El 1-O también lleva al banquillo a la segunda línea del Govern de Puigdemont
La causa judicial que sirvió de caballo de Troya al referéndum y alimentó la causa por rebelión del Tribunal Supremo ha dejado a un paso del banquillo de los acusados a 30 altos cargos de la Generalitat y empresarios. No se enfrentarán a cargos tan graves como los exconsellers presos, pero 20 de ellos si se expondrán a penas de cárcel por el delito de malversación y a una inhabilitación que los podría expulsar de los cargos públicos que ocupan ahora.
Dos meses después de asumir las pesquisas, la nueva titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha precisado los indicios delictivos de las 47 personas que permanecían imputadas en la causa, exculpando a 16. La instructora no se ha separado de la línea marcada por el juez fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer y ha vinculado a los procesados con “un plan común” soberanista. cuyo inicio sitúa en 2012 en el Govern de Artur Mas. Los altos cargos se pusieron, remarca la instructora, a las órdenes de los consellers para realizar “actuaciones ilegales” en los preparativos del 1-O.
La cuestión más acuciante para las defensas es reunir los 5,8 millones de euros de fianza que deberán abonar de forma solidaria los 17 procesados por malversación una vez el auto les sea notificado. Fuentes de las defensas han criticado que la mayor parte de las partidas comprometidas o destinadas al 1-O según la jueza de Barcelona ya formaban parte de la fianza que pagaron los exconsellers en el Tribunal Supremo.
“Si hay gasto solo puede ser uno, no se puede pagar dos veces”, resumían, apuntando además que la única partida nueva que la jueza aporta respecto a la fianza del Supremo son un millón de euros destinados a las obras de una nave anexa al Centro de Telecomunicaciones del Govern que se empezó a construir en marzo de 2017 –siete meses antes del 1-O– y se terminó de pagar con el 155 en vigor.
La cuestión de la fianza servía a las mismas fuentes para censurar lo que consideran una “causa general” contra el soberanismo, dividiendo en varios juzgados –Supremo, TSJC, Audiencia Nacional e instrucción 13 Barcelona– la investigación sobre un mismo asunto (el 1-O y el proceso soberanista). A las críticas en privado de los letrados se ha sumado en público la Generalitat, con Quim Torra a la cabeza. El president ha afirmado que el procesamiento es una “escalada en la persecución política al independentismo”.
Gastos y partidas concretas
Cada uno de los 30 procesados está relacionado por la jueza con un aspecto concreto de la votación. Los altos cargos del departamento de Presidencia como Antoni Molons –“el tal Toni” que han mencionado varios testigos en el Supremo–, Joaquim Nin o Jaume Clotet se habrían encargado de ejecutar los encargos de publicidad institucional del 1-O, que ascienden a más de medio millón de euros. Por ello han sido procesados por malversación y prevaricación.
A los que recibieron el encargo de los altos cargos pero no se opusieron a emitir los anuncios a sabiendas de que el 1-O ya estaba suspendido –la presidenta en funciones de los medios públicos catalanes, Núria Llorach; y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo así como el jefe de marketing de la corporación– se les procesa tan solo por desobediencia, que no implica cárcel.
En lo referente al censo del 1-O y al registro de voluntarios para la votación, los responsables serían el secretario general de la conselleria de Trabajo, Josep Ginesta; y el director del instituto de Estadística, Federic Udina; y los informáticos David Palanques, Xavier Puig, Daniel Gimeno y David Franco –procesados por malversación y revelación de secretos. Los gastos en estos conceptos ascenderían a 230.000 euros.
El auto también dedica un apartado a los casi 300.000 euros que habrían destinado o comprometido a pagar viajes, estancia y honorarios a observadores internacionales del 1-O. La jueza responsabiliza de ello al exdelegado de la Generalitat ante la UE, Amadeu Altafaj; el exsecretario general del Diplocat Albert Royo; el exsecretario general de Exteriores Aleix Villatoro y a la alto cargo de la conselleria Marta Garbasall.
La segunda mayor partida comprometida para el 1-O son los 979.661,96 euros que la Generalitat comprometió a la empresa Unipost para el envío de sobres y notificaciones del 1-O. La jueza vincula al exdirector general de Unipost Pablo Raventós y a Sutrias, Nin y a Ginesta con los envíos. Hacienda no incluyó este importe en su cálculo de la malversación y la empresa certificó que no reclama el dinero a la Generalitat porque las facturas se anularon. “La creación y anulación de facturas es un modo de evitar la acción de la justicia”, zanja la jueza.
El juez con el que empezó todo, exculpado
El auto de procesamiento se centra exclusivamente en gastos y hechos relacionados del 1-O. Ni rastro de las estructuras de Estado que han formado parte de algunos tramos de la instrucción –y a las que el juez Ramírez Sunyer circunscribió la investigación cuando dijo que no investigaba el referéndum en julio de 2017.
En este sentido, los dos querellados que dieron inicio a la causa, el juez y exsenador de ERC, Santiago Vidal, y el exvicepresidente del Constitucional y asesor de Puigdemont, Carles Viver Pi Sunyer, han quedado exculpados al no hallar la jueza suficientes indicios contra ellos. De esta forma, Vidal ha quedado libre después de que sus prolijas conferencias sobre el presunto robo de los datos fiscales por parte del Govern o la creación de un sistema judicial catalán permitieran abrir la causa.
Asimismo, el tercer cargo investigados desde el inicio, el exsecretario general de Hacienda Lluís Salvadó, ha quedado en un limbro procesal. La jueza no lo ha incluido en el auto de procesaminento por lo que no figura como imputado en la causa del juzgado de instrucción 13 y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), órgano competente para los aforados como él, tampoco le investiga por el momento, como sí hace con el exnúmero dos de Junqueras, Josep Maria Jové.
