El juez deja a Artur Mas a un paso de ir a juicio por desobediencia y malversación por el 9-N
Artur Mas está este martes más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. El magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC), Joan Manel Abril, ha cerrado la instrucción del caso y ha ordenado continuar la tramitación de la causa contra el expresident de la Generalitat y las exconselleres Joana Ortega e Irene Rigau por los presuntos delitos de desobediencia grave y prevaricación administrativa.
El juez da ahora diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares (que lideran dos sindicatos policiales que sustituyeron a Manos Limpias) para que soliciten la apertura de juicio oral a través de su escrito de acusación o, por el contrario, pidan archivar la causa o diligencias complementarias. Si todo sigue según lo previsto, ambas partes pedirán llevar a juicio a Mas, Ortega y Rigau.
El magistrado ha desestimado así la petición que hicieron en marzo los tres políticos para archivar el caso. Los imputados alegaron que el 9-N no era un referéndum para obtener “un mandato democrático”, sino un proceso participativo que quedó “por completo” en manos de voluntarios tras su suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) del 4 de noviembre de 2014.
El magistrado discrepa de esta tesis y considera que hay suficientes indicios de que la Generalitat siguió adelante con la consulta después de la suspensión del Constitucional. “Bajo la cobertura formal de la actuación del voluntario, sí se llevaron a cabo actuaciones contrarias a la providencia” del Constitucional que impedía celebrar la votación del 9-N, resuelve el magistrado.
En el auto, Abril concluye que la providencia del Constitucional “no dio lugar a la suspensión o resolución de los contratos con empresas privadas” que la Generalitat firmó para llevar a cabo la consulta. En consecuencia, Mas y las exconselleres “se negaron abiertamiente a dar cumplimiento al mandato del Constitucional de modo intencional y consciente”, según expone el juez.
“Pese a la suspensión decretada de llevar a cabo la consulta y de las operaciones de preparación de la misma, los contratos fueron llevados a término”, enfatiza el juez. El magistrado da especial relevancia a dos contratos que mantuvo la Generalitat. El primero, con la empresa T-Systems, que la Generalitat contrató la instalación de programas informáticos para la consulta. El segundo, el convenio con un Centro de Reinserción de presos (CIRE) por el que se fabricaron las urnas de cartón del 9-N.
Tal y como ya se había puesto de relieve durante la instrucción, el auto relata cómo T-Systems remitió una carta al director gerente del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI), Jordi Escalé, para saber si su encargo se había visto afectado por la suspensión del 9-N. Escalé respondió que “ninguna de las actividades” del encargo “resultan explícitamente afectadas” por la resolución del Constitucional. Asimismo, el juez asegura que la Generalitat no canceló el convenio de 50.317,31 euros con el CIRE de Lleida para que se fabricasen las urnas del 9-N.
El magistrado concluye que hay que seguir la causa contra Mas porque el expresident “consintió y no paralizó los diferentes procedimientos de contratación [para celebrar la consulta], algunos tan evidentes como la preparación de un centro de prensa en Montjuïc”. Asimismo, destaca que les conselleres actuaron de forma coordinada con el expresident.
