“El técnico es un hijo de puta, lo estoy extorsionando”: las presiones del secretario de deporte del Govern para otorgar subvenciones
La Diputación de Barcelona ya no es la única institución afectada por la investigación del presunto fraude en subvenciones y convenios a entidades afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El juez Joaquín Aguirre ha enfocado las pesquisas hacia la Generalitat, en concreto a la secretaría del deporte, que depende de la conselleria de Presidencia, y a la sociedad pública Equacat, que gestiona el Canal Olímpic de Castelldefels (Barcelona). Lo ha hecho tras analizar los mensajes entre dos de los principales investigados, el secretario general del deporte del Govern, Gerard Figueras (PDeCAT), y el exsecretario de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas, sin ningún cargo institucional pero responsable de dos de las fundaciones que recibieron fondos públicos bajo investigación, Igman y Catmón.
Terradellas es uno de los investigados por malversación desde el inicio del caso. Fue detenido y puesto en libertad en una operación en mayo de 2018, en la que el juez ordenó el volcado de su móvil. De ahí afloraron los mensajes que envió a Carles Puigdemont pero también a Figueras y que fueron incorporados al sumario del caso, al que ha tenido acceso eldiario.es. En el intercambio de mensajes, entre enero y marzo de 2018, Terradellas insiste a Figueras para desbloquear el desembolso de fondos públicos para un proyecto de las fundaciones en Bosnia.
“¿No habéis pagado, no?”, pregunta Terradellas el 11 de enero. Figueras pone como excusa para no abonar las subvenciones que hay “un técnico” que no da su visto bueno al proyecto porque falta documentación. “Es un hdp [siglas de hijo de puta, fdp en el original catalán] y no me puedo saltar su firma”, apostilla Figueras, que tilda de “pesadilla” la situación pero asegura que solo falta “un cojones de ficha técnica” para desbloquearla.
“Tengo el dinero desde diciembre, cualquier viernes puedo hacer el pago”, agrega Figueras, a lo que Terradellas insiste para que sea el próximo viernes. “Ojalá pueda, estoy extorsionando a este cabrón tanto como puedo”, zanja Figueras en referencia al técnico, al que posteriormente insulta: “Es un desgraciado, resentido, malnacido, antipolíticos, anti hacer nada que le venga ordenado, pero tiene la plaza en propiedad. Hay que cambiar al 100% la administración”.
A finales del mes de enero, parece que el proyecto con Bosnia se encauza. En un mensaje del 31 de enero, Terradellas explica a Figueras que finalmente no se otorgará una subvención sino que se firmará un convenio. “Mucho mejor el convenio!!!!”, responde Figueras.
La Guardia Civil, en un informe, vincula la conversación entre Terradellas y Figueras con dos programas en Bosnia por los que en 2018 Catmón solicitó financiación por valor de 182.335 euros la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACDD) y 52.634 euros al Consejo Catalán del Deporte, ente dependiente de la secretaría que ocupaba Figueras. Con todo, los investigadores precisan que hasta que no avancen las pesquisas “no se podrá determinar el destino concreto de las subvenciones”, y apuntan además que las grandes cantidades de dinero en efectivo retiradas de las cuentas corrientes de Catmón e Igman complica la trazabilidad de los fondos.
En un auto, el juez Aguirre apunta a que “se aprecia un hilo conductor” en todas las subvenciones y convenios firmados por Generalitat y Diputación con las dos fundaciones afines a Convergència, que no es otro que “la carencia de los requisitos formales necesarios para otorgar las subvenciones”. Esta falta de pulcritud con la legislación, agrega Aguirre, fue advertida por el técnico, “a quien se presionó para que autorizara la subvención”. “Existe un trato de favor al subvencionado basado en el conocimiento personal y la afinad” entre Figueras y Terradellas, agrega el juez, que considera “difuso” y poco concreto el proyecto en Bosnia.
El magistrado instructor, de hecho, va más allá y pone bajo sospecha todas las subvenciones otorgadas a CatMón por Diputación y Generalitat en los últimos años, que ascienden a dos millones de euros. Tras analizar la documentación incautada en el registro de la sede de CatMón, Aguirre sostiene que la actividad de la fundación “no revela una intensa actividad cooperativa internacional” que justifique los dos millones en subvenciones. Y apunta como hipótesis que Terradellas haya destinado parte del dinero a sus actividades personales en favor del proceso soberanista o directamente como medio de sustento personal debido a que “no se le ha llegado a conocer actividad laboral profesional”. “Esto en sí mismo ya constituye una presunta malversación”, zanja el juez. El Govern ha mantenido a Figueras en el cargo.
No fue el único trabajador con el que Figueras tuvo problemas, según se desprende de las conversaciones que forman parte del sumario. En una charla telefónica con la exconcejal del PDeCAT y actual asesora de la Diputación, Maite Fandos, Figueras lamenta que un antiguo trabajador del canal olímpico quiera “amargar a todo el mundo” con su denuncia a la Fiscalía de presuntas irregularidades en convenios del canal con las fundaciones Catmón e Igman.
La investigación de la Policía, incorporada ahora a la causa del juez Aguirre, concluyó que no se justificaron debidamente pagos por valor de 38.470,54 y 44.500 euros a Catmón, y que había “otros gastos susceptibles de malversación”, como la compra de un Iphone de 1.858 euros o una estancia en un hotel de Milán por 1.190 euros. Los pinchazos telefónicos a Figueras –que tras ser detenido este martes defendió su inocencia y anunció que comparecería voluntariamente ante el juez para “aclarar” la situación– también muestran que habló con varios cargos y les transmitió su preocupación por la investigación que la Policía realizó sobre la sociedad Equacat y el Consejo Catalán del Deporte.
“Es un impresentable”, agrega Fandos, también investigada en el caso, sobre el trabajador despedido, en una charla en la que, como otras incorporadas al sumario, la exedil se queja de que el partido no le encuentra un cargo tras quedarse sin acta de concejal. Antes de ser colocada en la Diputación, Figueras habló de un nuevo puesto para Fandos con el exalcalde Xavier Trias y las exconselleres y ahora concejalas en Barcelona Neus Munté y Elsa Artadi, conversaciones incorporadas al sumario.
Tanto la investigación de las irregularidades en las subvenciones de la Diputación de Barcelona como del Consell Català de l'Esport partieron de denuncias internas de trabajadores de ambos organismos. En el caso de la Diputación, cabe recordar que una investigación interna halló indicios de 'mobbing' y presiones de los jefes de la oficina de cooperación y del área de relaciones internacionales, Jonathan Jorba y Jordi Castells, a los técnicos para aceptar “procedimientos incorrectos e ilegales”, vinculados con las subvenciones a las fundaciones afines a CDC. Ambos cargos, vinculados a los convergentes, fueron recolocados en el Govern y en el Instituto de Estadística catalán.
De Dalmases y subvenciones de 320.000 euros
Por otro lado, la Guardia Civil, en otro informe, vincula a otro de los investigados en la causa, el actual diputado de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases, con 320.000 euros en subvenciones supuestamente fraudulentas de la Generalitat y de la Diputación para las fundaciones que administraba, CatMón e Igman. Según el Instituto Armado, De Dalmases “solicitó y percibió subvenciones tanto de la Diputación de Barcelona como de la Generalitat para financiar la misma actividad (...), certificando que no había recibido otras subvenciones para ello”.
La Guardia Civil desglosa las subvenciones presuntamente fraudulentas: en el año 2014, Catmón recibió 120.000 euros por parte de la Diputación para la elaboración y distribución de la revista “Catalan International View” y otros 49.000 euros por el mismo concepto del departamento de Presidencia de la Generalitat. Lo mismo ocurrió en el año 2015 con cantidades parecidas, añade el informe. Las dudas que alberga la Guardia Civil respecto a la legalidad de tales subvenciones aumentaron cuando detectaron que en las revistas se podían leer “artículos copiados de internet”. “Además, fue responsable de aportar facturas improcedentes y duplicadas”, concluye sobre el diputado el texto que la Guardia Civil ha remitido al juez.
