La salida del país buena parte de los miembros cesados del Govern catalán ha dividido la toma de decisiones del independentismo entre Barcelona, donde quedan las direcciones de los partidos, y Bruselas, donde se encuentran Carles Puigdemont y otros cinco consellers destituidos. ERC y PDeCAT ya han anunciado que no piensan renunciar a presentarse a las elecciones del 21 de diciembre, pero esperan las noticias belgas antes de lanzarse a idear candidaturas.
La idea de la salida hacia Bélgica responde, entre otras cosas, al objetivo del llamado Estado Mayor del 'procés' de preservar la figura del president como institución activa pero en el exterior hasta las elecciones. Según explican fuentes cercanas al Govern, Puigdemont es consciente de que será difícil que Bélgica lo acepte como exiliado político, pero le permitirá ganar tiempo mientras el escenario electoral se impone.
Tanto los republicanos en primer lugar como después los exconvergentes explicaron este lunes que veían en el 21D una forma de consolidar en las urnas la agenda independentista. El PDeCAT fue explícito a la hora de asegurar que se presentarían, mientras que ERC optó por decir que participarían, sin concretar si lo harán con una candidatura. También en la CUP se decantan por no dar la espalda a los comicios, aunque la decisión final la tendrán sus bases.
La decisión que tomen los anticapitalistas pesará en la fórmula que se proponga para concurrir. Pero, por el momento, ERC y PDeCAT han preferido no comenzar este debate. Ambos partidos, junto a las entidades ANC y Òmnium, han mantenido “contacto permanente” este fin de semana, según explican fuentes soberanistas. Según explicó La Vanguardia, incluso se llevó a cabo una reunión presencial del llamado Estado Mayor en una casa del Alt Empordà.
Elecciones y no agresión
Fue en esos contactos que tuvieron lugar el fin de semana cuando los partidos y entidades llegaron a dos acuerdos tácitos. El primero era renunciar a sacar a sus bases a la calle este lunes, evitando una estrategia de resistencia en las sedes de la Generalitat. En cambio de esto, optaron por comenzar a aceptar el marco electoral hacia las elecciones del 21D impuestas desde el Ejecutivo central.
Esta asunción del marco electoral ha sido explicada este lunes en la reunión mantenida con los diputados del grupo de JxSí. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Lluís Corominas, Marta Rovira y Lluís Guinó han presidido un encuentro en el que el mensaje central ha sido una defensa de la participación de los partidos en las elecciones.
El segundo de los compromisos es un pacto de no agresión entre independentistas al menos hasta la fecha electoral, dejando para más adelante la negociación sobre el tipo de candidatura o candidaturas que presenten o las que den apoyo desde fuera. Tanto PDeCAT como ERC han reunido este lunes a sus más altos órganos de dirección, y la consigna ha sido esperar al mensaje que Puigdemont envíe desde Bruselas este martes, día en el que es costumbre que se celebren las reuniones del Govern.
Sensación de desbandada
Pese a esto, en ciertos sectores del soberanismo cundía este lunes cierta sensación de desbandada. Por lo que se sabe, Puigdemont está en Bruselas junto a otros 5 consellers cesados: Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Toni Comín, Meritxell Serret y Dolors Bassa. Además Oriol Junqueras y Josep Rull han hecho presencia pública en Barcelona. Los otros 6 no han sido vistos. Junqueras explicó este lunes en una entrevista en TV3 que durante el día se había visto con Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Carles Mundó.
No se tiene noticia, por tanto, de Clara Ponsatí ni de Lluís Puig. Fuentes soberanistas no descartaban que al grupo de Bruselas puedan unirse nuevos nombres en las próximas horas.
Carles Puigdemont ha dado carta blanca a su gabinete para que cada miembro opte por la vía que más le convenza, entre quedarse en Catalunya, salir o intentar la vía del asilo político en Bélgica. La opción belga garantiza, según creen, que un juez del país examine los cargos que hay sobre ellos antes de aceptar una orden de extradición de las autoridades españolas.
Entre esos cargos, que ha presentado este lunes el Fiscal General del Estado Jose Manuel Maza, están los delitos de malversación, sedición y rebelión. Las penas de prisión aparejadas a algunas de estas figuras penales se sitúan entre los 15 y los 30 años, tratándose de la denuncia más importante interpuesta por la Fiscalía en democracia. Estas acusaciones no solo pesan sobre los miembros del Govern, sino también sobre 5 miembros de la Mesa: Lluís Guinó, Anna Simó, Simona Barrufet y Joan Josep Nuet, además de la presidenta Carme Forcadell. A esta última nadie la avisó de la salida de Catalunya de los consellers.