El juez que indaga los preparativos del 1-O de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, tiene un nuevo objeto de investigación: la plataforma que Govern, partidos y entidades partidarias del derecho a decidir (desde los 'comuns' al F.C. Barcelona, pasando por los sindicatos) crearon en 2016 a favor del referéndum pactado, el llamado Pacte Nacional pel Referèndum. El titular del juzgado de instrucción 13 ha tomado declaración como testigos este miércoles a dos altos cargos de la Generalitat, que se han desvinculado de la gestión y el coste de la web del pacto.
Las pesquisas del magistrado se centran en especial en una posible malversación de fondos públicos en relación a la web del Pacto, pese a que ni el Constitucional ni ninguna otra instancia judicial lo suspendieron. En consecuencia, su web, sigue activa, a diferencia de los dominios oficiales de la Generalitat del 1-O, que quedaron bloqueados por orden judicial. Los derroteros unilaterales de la política catalana dejaron al Pacte Nacional pel Referèndum en hibernación a mediados de 2017, a la espera de tiempos mejores.
Fuentes presentes en la declaración han informado que tanto el director del área de tecnologías de la información de la conselleria de Presidència, Albert Pallejà, como el coordinador del área TIC de atención ciudadana del centro de telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI), Carles Corcoll, han desvinculado a la Generalitat de cualquier desembolso de dinero público en relación a la web del Pacte.
Han explicado además que las gestiones sobre la puesta en marcha de la web del Pacte recayeron en Roc Fernández, el responsable de contenidos digitales del Govern, que a su vez colaboró con en el informático Ibon Orrantia. Una vez se puso en marcha la web, los titulares de la misma fueron Òmnium Cultural y el CIEMEN, un centro de estudio de las minorías étnicas y las naciones.
En la misma línea, los altos cargos han negado que la campaña de publicidad del 1-O inserida en algunos medios de comunicación costara dinero público, en línea en lo que ya aseguraron hace dos semanas otros testigos.
La investigación sobre el Pacte pel Referèndum continuará el próximo 20 de abril, cuando el magistrado ha citado como testigo a su coordinador, el exdiputado del PSC Joan Ignasi Elena. Elena ya declaró el pasado mes de julio ante la Guardia Civil, ante la que afirmó que desconocía quién había costeado la adquisición del dominio de la web del Pacte Nacional el Referéndum.
Además del exdiputado socialista, el juez interrogará como testigo a Jordi Graells, director de Atención Ciudadana de la Generalitat adscrito al Departamento de Presidencia y que trabajó bajo las órdenes de Antoni Molons, exsecretario de Difusión que fue detenido el mes pasado en el marco de un pieza secreta que sigue el rastro de los gastos del Govern para el 1-O.