El Supremo avisa de que se investigará a los funcionarios de prisiones catalanas si envían a casa a los presos del procés

Aviso del Tribunal Supremo a la Generalitat y a los funcionarios de las prisiones catalanas en cuyas manos está enviar a casa a los presos del procés para que pasen el confinamiento en sus domicilios en vez de en las cárceles. Fuentes del Alto Tribunal han informado de que se abriría una investigación por un presunto delito de prevaricación contra los funcionarios encargados de acordar las salidas de prisión en caso de que las Juntas de Tratamiento de las tres cárceles donde se encuentran los nueve presos por sedición permitan su excarcelación para cumplir el confinamiento en sus casas.

En concreto, las fuentes del Alto Tribunal indican que si se consuma la excarcelación de los presos, el Tribunal Supremo se dirigirá a las Juntas de Tratamiento y a los directores de las cárceles de Lledoners, Mas d'Enric y Puig de les Basses para que “a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica” la salida de prisión de los condenados por sedición así como para que “identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo”. “Ello se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación”, añaden desde el Supremo.

Las prisiones catalanas han empezado a analizar si los nueve presos del procés y otros 92 internos que salían entre semana de la cárcel para trabajar pueden ser excarcelados mientras dure el estado de alarma para pasar el confinamiento en su casa. La decisión la deberán tomar las Juntas de Tratamiento –formadas por los directores del centro, juristas, psicólogos y educadores de las cárceles– de Lledoners –donde permanecen los siete hombres–, Mas d'Enric –donde está interna Carme Forcadell– y Puig de les Basses –la prisión de Dolors Bassa.

Se trata de una “medida excepcional ante una emergencia sanitaria sin precedentes”, según la conselleria de Justicia de la Generalitat, y basada en “necesidades sanitarias” para hacer frente a la crisis del coronavirus en los centros penitenciarios. El anuncio de la Generalitat va en contra de lo decidido por el Ministerio del Interior, que debido a la declaración del estado de alarma es la autoridad competente en materia de prisiones en Catalunya.

El Ministerio, al inicio de la crisis sanitaria, permitió a las prisiones enviar a casa a los internos clasificados en régimen de semilibertad o tercer grado y determinó los casos en los que se podía excarcelar temporalmente a los presos con 100.2.

En una comunicación interna del pasado 19 de marzo, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el director general de ejecución penal del Ministerio, Javier Nistal, concretó que las cárceles podían enviar a casa a los presos en segundo grado y con 100.2 siempre que contaran con aval judicial y que estuvieran ubicados en centros de inserción social o secciones abiertas. Este último supuesto no se da con los presos del procés, que permanecen en centros penitenciarios ordinarios.

“Cualquier decisión que autorice a internos en centros ordinarios con el 100.2 para que pasen a residir en sus domicilios no cuenta con soporte legal alguno salvo que tal decisión sea aprobada judicialmente”, agregó Nistal.

La conselleria defiende la medida respecto a los presos en 100.2 que siguen en sus centros ordinarios como “un paso lógico” para reducir la población penitenciaria y evitar así los contactos dentro de los centros, en especial en zonas comunes como el comedor, que propaguen el coronavirus. Así se ha hecho hasta ahora con los presos clasificados en tercer grado en Catalunya: solo el 19% dormía en casa antes de la crisis sanitaria y ahora lo hace el 69%. Además, 56 presos en 100.2 han pasado a tercer grado para poder irse a su casa durante el confinamiento.

Justicia sostiene además que la excarcelación temporal de los presos con 100.2 cuenta con el aval de Naciones Unidas y el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Ambos organismos internacionales han reclamado “esfuerzos” a las autoridades de los países para que dispongan de “alternativas a la privación de libertad” para frenar los contagios en lugares masificados como las cárceles.

Los criterios para autorizar el confinamiento en casa serán que los presos dispongan de domicilio –algo que ocurre con todos los condenados por el procés– y que los profesionales de la cárcel aprecien “bajo riesgo de reincidencia”. “Nos lo pide Naciones Unidas y hace días que estamos recorriendo caminos que hasta ahora no habíamos recorrido. Necesitamos que haya menos gente en las prisiones para preservar más que nunca la salud y la vida de las personas privadas de libertad”, ha aseverado la consellera de Justicia, Ester Capella, en un vídeo enviado a los medios. Capella además ha tildado de “intolerables” e “inauditas” las “amenaces” que, a su juicio, ha lanzado el Supremo contra los funcionarios de las Juntas de Tratamiento.

Remarca además la conselleria que una vez pase el estado de alarma los presos que durante el día salen a trabajar o a realizar labores de voluntariado fuera de prisión –actividades que ahora están suspendidas– volverán a dormir en prisión. La medida, reconocen desde Justicia, es “excepcional” pero encaja en una “interpretación no restrictiva de reglamento penitenciario” y se tomará caso por caso “después de un escrupuloso análisis jurídico”.