El Govern busca una fórmula para avalar las fianzas millonarias del Tribunal de Cuentas

El Govern está estudiando de qué manera puede avalar las fianzas por valor de 5,4 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas a los 34 exaltos cargos de la Generalitat por la promoción del independentismo en el extranjero. El plazo para depositar el dinero finaliza el 21 de julio. Junts y la ANC están siendo los más beligerantes a la hora de exigir que la Administración catalana sea quien se haga cargo del coste a través de algún tipo de aval.

La vicepresidenta y portavoz de Junts, Elsa Artadi, ha subrayado que al Govern le corresponde proteger a sus trabajadores para no dejar a nadie atrás. Los servicios jurídicos de la Generalitat son quienes están examinando varias alternativas y deberán presentar una propuesta. Una de las posibilidades es la de recurrir al Institut Català de Finances (ICF) para que pudiese avalar a los exaltos cargos, entre ellos, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o el exconseller Andreu Mas-Colell.

En el Govern insisten que en todo caso siempre se trataría de un aval y no de un pago. En situaciones similares, con fianzas millonarias impuestas por el mismo Tribunal de Cuentas o en juzgados como el número 13 de Barcelona, que investiga también a exaltos cargos por su participación en la organización del 1-O, se recurrió a la caja de solidaridad. Pero sus impulsores ya han avisado que esta vez no puede hacerse cargo de tanto dinero. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha reclamado de nuevo este lunes que los ciudadanos colaboren para combatir la “persecución económica” contra los dirigentes del procés.

El president, Pere Aragonès, ha afirmado en más de una ocasión que la Generalitat intentará ayudar a los excargos a los que el Tribunal de Cuentas reclama las fianzas aunque no ha aclarado cómo piensa hacerlo. La ANC, en línea con la posición de Junts, ha instado este lunes al Govern a “defender y cubrir hasta el último céntimo” del dinero reclamado a los encausados. La entidad asegura que si el Ejecutivo de ERC y Junts traslada la responsabilidad de defender a estas personas a la sociedad civil “debilitará el movimiento independentista” y podría incentivar “un aumento de la represión económica”. No hacerlo, añade la ANC en un comunicado, sería renunciar a la defensa de la legitimidad del Govern y dejaría desamparados a sus cargos, lo que crearía un precedente que dejaría tocada la credibilidad de la institución de cara al futuro.

El PSC ha reclamado que se deje trabajar al Tribunal de Cuentas y ha advertido al Ejecutivo de Aragonès de que puede incurrir en un caso de malversación si acaba avalando las fianzas. “Esperemos que se resuelva y si ha habido algún dinero que se ha gastado mal, tal vez deberán devolverlo”, ha reclamado la viceprimera secretaria de los socialistas, Eva Granados. El PSC ha expresado también su malestar por lo que consideran un inmovilismo por parte del Govern, al que reclaman algún tipo de gesto tras la concesión de los indultos por parte del Consejo de Ministros.