Los exconsellers ven en el Supremo una vía para intentar salir de la cárcel
Casi todos los presos quieren salir de la cárcel. Los ocho exconsellers de la Generalitat, en prisión incondicional desde el pasado 2 de noviembre, no son una excepción. Para lograrlo, los políticos ven una posibilidad en el Tribunal Supremo, al que algunos ya han pedido que se quede con su causa en la Audiencia Nacional para investigarla junto a la que afecta a la Mesa del Parlament. El objetivo, evitar la “disparidad de criterios inaceptable” entre ambos tribunales. Una vez la causa esté en el Supremo, las defensas pedirán la puesta en libertad de los exconsellers.
Fuentes jurídicas reconocen que en la Audiencia Nacional, tribunal que los exconsellers no consideran competente para investigar el delito de rebelión, hay poco que hacer, visto lo sucedido el caso de los líderes de Òmnium y la ANC –prisión incondicional confirmada en dos ocasiones– y el trato recibido por los exconsellers por parte de la magistrada Carmen Lamela. Sin embargo, no todas las defensas descartan volver a declarar ante la Audiencia Nacional, un derecho que tienen todos los imputados.
Recuerdan las mismas fuentes además que la pérdida del aforamiento por parte de los exconsellers, y en consecuencia la posibilidad de ser investigados en la Audiencia Nacional, fue provocada por la aplicación del 155 y su cese decretado por el Gobierno central. Históricamente el Supremo ha separado las causas y ha investigado sólo la parte que afectaba a los aforados, por lo que convencer al magistrado Pablo Llarena no va a ser fácil.
Por su lado, la Fiscalía no había decidido este viernes su posición concreta sobre la petición de Forcadell para agrupar toda la causa en el Supremo, han informado fuentes fiscales. Cabe recordar que, en un comunicado, el ministerio público ha subrayado las diferencias entre los miembros del Parlament y los del Govern para no oponerse a la decisión del magistrado Llarena sobre Forcadell.
El magistrado, en el auto por el decretó prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell, limitó el alcance de su investigación a los miembros de la Mesa y a la actividad parlamentaria en favor de la independencia “a diferencia de lo que pueda ocurrir con quienes aparecen involucrados en el proceso secesionista, pero son objeto de investigación en otros procedimientos”. Esto es, Puigdemont y los exconsellers. Lo que sí ha hecho Llarena es reclamar el caso Forcadell que instruía el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Las defensas de los ocho exconsellers encarcelados, compuestas por hasta cuatro abogados que representan a políticos de dos partidos, ERC y el PDeCAT, buscarán a lo largo de este fin de semana y los próximos días coordinar su estrategia, tanto si el caso llega al Supremo como si se mantiene en la Audiencia Nacional.
En este sentido, resulta significativo que los exconsellers del PDeCAT encarcelados han optado por relevar de su defensa al abogado Jaume Alonso-Cuevillas, catedrático de derecho procesal, y han contratado a los más reputados penalistas de Barcelona.
El cambio de abogados comporta que en la causa por rebelión en la Audiencia Nacional a Josep Rull y Jordi Turull les represente Jordi Pina, del bufete Molins & Silva, que también defiende al líder de la ANC en su causa por sedición. A Joaquim Forn lo llevará Daniel Pérez-Esqué, del despacho de Cristóbal Martell, y a Meritxell Borràs el abogado Xavier Melero. Todos ellos penalistas con décadas de experiencia sobre sus togas, tanto en casos de corrupción como en causas políticas –Melero y Pina defendieron a Artur Mas y a Irene Rigau en el caso 9-N.
Los exconsellers de ERC, por su lado, mantienen al frente de su defensa a otro experimentado penalista, Andreu Van den Eynde, que también representa a Carme Forcadell, y que tras su salida de la Audiencia Nacional aseguró que “nunca en 20 años de profesión” un juzgado había citado a su cliente con 24 horas de antelación, como la magistrado Lamela.
A diferencia de los exconsellers en la Audiencia Nacional, Forcadell y los miembros de la Mesa sí respondieron a las preguntas de la Fiscalía del Supremo. Además, cumplieron los criterios fijados por Maza para evitar la prisión incondicional: asumir el 155 y su destitución, reducir la DUI a una mera declaración de voluntad y comprometerse a no defender la independencia fuera del marco constitucional. Los exconsellers no lo hicieron porque no contestaron al ministerio público, algo que tiene probabilidades de no repetirse.
