El juez de Girona acepta la querella colectiva contra la Guardia Civil y la Policía de 300 heridos el 1-O
El titular del juzgado de instrucción 2 de Girona ha admitido la querella colectiva de los ayuntamientos Girona, Sant Julià de Ramis –el pueblo donde debía votar Carles Puigdemont– y Aiguaviva en representación de los 300 heridos del 1-O en estos municipios por un presunto delito de lesiones. Los consistorios se personarán en la causa como acusación popular.
En línea con lo ordenado por el juez de Barcelona que investiga las cargas policiales en la capital catalana, el magistrado de Girona ha reclamado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que identifiquen a todos los agentes que actuaron para impedir el referéndum en los tres municipios.
Más de 300 personas heridas ese día han visitado el forense y han aportado informes médicos a la causa. Albert Carreras, portavoz de Abogados Voluntarios por el Derecho de Defensa, ha explicado que la acusación buscará acreditar que hay una cadena de hechos y una cadena de mando para realizar las cargas en los tres municipios.
“El resultado de las cargas no fue fruto de un pensamiento espontáneo o de una acción espontánea de los agentes sino de una premeditación y de un plan consensuado entre los responsables políticos y técnicos que ordenaron las cargas policiales”, ha aseverado el letrado.
Entre las diligencias que han pedido los consistorios que ejercen la acusación popular, destacan como la petición para averiguar quiénes eran los responsables operativos y políticos de los cuerpos policiales el 1-O, una copia de las imágenes que grabaron los propios policías, así como las instrucciones escritas que tenían los agentes el día del referéndum.
