El juez del 1-O de Barcelona obvia a la Audiencia Nacional e investiga también el delito de rebelión
Si una declaración judicial en domingo ya es algo inusual, todavía lo es más salir de la misma sabiendo que la causa está abierta por uno de los delitos más graves del Código Penal. Y eso es lo que pasó ayer en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona. El juez José Antonio Ramírez Sunyer comunicó de viva voz a tres trabajadores del CTTI imputados (investigados, según la nueva denominación) que el caso de los preparativos del 1-O también incluía el supuesto delito de rebelión.
Las palabras del juez fueron el último giro de la causa pero seguramente uno de los más sonados, habida cuenta de que la Audiencia Nacional se declaró como el tribunal competente para investigar el supuesto delito de rebelión cuando admitió la querella de la Fiscalía contra Carles Puigdemont y los consellers cesados. Esto provocó las críticas de las defensas y de varios colectivos de juristas y catedráticos de derecho penal, que consideraron que el caso debían instruirlo los juzgados de Barcelona.
La investigación se la quedó finalmente el Supremo por estar imputados en la causa aforados ante este último tribunal –Carme Forcadell y los exmiembros de la Mesa– y por el carácter “plurisubjetivo” de la rebelión, esto es, que en los hechos que se investigan –la declaración de independencia de Catalunya por la pura vía de los hechos consumados– han participado más de dos personas (el Govern, la Mesa y los líderes de Òmnium y la ANC).
Con todo, la pregunta de los abogados al juez Ramírez Sunyer de este domingo no versaba sobre los delitos de la causa, sino qué hechos concretos se imputaba a los investigados, según fuentes presentes en la declaración. La respuesta del juez, según las mismas fuentes, fue que los hechos se deducirían del interrogatorio. Sorpresa general entre algunas de las defensas de la veintena de investigados, que se quejaron de que a los investigados se les tienen que imputar hechos.
“Se pregunta por los hechos y la respuesta es una calificación jurídica. Es lo nunca visto. Una causa general, una indefensión total”, dice una de las defensas consultadas. Este último episodio supone un paso más en las discrepancias entre juez y abogados y abogadaa defensores a lo largo de toda la instrucción del caso desde que se abrió hace un año.
Las defensas vienen denunciando que la investigación del juez del 13 se solapa con la que realizan el magistrado Pablo Llarena en el Tribunal Supremo y la jueza Carmen Lamela en la Audiencia Nacional. Recuerdan en este sentido que el juez Ramírez Sunyer ha preguntado al Parlament por la condición de diputada (y por lo tanto, aforada) de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, cuando el Supremo ya la había citado para declarar para el 19 de febrero.
De los 26 investigados por Ramírez Sunyer, el Parlament respondió que los exaltos cargos de Economía Josep Maria Jové y Lluís Salvadó también son aforados, por lo que deberían ser citados por el TSJC o el Supremo. La Fiscalía, de hecho, pidió que Jové prestara declaración ante el Supremo, pero el juez Llarena no la acordó. Asimismo, las defensas también recuerdan que el exnúmero dos de Gobernación, Francesc Esteve, sigue imputado en el TSJC por la querella por la compra fallida de urnas contra la exconsellera Meritxell Borràs, pese a que no es aforado.
Algunas defensas llegaron incluso a recusar al juez Ramírez Sunyer, pero la Audiencia de Barcelona lo rechazó, y de hecho respaldó sin un solo reproche la investigación llevada a cabo por el magistrado.
El juez se reafirma en el blanqueo
Otra de las críticas de las defensas se basa en que el juez Ramírez Sunyer afirmó en julio que la causa no tenía “por objeto la organización política ni la convocatoria de un referéndum”, lo que no obstante no le impidió ordenar la operación del 20 de septiembre contra el 1-O. Además, las sucesivas pesquisas han hecho evidente que la causa se centra en el referéndum.
El último ejemplo es un auto del juez del pasado jueves, al que ha tenido acceso este diario. El juez anula la providencia por la que autorizó rastrear las cuentas de los investigados por el 1-O por si hubo blanqueo tras los recursos que plantearon las defensas, a los que se adhirió la Fiscalía, que advirtió que el rastreo de las cuentas debía hacerse mediante un auto motivado y no una providencia.
Solventada esta cuestión formal, el juez, en un auto, autoriza a la Guardia Civil para que acceda al fichero de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) para rastrear las cuentas y productos bancarios de los 26 investigados por los “indicios sobre su directa intervención en el 'referéndum' convocado y celebrado el 1 de octubre”.
Argumenta el magistrado que, pese a los informes de la Intervención de la Generalitat negando el uso de fondos públicos para el 1-O, “resulta necesario abrir nuevas líneas de investigación sobre los flujos monetarios y su destino”. Lo hace en base al delito de malversación, delito que también forma parte de la causa ante el Tribunal Supremo. Todo ello mientras este martes, un año después de iniciarse la causa, declarará como investigado el hombre con el que empezó todo: el exsenador de ERC Santiago Vidal.
