El Supremo rechaza dejar libres a los presos del procés mientras redacta la sentencia

Los nueve líderes soberanistas encarcelados esperarán la sentencia del procés en prisión provisional. El Tribunal Supremo ha rechazado este viernes dejar libres a los políticos independentistas, que pidieron ser excarcelados tras el juicio. Los magistrados respaldan las tesis de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que habían pedido que los nueve líderes permanecieran en prisión riesgo de fuga y reiteración delictiva.

En un auto redactado por el magistrado Manuel Marchena, que presidió el tribunal y redactará la sentencia, los togados respaldan al 100% la prisión provisional ordenada por el juez instructor Pablo Llarena. De hecho, los magistrados exponen que el final del juicio les sitúa en mejor posición para valorar si la prisión provisional resultaba adecuada. Y la conclusión es clara: el encarcelamiento preventivo era necesario antes y lo sigue siendo ahora para que los presos permanezcan en España para recibir la sentencia del procés.

Los magistrados califican de “inviables” otras medidas menos gravosas como la retirada del pasaporte o la pulsera de vigilancia. Añaden que la restricción de la libertad de los acusados es “necesaria para salvaguardar” los objetivos del proceso judicial, esto es, la sentencia.

“El desarrollo del juicio oral no ha eliminado el riesgo de fuga ni la concurrencia de los demás presupuestos que hacen aconsejable el mantenimiento de la medida cautelar pese al tiempo transcurrido desde su adopción”, apostillan los magistrados, en una velada referencia a que la Sala sigue creyendo que la presencia de Puigdemont en Bélgica no elimina el riesgo de fuga en los presos.

A diferencia de la Fiscalía, que fundamentó su petición para mantener la prisión provisional en sus últimas palabras, que a su juicio mostraron una “actitud permanente de resistencia civil al orden constitucional”, el tribunal no hace referencia a los alegatos finales de los líderes del procés ni a su posible vinculación con el riesgo de reiteración delictiva.

Crítica al informe del grupo de trabajo de la ONU

Por contra, los magistrados sí se extienden en restar relevancia al dictamen del grupo de trabajo sobre detención arbitraria del consejo de derechos humanos de la ONU, que había pedido excarcelar de inmediato a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Para empezar, los magistrados recuerdan que el dictamen no es jurídicamente vinculante. Pero además, cargan contra el grupo de expertos porque valoraron los elementos de los tipos penales de rebelión y sedición “a espaldas” de la actividad probatoria desarrollada durante cuatro meses en el Supremo.

Asimismo, el Supremo afea que el grupo de trabajo dirigiera al Gobierno la petición para excarcelar a Junqueras, Sànchez y Cuixart. “La petición ignora una de las notas esenciales de cualquier estado de derecho, aquella que impide al poder ejecutivo dirigir instrucciones, requerimiento u órdenes a los tribunales de justicia”, aseveran los magistrados.

Es más, los magistrados, en la crítica de mayor profundidad al informe del grupo de trabajo, señalan que los expertos “olvidan que el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017 había sido expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional y por resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”.

“No faltan en el dictamen –apostillan los jueces– afirmaciones extravagantes, carentes de toda lógica y de imposible encaje en nuestro sistema procesal”, como por ejemplo que los independentistas son perseguidos por sus ideas. “Solo a partir del desconocimiento de nuestra realidad política y jurídica, pueden suscribirse mensajes de esa naturaleza”, zanjan los magistrados.

Y es que el Supremo recuerda, tal y como ha venido haciendo en anteriores resoluciones, que en ningún caso los líderes del procés han sido juzgados por su ideología: “El proceso penal no incluye entre sus fines coaccionar o inhibir a los líderes políticos que quieren llevar a cabo un programa independentista”. En este sentido, el tribunal hace hincapié en que el actual gobierno de la Generalitat es independentista.

“Se olvida, además, que a lo largo del juicio han estado presentes, en todas las sesiones, representantes del gobierno autonómico con reconocida identidad ideológica respecto de unos u otros procesados. Todos ellos han recibido el trato protocolario que nuestra legislación dispensa a las autoridades autonómicas”, concluye el Supremo.