Nada volverá a ser igual en Catalunya tras la jornada que se ha vivido este 1 de octubre. Una parte del independentismo es consciente de que debe medir sus próximos pasos para no perder un apoyo en la calle que va más allá de sus votantes. Para lograrlo tendrá que contener a los que abogan por acelerar y proclamar ya la independencia, sea en las condiciones que sea.
El único partido que en su momento se atrevió a fijar un objetivo de participación fue la CUP cuando en el mes de julio apuntó que el propósito era llegar a los 3 millones de votos. No se ha alcanzado esa cifra. Según los datos del Govern, 2,2 millones han participado en la votación de este domingo, es decir, el 42% del censo. Como era previsible, ha ganado el sí, con un 90% de los votos.
Una primera comparación posible es con la consulta del 9-N, ciertamente mucho menos accidentada, pero también sin el carácter vinculante que se pretende dar a la del 1-O. Ahí va la cifra: Esta vez ha habido 40.000 votos menos que en el 2014 (aunque el 9-N no se activó ninguna operación policial para impedirlo).
Segunda comparación. En las elecciones del 27 de septiembre del 2015, Junts pel Sí y la CUP obtuvieron 1,9 millones de votos.
Más allá de los números, es evidente que la votación de este domingo se ha realizado sin las garantías imprescindibles para que sea reconocido internacionalmente como un referéndum. Eso complica su lectura. Y su gestión posterior.
Tanto en Esquerra como en la CUP recuerdan que la ley de transitoriedad señala que en caso de una victoria del sí deberá aprobarse una declaración de independencia. Fuentes gubernamentales niegan que estén ya redactando una declaración de este tipo y aseguran que se busca ganar tiempo para que la presión internacional y la de la mayoría de partidos del hemiciclo del Congreso fuercen a Mariano Rajoy a sentarse a negociar. Pero el tiempo corre en contra de las promesas hechas a los votantes independentistas porque la ley de transitoriedad fija que una victoria del sí comporta una proclamación secesionista en 48 horas. Así que no es descartable que a finales de esta semana pueda haber un pronunciamiento en el Parlament.
Evidentemente, los pasos que vaya a dar el soberanismo provocarán una respuesta del Gobierno central y, una vez más, reaparece la posibilidad de una suspensión de más competencias de la Generalitat. De momento, los estrategas del procés abogan por mantener la presión en la calle y paralelamente intentar mediaciones en los despachos.
Explorar una negociación
La declaración de Pedro Sánchez instando a Mariano Rajoy a abrir una negociación con el Gobierno catalán podría ayudar a uno de los propósitos que Puigdemont mantiene: romper el actual bloqueo para poder recuperar el control de las finanzas de la Generalitat, en estos momentos en manos del Ministerio de Hacienda, y frenar la ofensiva judicial contra los promotores del referéndum.
“En algún momento se tendrá que hablar, aunque sea a través de mediadores”, se ha insistido en los últimos días en el Palau de la Generalitat. La presión que socialistas, Podemos y PNV ejerzan sobre Rajoy puede ayudar a ese desbloqueo, aunque difícilmente podrá contentar a los sectores más duros del independentismo.
El frente internacional
El món ens mira, repetía el secesionismo a modo de consigna durante los últimos meses. Entonces no era más que una ilusión pero ahora es verdad. El Govern de Puigdemont ha logrado el eco internacional que llevaba tiempo persiguiendo e interpreta que, tras las imágenes de las cargas policiales contra los manifestantes y las colas de catalanes queriendo votar, la Unión Europea no puede seguir manteniéndose al margen y limitarse a responder que este es un conflicto interno de España.
La pretensión del Ejecutivo catalán es que, a las presiones que pueda recibir por parte del resto de partidos españoles, se sumen también las de actores internacionales que obliguen a Rajoy a abrir un diálogo que no excluya la posibilidad de un referéndum pactado.
Mantener la movilización
El vicepresidente Oriol Junqueras se ha reunido este domingo con la plataforma Taula per la Democràcia, en la que están tanto Comisiones Obreras y UGT como las patronales de pequeños y medianos empresarios, para explorar una posición conjunta.
Esta plataforma ha convocado un paro simbólico este lunes a las 12 del mediodía y anuncia un “paro de país” para el martes, sin especificar si se suman a la huelga general que han convocado para ese día las entidades soberanistas, los sindicatos minoritarios y la CUP.