La decisión de los diputados presos de JxCat de no renunciar a sus actas allana la investidura de Sánchez
La suspensión de los cuatro diputados independentistas procesados por rebelión, tomada por la Mesa este viernes tras haber conocido el informe favorable de los letrados del Congreso, ha dejado un escenario inédito en el que la Cámara Baja pierde cuatro de sus 350 votos, a no ser que los diputados suspendidos decidan renunciar a su escaño. Una opción que al menos los tres representantes de JxCat, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, no tienen intención de hacer, según explican fuentes de la formación catalana.
La importancia de este gesto es que, con tres diputados sin opción a votar en contra, la investidura de Pedro Sánchez podría quedar solucionada al margen de los grupos independentistas. La previsión en el PSOE es contar con los apoyos de Unidas Podemos, el PNV, Compromís y los regionalistas de Cantabria, una suma de 173 escaños. Si Coalición Canaria opta por la abstención, el bloque del 'no' sumaría 175 votos, pero los tres de JxCat estarían suspendidos y no podrían pulsar el botón. Con esta suma, Sánchez podría ser cómodamente investido en segunda votación por mayoría simple de 173 contra 172 diputados.
“No los hemos puesto en las listas para hacerlos dimitir ahora”, explican fuentes de JxCat, que recuerdan que en el Parlament de Catalunya tampoco permitieron que fueran sustituidos. Tanto entonces como ahora consideran que renunciar es acatar una suspensión que ven injusta al entender que, como electos, tienen “todos sus derechos políticos intactos”. En la formación de Carles Puigdemont reconocen que sabían que esto podía suceder, pero también explican no esperaban que ocurriera tan rápido, ni tampoco que lo acordara directamente la Mesa sin pasar por el pleno. “Es el poder Judicial tomando las riendas de un Parlamento”, opinan.
En ERC comparten la indignación por la decisión tomada por la Mesa y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pero no se ve de la misma forma la necesidad de que Junqueras mantenga un acta inservible en la práctica. El líder republicano, que ya anunció su abandono del Parlament para poder convertirse en diputado del Congreso, siempre ha mantenido como prioridad llegar al Parlamento Europeo, una cámara que ven mucho menos condicionada por los tribunales españoles.
Por esta razón, fuentes republicanas aseguran que el paso lógico para Junqueras sería dejar su escaño en el Congreso para poder coger el acta europea. Con todo, en estos momentos desde ERC aseguran que no decidirán el futuro de su líder en la Cámara Baja hasta pasadas las elecciones, cuando Junqueras sabrá si puede considerarse diputado europeo electo.
Debido al deseo de Junqueras de no perder en ningún caso su condición de electo, necesita encadenar la renuncia a un escaño con la toma de posesión del siguiente. Por eso, en el caso del de ERC el calendario es especialmente importante. Según la ley electoral, la Junta podrían tardar como máximo 20 días después de las elecciones hasta proclamar a los diputados electos, momento en el que tendrían cinco días para pasar a recoger sus actas. Eso significa que, si Batet y Sánchez aceleraran los trámites al máximo, podrían celebrar el pleno de investidura antes de que Junqueras fuese sustituido.
Sin sustitución en el Congreso
La decisión que ha tomado este viernes la Mesa del Congreso no ha cogido por sorpresa a los grupos independentistas, pese a que no hay antecedentes de una decisión de este tipo. Ni siquiera en el Parlament la suspensión de los diputados hizo alterar las mayorías existentes, ya que fue el propio magistrado Llarena, que instruía la causa, quien reclamó a la Mesa que buscara la fórmula para no alterar las proporciones surgidas de las elecciones.
La solución de compromiso acabó siendo doble. Por un lado, una votación en el pleno en el que los independentistas denegaron las suspensiones, que acabó quedando en papel mojado. La segunda, una fórmula de sustitución de los diputados suspendidos aprobada gracias a los votos de ERC y el PSC. Gracias a esto, los votos de los representantes encarcelados no se perdían, sino que podían ser ejercidos por un compañero de su grupo. Este mecanismo se habilitó gracias a un precepto del reglamento catalán, que prevé la delegación de voto.
En el Congreso, en cambio, esta posibilidad no existe. Tampoco en este caso el magistrado encargado de la tutela de los presos ha dado ninguna indicación a la Mesa sobre la necesidad de garantizar o no las mayorías salidas de las urnas. En el informe de los letrados sí hay una referencia para que la Mesa aclare el alcance de estas suspensiones, que sin embargo en la decisión final no han tenido respuesta.
