El exdirector general de Unipost niega ante el juez pagos de la Generalitat por el 1-O
El Govern no llegó a pagar ni un solo euro a Unipost por servicios relacionados con el 1-O. Lo dice la Guardia Civil, la Interventora de la Generalitat y, desde este miércoles, el exdirector general de la empresa de mensajería, Pablo Raventós. El empresario ha declarado como imputado (investigado, según la nueva denominación), ante el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum. Sólo ha contestado a las preguntas de su abogado y ha asegurado que el Govern no abonó “nada”, han informado fuentes judiciales.
Unipost está en el punto de mira de la investigación por haber facturado presuntamente 979.661,96 euros a la Generalitat por repartir cartas certificadas a los componentes de las mesas electorales del 1-O y 5,3 millones de tarjetas censales. Los envíos no se llegaron a producir porque la Guardia Civil lo impidió en los días previos al referéndum.
Raventós, despedido de la empresa por los administradores concursales, sí ha dicho que llegaron a elaborar presupuestos por encargos, que no se llegaron a efectuar ni a cobrar. Unipost, actualmente en fase de liquidación, mantenía un contrato con la Generalitat desde 2015 para gestionar los servicios de mensajería de distintas conselleries. La Guardia Civil sospecha que sobre este contrato marco se habrían enmascarado las facturas del 1-O.
No obstante, en su último informe presentado ante el Tribunal Supremo (el magistrado Pablo Llarena, al igual que Ramírez Sunyer, investiga si hubo malversación el 1-O) el instituto armado constató que las facturas intervenidas en Unipost “no se han registrado en el Registro Contable de Facturas de la Generalitat y tampoco constan como abonados los importes de las mismas”. Misma tesis han sostenido la Interventora de la Generalitat en sus sucesivos informes que niegan la malversación.
Este miércoles también ha declarado como investigado un exjefe de operaciones de Unipost, al que la Guardia Civil señaló como “conocedor” de la llegada de los certificados a los miembros de las mesas del 1-O. Felipe A.S. ha negado ante el juez saber si los envíos programados correspondían al referéndum, según las mismas fuentes.
Ha asegurado que envió un mail el 15 de septiembre en el que comunicaba a un empleado la llegada de unos certificados para el día siguiente que se tenían que procesar “lo más rápido posible” porque así se lo ordenó un superior. El encargo, ha añadido, se limitaba a transmitir que se tenía que preparar un operativo para enviar unos certificados, sin especificar si eran de la Generalitat o de otro cliente de Unipost.
De hecho, ha añadido que estaba de vacaciones cuando los agentes se incautaron de 45.000 sobres con notificaciones a miembros de mesas electorales en una oficina de la empresa en Terrassa (Barcelona). También han declarado como testigos cinco trabajadores de la empresa, a los que el juez, según fuentes presentes en la declaración, ha llegado a preguntar si movieron los palés con las notificaciones del 1-O.
