
Esta deriva processista intenta dinamitar los puentes políticos y sociales que apuestan por el trabajo conjunto entre federalistas, soberanistas e independentistas. Ya observamos como la campaña electoral del 26J ERC convertía a En Comú Podem en su enemigo principal y objeto central de la mayoría de sus críticas, mucho más que PP o CDC. También Catalunya Sí Que es Pot ha sido objeto en el Parlament de críticas sectarias por no abrazar la hoja de ruta independentista que convirtió a Carles Puigdemont en Presidente de la Generalitat, y atreverse a presentar una alternativa basada en la defensa de las clases populares.
El último golpe de timón ha sido la desgraciada Comisión del Proceso Constituyente del Parlament, creada bajo el impulso de Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí Que es Pot para poder dialogar y consensuar las formas y contenidos del proceso constituyente que estas fuerzas defienden. Una vez escuchada la primera tanda de expertos comparecientes, de mutuo acuerdo, JxS y la CUP deciden cerrarla y aprobar unas conclusiones sólo con su mayoría, conclusiones donde realizan un paso más en la gestualización, acordando realizar una acción unilateral de independencia previa al inicio de un proceso constituyente.
Las potencialidades de la Comisión del Proceso Constituyente han sido sacrificadas al servicio de dar un nuevo salto al vacío processista como pago para que la CUP, de nuevo, salve al Gobierno Puigdemont en septiembre, sin que éste modifique sustancialmente su conservadurismo en política fiscal, educativa o en proyectos urbanísticos especulativos.
Podríamos citar todavía algunos conceptos más que se añaden a este universo paralelo que construye el processisme: DUI, RUI, leyes de desconexión, elecciones constituyentes, etc. Cuanto más pequeño se hace el procés, más atrevidos y grandilocuentes se vuelven los términos y conceptos que se enarbolan y más crecen los ataques y las acusaciones de traición contra aquellos defensores del derecho a decidir que siguen confiando en el diálogo, la fraternidad y la unidad civil del pueblo de Catalunya.
La ruina del procés en manos de los processistes no es una buena noticia para la democracia y el cambio en Catalunya y España. Sólo la fuerza de la Catalunya popular puede enderezar el camino y convertir el procés en una verdadera oportunidad para la mayoría social. Una vez la derecha catalana y española hayan exprimido el invento sólo quedará la gente, y eso es una buena noticia.
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