La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el conocido caso del 3% de presunta financiación ilegal de CDC que envíe la causa a la Audiencia Nacional. El motivo, indica el ministerio público en una nota, es la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los fraudes que produzcan una “grave repercusión” en la economía nacional o perjuicios patrimoniales en el territorio de más de una audiencia provincial.
La Fiscalía destaca que la investigación del caso “ha constatado la existencia de un elevado número de procedimientos de contratación que se habrían realizado de forma fraudulenta”. En la causa hay una quincena de imputados, entre constructores, los extesoreros de CDC Andreu Viloca y Daniel Osàcar (condenado por el caso Palau) y el exconseller del Govern de Mas Germà Gordó.
En concreto, Anticorrupción recuerda que el extesorero de CDC y de fundaciones afines, Andreu Viloca, llevaba un “control exhaustivo” de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública de la Generalitat de Artur Mas y de ayuntamientos convergentes, y que después controlaba los “pagos encubiertos” que las constructoras entregaban a CDC bajo la apariencia de donaciones a sus fundaciones.
Anticorrupción cita además el estudio preliminar de la Guardia Civil de las adjudicaciones investigadas, que concluye que de los 24 expedientes bajo sospecha se adjudicaron por 175 millones de euros. Las donaciones a fundaciones de la órbita de CDC que los investigadores han podido vincular a estos expedientes superan el millón de euros, mientras que también apuntan a dádivas como entradas a partidos de fútbol, viajes, noches de hotel y cacerías.
A criterio de Anticorrupción, podrían haberse cometido varios delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios de concursos, malversación, fraude contra la Administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos en concurso con una supuesta malversación y fraude contra la administración. Y considera que la complejidad y la magnitud del caso encajan con la competencia de la Audiencia Nacional para investigar las “defraudaciones” que generan una “grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía”.