El grupo de investigación de la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Teresa Freixes otorgó a una empresa de su familia contratos derivados de su función académica. La sociedad Instituto Europeo de Derecho, que ha estado administrada por Freixes y por su hija, fue contratada en varias ocasiones por el grupo de investigación capitaneado por la catedrática, que adjudicó sumas de dinero en parte procedentes de fondos europeos. La UAB ha abierto un expediente para esclarecer si hubo irregularidades en estas contrataciones.
El conjunto de contratos suscritos a favor de Instituto Europeo de Derecho por parte del grupo de investigación de Freixes es, hasta el momento, desconocido. Sin embargo, eldiario.es ha podido recabar información de al menos uno de estos proyectos, con el nombre de 'Gender violence: protocols for the protection of victims', llevado a cabo entre 2013 y 2015 y en el que figura ella como investigadora principal. Según la documentación obtenida, para este proyecto el Grupo de Investigación consolidado en Derecho Constitucional Europeo, que dirige Freixes, realizó hasta cuatro contratos por un valor total de 18.347 euros.
La sociedad Instituto Europeo de Derecho fue fundada en el año 1996, apareciendo como administradora de la empresa la propia Freixes entre 1997 y 2002. En el periodo comprendido entre 2002 y 2006 el administrador único fue Jose Carlos Remotti, exmarido de Freixes y también académico en su misma universidad. Desde 2006 hasta la actualidad, es Nuria Saura Freixes, hija de la académica, quien toma las riendas de la empresa. La sociedad ha tenido en los últimos años una actividad mínima, con un volumen de negocio en 2015 que quedó en 13.500 euros y, en 2014, en 64.300. En su haber tiene un solo empleado.
eldiario.es se ha puesto este martes en contacto con Teresa Freixes para recabar su versión, pero la catedrática ha rechazado contestar a ninguna de las preguntas alegando que toda la información está “sujeta al secreto de la instrucción” del expediente. “No puedo contaminar de ninguna forma el expediente”, ha zanjado.
La UAB ha abierto un expediente informativo a Freixes después de que eldiario.es reclamara el conjunto de justificaciones de gastos y las facturas de los proyectos de investigación de la académica. Con todo, la Universitat Autònoma de Barcelona se niega desde hace 10 meses a entregar el conjunto de información disponible sobre Freixes. La comisión de transparencia de la Generalitat (GAIP) ha emitido resoluciones que obligan a la entidad académica a facilitar los archivos bajo sospecha a este diario, hasta el punto de que, en enero de este año, la citada comisión advirtió de las posibles consecuencias sancionadoras contra la Universidad. Pero la UAB continúa ocultando la información reclamada.
El expediente, que se encuentra en fase informativa, lo abrió la UAB el pasado 12 de febrero, según ha confirmado la misma institución. Su objetivo, aseguran fuentes de la Universidad, es recabar todos los detalles sobre las ejecuciones de presupuesto del grupo de investigación para comprobar si aparecen en ellas “irregularidades” en las contrataciones. Rechazan dar más detalle sobre lo que motiva el procedimiento, aunque fuentes conocedoras informan a eldiario.es de que tiene que ver, entre otros, con la empresa familiar.
Los trabajos prestados por la empresa al Grupo de Investigación, según la documentación de la que dispone eldiario.es, responden a conceptos como “revisión de textos y supervisión de legislación”, “diseño, supervisión lingüística y edición electrónica” o, la más cuantiosa, “recopilación disposición ilegal”. El Instituto de Derecho Europeo las asume en tanto que consultoría “que realiza investigaciones, proporciona opiniones de expertos, prepara publicaciones y proyectos y realiza otras actividades relacionadas con el Derecho público y privado, europeo y comparado”, según se definen en su web.
Teresa Freixes, nacida en 1950 en Lleida, es un académica con amplio prestigio y trayectoria en el área del derecho constitucional. Ha dirigido decenas de investigaciones académicas con el grupo creado por la UAB para tal fin, figurando como investigadora principal en la mayoría de ellas. eldiario.es ha tenido acceso a parte de la justificación de gastos del grupo de investigación que la académica registró ante la Universidad Autónoma con motivo de cinco proyectos, en los que figuran las citadas contrataciones con el Instituto Europeo de Derecho, así como gastos destinados a particulares identificadas con siglas que coinciden con las de algunos de sus hermanos.
Freixes ostenta además desde 2003 una cátedra Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo, una distinción que otorga la Comisión Europea vinculada a programas y proyectos de difusión de la integración europea. En su caso, la UAB mantiene, según su web, un convenio con la Fundación Universitaria Martí l'Humà, que la misma Freixes presidió, para canalizar algunas de estas actividades.
Familiares entre el profesorado y los colaboradores
Los indicios de posibles irregularidades en el uso de fondos públicos de Freixes van más allá del proyecto citado, y se extienden a otros aspectos de su actividad académica. La catedrática ha liderado un grupo de investigación sobre derecho constitucional en la UAB en el que figura su propia hija, Nuria Saura, contratada a su vez por la Universidad como profesora asociada. Además, otros tres hermanos suyos han colaborado en sus proyectos: Jordi, Javier y Miracle Freixes.
La hija Nuria Saura es técnica de apoyo a la investigación en el grupo de Freixes desde 2010, puesto al que accedió tras superar un concurso de méritos. El tribunal que evaluó su candidatura estaba integrado por tres miembros que eran colaboradores permanentes en el mismo grupo académico, entre ellos Yolanda Gómez, conocida catedrática de Derecho Constitucional de la UNED y que dirigió su tesis. Saura compagina este trabajo con el de profesora asociada en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Derecho Constitucional, en la misma UAB, lo que la convierte en lo que en el sector se considera una “falsa asociada”.
Como Nuria Saura, Jordi Freixes, en su caso hermano de la catedrática, también es profesor asociado en el departamento Ciencia Política y Derecho Público. En ambos casos, la UAB asegura a eldiario.es que acceden a este puesto anualmente a través de un concurso acorde a la normativa de la universidad, aunque rechazan detallar desde cuando ejercen como profesores al considerar que “la antigüedad es un dato personal que corresponden al interesado divulgar o no”.
Entre los colaboradores del grupo de investigación de Teresa Freixes constan además otros dos de sus hermanos. Por un lado está Javier Freixes, que también es jurista, y que ha participado en proyectos de la catedrática como “Protection of the gender-based violence victims in the European Union” o “Constitucionalismo multinivel y relaciones entre Parlamentos”, según la web del grupo de investigación. Del otro, está Miracle Freixes, que no es del ámbito del derecho sino que es profesora de francés, que ha tomado parte en el programa ARIE “Ciutadania i Drets Fonamentals”, de nuevo según el portal del grupo.
La UAB ha argumentado a eldiario.es que estas colaboraciones están justificadas por su ámbito de conocimiento académico y que no han de ser necesariamente remuneradas. “Hay distintas modalidades de colaboración no sometidas a retribución; actualmente este grupo de investigación cuenta con más de 60 colaboradores externos y todos ellos y ellas tienen carreras académicas y currículums contrastados”, precisan fuentes de la universidad. Jordi Freixes es por ejemplo letrado del Consell de Garanties Estatutàries.
En el caso del proyecto “Constitucionalismo multinivel y relaciones entre Parlamentos” sí aparecen pagos a las siglas JFM, que de acuerdo con el DNI que aparece en la documentación recabada corresponden a Javier Freixes Montes. Se le abonaron el 9 de diciembre 2011 un total de 1.271,19 euros por el concepto “soporte y revisión primera versión” y, el 26 de junio 2012, 1.000 euros por el concepto “revisión galeradas en publicación”. Aparece un tercer pago, por un motivo calcado a este último, el 25 de septiembre de 2012, aunque sin montante alguno.