El número dos de la empresa de obra pública de la Generalitat, Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, ha optado por guardar silencio ante el juez y no ha determinado si la caja fuerte investigada en el caso del 3% es suya o no. El motivo, según sus abogados, ha sido que el caso está bajo secreto de sumario. Sea o no de su propiedad, la caja fuerte que se ha abierto este martes en los juzgados del Vendrell (Tarragona), contiene 80.000 euros en efectivo, según han informado a la agencia Efe fuentes cercanas al caso.
Rosell y sus abogados, Andreu Van Den Eyden y Jordi Ventura, han estado siete horas en los juzgados de El Vendrell (Tarragona) para asistir a la apertura de una caja fuerte y cuatro maletines que los investigadores atribuyen al alto cargo de la Generalitat y en los que podría haber documentación relacionada con el caso del 3%, que investiga supuestas comisiones de empresarios a CDC a cambio de obra pública.
En declaraciones a los periodistas a la salida de los juzgados, Ventura ha afirmado que el caso está “bajo secreto de sumario”, cosa que ha motivado que su cliente se acoja a su derecho de no declarar, y ha dicho que esperará a que se levante para “explicar y dar justificaciones”. Esquivando el aluvión de preguntas de los periodistas sobre si su cliente había reconocido la propiedad de la caja fuerte, el letrado ha afirmado que los procesos de contratación de obra pública de la Generalitat se han hecho “correctamente”, al menos desde 2011, cuando Rosell regresó a la administración pública tras su etapa en la empresa adjudicataria del canal Segarra Garrigues.
El abogado ha remarcado que Rosell no forma parte del comité de 16 personas que decide las adjudicaciones de obra pública, sino que es uno de los miembros de un órgano inferior, la mesa de contratación, que sólo hace propuestas. “La mesa de contratación hace unas propuestas. No ejecuta, ni da órdenes ni decide”, ha remachado el abogado de Rosell
Los investigadores creen que Rosell se deshizo de la caja fuerte y los maletines entregándosela a un conocido, que a su vez se los hizo llegar a la Guardia Civil, antes de su detención el pasado miércoles, por lo que sospechan que esos objetos podrían contener información relacionada con el caso del 3 %. El letrado de Rosell cuestiona la validez de esos objetos como prueba, al entender que no se ha respetado la cadena de custodia ni está claro su origen.
Rosell fue uno de los detenidos el miércoles pasado en la operación que dirige el juez de El Vendrell para encontrar documentos y pruebas que demuestren, tal y como sostiene la Fiscalía, que empresarios pagaron comisiones del 3% en CDC a cambio de adjudicaciones de obras y servicios públicos por parte de administraciones controladas por la formación. El despacho de Rosell fue registrado, y además se detuvieron al tesorero de CDC, Andreu Viloca y directivos de las empresas Copisa, Urbaser, Rogasa, Construcciones, Grupo Soler, TEC4 y Oproler.
Aparte de su presunta implicación en el caso del 3%, en que se investigan las posibles comisiones a Convergència a cambio de obra pública, Rosell también está implicado en uno de los mayores sobrecostes de obra pública en Catalunya. Se trata del Canal Segarra Garrigues, que tal y como explicó Catalunya Plural, acumula un sobrecoste del 81%. Además, Rosell pilotó el proyecto tanto desde el mundo público como el privado, en un otros caso de puertas giratorias: era subdirector general de infraestructuras en el departamento de Agricultura cuando se comenzó el proyecto en 2002. Posteriormente, pasó a ser director general de ASG , la empresa concesionaria, pero cuando CiU recuperó el poder en el 2010 volvió al mundo público.