El juez del 1-O de Barcelona sigue investigando una rebelión pese a reconocer que no tiene indicios
El juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O ha vuelto a sorprender a las defensas. El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer ha comunicado que no ha dejado de investigar los delitos de rebelión y sedición, pero que de momento no le constan indicios de los mismos sobre los más de 40 imputado que acumula la causa. Y en caso de encontrar algún indicio, ha añadido, lo enviaría a la Audiencia Nacional por ser el tribunal competente para investigar ambos delitos.
La explicación del instructor se ha producido a raíz de un escrito presentado por el exdirector de estrategia del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI), Josuè Sallent, hombre de confianza del exvicepresident Oriol Junqueras y uno de los investigados en el caso. En concreto, Sallent pidió al juez que le aclarara por qué se habían “omitido” de un auto del pasado mes de agosto los delitos de rebelión y sedición, presentes hasta entonces.
La respuesta del juez llegó el pasado dos de octubre. “No se han dejado de investigar los delitos de rebelión y sedición sino que, por el momento y pese a que en su caso no correspondería la instrucción a este juzgado, no se han observado indicios de su participación en los mismos de los, hasta el momento, investigados en esta causa”, reza el auto de Ramírez Sunyer, al que ha tenido acceso este diario.
Las defensas consultadas han mostrado su satisfacción por la retirada de los cargos de rebelión y sedición, dos de los delitos más graves del Código Penal, sobre sus clientes, pero a la vez han manifestado su desconcierto por la alusión del juez a que sigue investigando una posible rebelión. Algunas fuentes lo vinculan con el hecho de que en las querellas de VOX y del abogado Miguel Duran que dieron inicio al caso incluyeron una amplia lista de presuntos delitos, entre ellos rebelión y sedición.
En cualquier caso, y a la espera de si la investigación arroja nuevos indicios, los cargos de rebelión y sedición en la causa de Barcelona ya estaban tocados desde hacía meses: el Tribunal Supremo rechazó en mayo los argumentos de Ramírez Sunyer para investigar por rebelión a los dos cargos de mayor rango de la causa del juzgado de instrucción 13, el exsecretario de Vicepresidencia Josep Maria Jové y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó.
La cuestión de la rebelión en la causa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que se ha convertido en la bestia negra del independentismo, ha sido polémica desde el inicio de la investigación. Cuando el pasado mes de febrero declararon los primeros imputados, el juez Ramírez Sunyer les comunicó que también investigaba una presunta rebelión, pese a que la Audiencia Nacional se había declarado el tribunal competente para investigar este delito en vez de los juzgados de instrucción ordinarios.
Ahora el juez Ramírez Sunyer se acoge al criterio de la Audiencia Nacional. De hecho, el instructor reconoce en el mismo auto que “pese a que muchos de los investigados se les informó de que lo eran por los delitos de rebelión y/o sedición, lo cierto es que tal y como expresó el ministerio fiscal [...] la Audiencia Nacional es competente” para investigar los presuntos delitos de rebelión y sedición. De ahí que Ramírez Sunyer añada que, si encuentra nuevos indicios sobre la comisión de estos dos delitos, enviará el caso a la Audiencia Nacional.
Con todo, cabe recordar que la competencia de la Audiencia Nacional –que envió a prisión provisional a los exconsellers el pasado mes de noviembre, antes de que el Supremo asumiera toda la causa por la presencia de diputados aforados– para instruir la causa por rebelión ha sido cuestionada tanto por las defensas de los dirigentes independentistas como por la mayoría de catedráticos de Derecho Penal de España.
Así las cosas, los delitos que quedan en instrucción 13 son, entre otros, desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y revelación de secretos por los preparativos y el censo del 1-O. En este sentido, el juez ha vuelto ha requerir a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, para que aclare si el Govern sufragó gastos del consorcio público–privado Diplocat para traer a observadores del 1-O, después de que la Guardia Civil haya afeado que la alta funcionaria “no haga ninguna mención” a las mismas en su primer informe.
Vidal declarará este martes como imputada, junto a otros investigados de la causa, como la expresidenta de la empresa de medios públicos catalanes, Núria Llorach, por la publicidad en TV3 del 1-O; el director del instituto de estadística catalán, Frederic Udina, por el censo de la votación; y la exresponsable de procesos electorales de la Generalitat, Meritxell Masó. Todos ellos ya libres, por ahora, de la rebelión.
