El Govern de la Generalitat considera que el Ejecutivo español está haciendo un abuso “de poder y de derecho” que puede ser respondido en los tribunales. El president Artur Mas ha anunciado este viernes que ha dado orden a los servicios jurídicos para que estudien acciones legales contra el Gobierno de Rajoy, que considera que podrían emprenderse antes del 9 de noviembre y dentro del ordenamiento jurídico español. Según ha explicado, estas acciones deben servir para “proteger las competencias de la Generalitat en participación ciudadana”.
Artur Mas se ha comprometido a mantener vigente el proceso participativo pese al anuncio del Gobierno de que lo impuganarán ante el Constitucional. Según ha detallado, el operativo del 9-N está en su fase final y será completado en los próximos días. Además ha indicado que se reserva la posibilidad de pedir que se convoque el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. “Garantizo que todo el preparativo estará a punto el 9-N, pero ignoramos hasta dónde pueden llegar las cosas la semana que viene”, ha apuntado.
El Govern catalán ha reaccionado a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha anunciado el acuerdo del Consejo de Ministros para llevar el recurso contra el 9-N ante el Tribunal Constitucional. Mas ha recordando que el decreto de la consulta quedó suspendido y que el plan inicial fue cambiado por un proceso participativo. Debido al hecho de no basarse en el decreto inicial, el Govern considera que el 'nou 9-N' no puede ser impugnado ya que “sigue las normas ordinarias, no hay funcionarios, y no es un referendum”. “Solo 15 después después de hacer mofa y escarnio del proceso participativo, ahora lo impugnan. Han cruzado la línea del ridículo”, ha asegurado.
El jefe de gobierno ha opinado que los recursos del Gobierno de Rajoy esconden su falta de capacidad política y demuestran que está “utilizando el TC de manera impropia” para intentar “resolver en los tribunales un asunto que debe solucionarse políticamente”. Ha añadido que “es hipócrita impedir una consulta sin garantías y luego asegurar que la alternativa no tiene garantías democráticas”.