Los exresponsables económicos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se han desvinculado de las donaciones que empresarios realizaron a fundaciones afines al partido. En su declaración como imputados este lunes ante la Audiencia Nacional en el caso del 3%, Francesc Sànchez, Carles del Pozo y Anna Dolors Benítez han negado conocer el sistema de “caja única” que conectaba las fundaciones CatDem, Forum Barcelona y CDC, según la Fiscalía Anticorrupción.
El titular del juzgado central de instrucción 5, José de la Mata, ha empezado a interrogar este lunes a 23 imputados del caso del 3%, en el que se investiga si las donaciones aportadas por empresarios a través de las fundaciones de CDC acababan en las arcas del partido a cambio de concesiones de obra pública en Catalunya.
Los tres excargos económicos del partido han reconocido que no había ningún tipo de filtro a la hora de controlar las donaciones que recibían las fundaciones del partido, pero se han escudado en que la normativa del momento de los hechos (2008-2013) no obligaba a un control estricto sobre el origen de los fondos. Según los imputados, no tenían ninguna responsabilidad sobre quiénes hacían las donaciones y, por tanto, les era imposible conocer si los donantes eran personas o empresas inmersas en procesos de licitación de obra pública.
Los investigadores sitúan a Sànchez como el “conseguidor” o “mediador político” de la trama, esto es, el responsable de reunirse con empresarios para “informarles” de los detalles de las licitaciones de obras. Sànchez ha reconocido las reuniones, pero ha negado que estuvieran vinculadas a adjudicaciones. Asimismo, ha rechazado ser el “Fernando” con el que, en clave, se referían a él dos empresarios.
Los tres investigados han defendido la labor al frente de la tesorería del partido de dos de los principales imputados en la trama, los extesoreros Andreu Viloca y Daniel Osàcar (este último, ya condenado por el caso Palau). “Hicieron las cosas correctamente y así se nos trasladó en su momento”, ha dicho Sànchez a la salida de la Audiencia Nacional.
Sànchez, Benítez y Del Pozo han indicado que a las facturas que CDC giraba mensualmente a CatDem se les asignaban conceptos “genéricos” o “vagos” y siempre con los mismos importes, con lo cual no se pueden conectar con las donaciones, y que era Germà Gordó, exgerente, el que se encargaba de estas facturas. También han remarcado que la estructura económica de CDC coincidía con la estructura económica de las fundaciones del partido, de modo que, según fuentes presentes en la declaración, no han dejado del todo claro quiénes eran los responsables de hacer el seguimiento efectivo de los donantes, informa Europa Press.
El fiscal del caso, José Grinda, ha solicitado al magistrado que reclame a CDC aclaración de las facturas mensuales que se giraban a CatDem con el fin de dilucidar si las donaciones servían para financiar a la formación soberanista a cambio de adjudicaciones. El sistema de facturación a las donaciones funcionó desde 1996 y los tres investigados han destacado la importancia de estos ingresos en los años en los que Germà Gordó ejerció la Gerencia del partido debido a su “marcado peso político” y su “personalidad”. Cuando Gordó dejó este cargo, en 2011, apreciaron una merma de los ingresos vía fundaciones.
Tras los interrogatorios de los tres imputados, Montse Vinyets, abogada de la CUP, partido que ejerce la acusación popular en esta causa, ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, su extrañeza de que no se hiciese una “monitorización” de las donaciones y que el objetivo es averiguar si existió una “trazabilidad entre donaciones, fundaciones y procesos de adjudicación”.