El exdelegado de la Generalitat en Suiza se niega a declarar ante la jueza por los observadores del 1-O
El delegado de la Generalitat en Suiza, Manuel Manonelles, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante la jueza que lo investiga por su presunta participación en la contratación de observadores internacionales para el referéndum. En la última ronda de declaraciones antes del verano de la causa que investiga los preparativos del 1-O, la jueza Alejandra Gil solo ha tomado declaración a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, ya que otros dos investigados también se han negado a declarar.
La jueza considera que Manonelles podría haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia por un expediente de contratación que la delegación de Ginebra firmó el 31 de agosto de 2017 con The Hague Center for Strategic Studies (HCSS), fundación que ya formaba parte del caso: el exdelegado de la Generalitat en Bruselas, Amadeu Altafaj y altos cargos de Exteriores y del Diplocat ya fueron procesados por contratos con The Hague Center. Los procesados no niegan los pagos, pero los desvinculan del 1-O.
Cabe recordar que la jueza decidió imputar a Manonelles, a petición de la Fiscalía, cuando ya había procesado a 30 altos cargos y empresarios por la preparación del 1-O, lo que, sumado a la resolución pendiente de varios recursos, retrasará el juicio de esta causa iniciada a principios de 2017.
Hasta que el Tribunal de Cuentas no empezó a analizar todos los gastos del Govern en el procedimiento contra Carles Puigdemont y los exconsellers, la Guardia Civil solo había hallado pagos de la Generalitat al HCSS mediante la delegación ante la UE. Ahora se han descubierto otras transferencias de unos 170.000 que efectuó la delegación en Ginebra tres meses antes del 1-O.
Por esta misma contratación al HCSS, la juez volvió a citar para este lunes como imputados a tres altos cargos ya procesados: el director general de Relaciones Institucionales, Aleix Villatoro; la directora de servicios de Exteriores, Marta Garsaball; y la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal. Solo ésta última ha declarado ante la jueza, y ha alegado que no pudo frenar los contratos porque el análisis contable que realiza la Intervención se hace a posteriori y no antes de los pagos.
