La Fiscalía entra en la polémica de la megafonía municipal independentista de Vic (Barcelona). El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha abierto diligencias para investigar si los mensajes secesionistas emitidos por los altavoces de la localidad han supuesto algún gasto público.
En el decreto de apertura de diligencias, el fiscal superior encarga a los Mossos d'Esquadra determinar si la emisión de los mensajes, en los que se insta a no desviarse del “camino” de la independencia, ha supuesto “algún gasto o desembolso” para el Ayuntamiento de Vic. Se quiere investigar tanto si se ha usado dinero público para la instalación de los altavoces como para la edición del mensaje, además de si en la confección del mismo ha participado personal del consistorio o no.
Además, en caso de que la edición de los mensajes independentistas hayan supuesto un coste para las arcas municipales, el fiscal reclama precisar su importe y que el Ayuntamiento aporte “la concreta identificación del funcionario o miembro de la corporación municipal que autorizó los pagos”.
El polémico mensaje de Vic, que ha llegado a la Fiscalía después de una denuncia de un ciudadano a los Mossos d'Esquadra, se escucha ca día a las 20:00 tras repicar las campanas a rebato: “No normalicemos la situación de excepcionalidad y urgencia nacional. Recordemos cada día que hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro camino: la independencia de Catalunya”.
La intención de la Fiscalía en rastrear el posible gasto público relacionado con el independentismo no termina en Vic. Alcanza también al Ayuntamiento de l'Ametlla de Mar (Tarragona), la localidad de la que el periodista Arcadi Espada retiró lazos amarillos de una rotonda. Después de que la Fiscalía decidiera investigar a los Mossos d'Esquadra por identificar a las personas que retiraron lazos amarillos en l'Ametlla de Mar, ahora el teniente fiscal Pedro Ariche ha reclamado una batería de documentos al Ayuntamiento.
En concreto, el fiscal ha requerido la copia del acuerdo municipal por el que se aprobó la estructura metálica fija en forma de lazo amarillo en una rotonda, así como el presupuesto de ejecución de la obra. La investigación de la Fiscalía llega al detalle: también quiere saber si el lazo amarillo metálico fue ubicado en la rotonda por un funcionario o una persona externa al consistorio.
Además, el fiscal también reclama conocer si la reparación del lazo amarillo retirado por el grupo en el que participaba Espada fue costeado por las arcas municipales, identificando en este caso el funcionario o concejal que autorizó los pagos.