La Generalitat llevará al Gobierno ante los tribunales por “retener” 9.000 millones de las comunidades autónomas
La Generalitat llevará a los tribunales al Gobierno central para poder obtener 1.300 millones que ya están recaudados pero que Hacienda no traspasa por estar en funciones y sin presupuestos. Así lo ha anunciado este miércoles el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha comparecido de forma urgente en el Parlament para explicar el recorte del 6% que ordenó a principios de agosto.
En total, Aragonès ha cifrado en más de 9.000 millones de euros los recursos que el Estado retiene al conjunto de las comunidades autónomas. “Estos recursos nos corresponden, no son de libre disposición del Estado”, ha dicho Aragonès, que además ha ofrecido al resto de autonomías a seguir su ejemplo e incluso a compartir este recurso que interpondrá la Generalitat.
“Este no es un problema que le pase solo a Catalunya”, ha dicho el responsable de las finanzas del Govern, asegurando que consejeros de economía de diferentes colores y comunidades también se han quejado de esta situación. Por lo que respecta a la administración catalana, Aragonès ha valorado en 874 millones de euros los adelantos del sistema de financiación no pagados, a los que ha sumado una retención del IVA de más de 400 millones adicionales.
La Generalitat ordenó hace dos semanas un recorte del 6% en el gasto de todos los departamentos, con el objetivo de cumplir con el límite de déficit impuesto por el Gobierno a las autonomías para 2019, que es del 0,1%. La decisión del Govern llegó después de recibir una carta desde el Gobierno central, a Catalunya y a otras 10 comunidades autónomas, en la que se avisaba del aumento del gasto en varias comunidades, que conllevaban un desvío del déficit, por lo que se avisaba de la posible intervención de acuerdo a la ley de estabilidad.
El vicepresident ha ofrecido con todo detalle las cifras sobre ingresos reclamados al Gobierno central a través de Hacienda, pero ha sido parco a la hora de explicar la afectación del recorte que piensan acometer. Aragonès ha asegurado que no habrá “un recorte lineal” en el conjunto de los servicios públicos, pero no ha explicado como se equilibrará el conjunto de la contención entre departamentos y empresas públicas. Sí ha garantizado que las obligaciones contraídas tendrán prioridad, así como los gastos obligados por leyes, como puede ser la renta garantizada o dependencia.
“En julio recibimos una carta que nos dice que no nos enviarán estos recursos y que, por esa razón, podemos entrar en un incumplimiento de déficit. Y nos amenazan con intervenirnos”, ha relatado Aragonès. “Nos dicen que estamos gastando mucho en prótesis de cadera o en transplantes de órganos. Pues si es así, bien gastado está”, se ha exclamado. Según el vicepresident, el Gobierno central “no hace su trabajo” y quiere hacer “pagarlo a las comunidades”.
Ante eso, ha asegurado, el Govern no puede “cruzarse de brazos”. El plan que el jefe económico de la administración catalana consistirá, por una parte, en reclamar al Estado los ingresos por la vía contenciosa y, a la vez, llevar a cabo una evaluación de los gastos prioritarios y cerrar la caja en el resto.
La oposición acusa a Aragonès de electoralismo
La comparecencia de Aragonès ante la Cámara en pleno periodo estival fue reclamada por el grupo de Catalunya en Comú y por la CUP, que reclamaron que el jefe económico del Govern explicara el cierre del grifo presupuestario. Oídas las palabras del vicepresident, ninguno se ha dado por satisfecho. Los primeros, por boca del diputado 'comú' David Cid, han cargado contra Aragonès por estar “contando más los escaños que obtendrían en unas nuevas elecciones que en los euros del presupuesto”.
A juicio de los Comuns, el problema de la Generalitat es de falta de ingresos, por lo que consideran que Aragonès podía haber hecho más para no sufrir las actuales tensiones de déficit aprobando dos presupuestos, los propios de la Generalitat, y los Generales del Estado. Para la CUP, en cambio, Aragonès esconde su voluntad de cumplir con las reglas de austeridad fiscal detrás de los incumplimientos del Estado. La diputada de la izquierda independentista Maria Sirvent ha reclamado a Aragonès “hacer cumplir la soberanía de este Parlament”.
Más duras han sido las críticas lanzados por Ciudadanos. Aprovechando el discurso pronunciado este martes por el president Quim Torra, el portavoz económico del principal grupo de la Cámara, José María Cano, ha asegurado que el problema es que el Govern no quiere gestionar la comunidad autónoma sino confrontar con el Estado, y ha acusado a Aragonès de volver al “Espanya ens roba”.
También el PSC, en representación del Gobierno central que ha recibido los dardos de Aragonès, ha cargado contra la gestión del Govern. Para la diputada socialista Alicia Romero es una incongruencia que el vicepresidente hable de diálogo con el Gobierno y, a la vez, quiera llevarlo a los tribunales, lo que a su juicio es una “judicialización de la política” de la que los independentistas suelen quejarse. Además Romero ha reclamado a Aragonès que se siente en el consejo de política fiscal y financiera entre las comunidades y el Gobierno, y negocie en ese foro tanto esta cuestión puntual como la más general del sistema de financiación autonómica.
