La Fiscalía pide mantener en prisión a los presos del procés por su “actitud permanente de resistencia civil al orden constitucional”

El mensaje de hondo calado político que pronunciaron los acusados por rebelión en su última palabra en el Tribunal Supremo hace que persista su riesgo de reiteración delictiva. Así lo cree la Fiscalía, que ha pedido al tribunal que mantenga en prisión preventiva a Dolors Bassa, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull. En sendos escritos, el Ministerio Público expone que los alegatos finales de los cuatro políticos muestran su “actitud permanente de resistencia civil e institucional frente al orden constitucional”, lo que provoca que permanezca el riesgo de reiteración delictiva.

Asimismo, según los fiscales Javier Zaragoza, Conseuelo Madrigal y Fidel Cadena, se mantiene el riesgo de fuga, otro de los supuestos para mantener a un reo pendiente de sentencia en prisión provisional. El motivo, en este caso, no es nuevo –el propio tribunal ya lo había aducido en anteriores negativas a levantar la prisión provisional– y es la presencia de Carles Puigdemont y otros políticos catalanes en el extranjero.

A criterio de los fiscales, la permanencia del expresident en Bélgica muestra tanto la “demostrada capacidad para huir” de los líderes soberanistas, como su capacidad de subsistir en el extranjero. En palabras de los fiscales, los independentistas han demostrado tener “la posibilidad de contar con una estructura organizada con reconocida capacidad económica para soportar el coste por extendido que en el tiempo fuera de la aventura fugitiva”.

Queda por conocer la posición de los fiscales sobre los otros tres políticos y activistas soberanistas en prisión provisional, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Cuixart, que también pidieron esperar la sentencia del procés en libertad provisional. La contundencia del escrito sobre sus seis compañeros de banquillo hace que no se prevea un cambio en la posición de los fiscales.

En este sentido, los fiscales se detienen en especial en analizar las últimas palabras de los presos en el juicio del Tribunal Supremo. En sus respectivos alegatos finales, Forcadell aseguró que estaba siendo juzgada por su trayectoria política y no por sus actos; aunque al mismo tiempo confió en que el tribunal “reparara” la situación. Los tres presos de JxCat fueron los más contundentes: Sànchez consideró que los magistrados tienen “una responsabilidad, que es no agravar la crisis política”.

“Hasta ahora han decidido que no pueda ver crecer a mis hijos, pero no podrán impedir que les deje la dignidad de haber defendido ideas leales ni el testimonio de nuestro compromiso incansable para conseguir que puedan vivir en una república catalana”, aseveró Rull. “Quisimos sentar al Gobierno español a la mesa de diálogo y él nos sentó a nosotros en el banquillo”, apostilló Turul, que criticó a la Fiscalía por “confundir la discrepancia y la protesta con la falta de respeto y la violencia”.

Los fiscales resaltan la falta de “arrepentimiento”

La Fiscalía emplea esos tramos de las últimas palabras de los acusados –no menciona las llamadas al diálogo– para argumentar que persiste el riesgo de reiteración delictiva en los líderes soberanistas. “Lejos de cualquier sentimiento de arrepentimiento o contricción por la grave agresión al orden constitucional que protagonizaron –señalan los fiscales– los acusados han insistido hasta el final en el rechazo frontal a la restauración del orden jurídico por parte del Estado”.

Abundan los fiscales en que los acusados también reiteraron en sus últimas palabras su “absoluta convicción de que volverían a cometer los hechos delictivos que son objeto del procedimiento”. Cabe recordar sin embargo que Jordi Cuixart fue el único acusado que proclamó que “lo volveríamos a hacer”, precisamente porque sostenía que ninguno de los hechos que se le imputan es delito. La Fiscalía extiende las palabras de Cuixart al resto.

Por último, la Fiscalía recuerda que la prisión provisional no solo pretende asegurar la presencia de los acusados en el juicio, sino que también puede alargarse hasta que se dicte la sentencia. “El riesgo de fuga subsiste en la evidente posibilidad de frustrar la ejecución de la sentencia”, añaden los fiscales, que consideran “incluso más necesario” mantener la prisión provisional una vez finalizada la vista oral “ante la inminencia del dictado de la sentencia” para asegurar el cumplimiento de las posibles condenas. Más aún en este caso, ya que al ser juzgados en el Supremo la sentencia será inmediatamente firme.