El mando único de Interior justifica ante el juez las cargas del 1-O por “acciones de violencia directa” contra la Policía

Una “resistencia pasiva organizada” acompañada de “acciones de violencia directa”. Este fue el panorama con el que se encontró la Policía el 1 de octubre en Barcelona para impedir el referéndum y en el que se desarrolló la intervención policial. Así lo describe el mando único de Interior que dirigió el dispositivo, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, al juez que investiga las cargas tras recibir más de 200 denuncias por lesiones.

En un informe, al que ha tenido acceso eldiario.es, Pérez de los Cobos justifica las cargas de los antidisturbios por las “acciones de violencia directa” con la que algunas personas concentradas en los colegios “recibieron” a los agentes que iban a intervenir las urnas y las papeletas, y que en algunos casos, añade, se repitieron una vez requisado el material electoral. Concreta que el mismo 1-O se detuvieron a cinco personas “por agresión” a los agentes.

“El elemento común a todas las intervenciones fue la existencia de una actividad de oposición organizada contra la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCSE)”, concluye el mando único, que no duda en señalar a los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) como los “elementos de coordinación y ejecución” de la oposición a la Policía.

Pérez de los Cobos, que también es director del gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, no sólo se refiere a supuestos “violentos” para explicar la actuación policial en los 28 colegios de Barcelona donde hubo cargas el 1-O. También habla del conjunto de personas que se concentraron desde primera hora de la mañana los puntos de votación.

Ante estas concentraciones, las unidades de antidisturbios “tuvieron que apartar uno a uno a cuantos se colocaban como parapeto para impedir su acceso a los locales, intentando con ello obstruir la acción de la Justicia”, relata Pérez de los Cobos. En el auto con el que abrió el caso, el juez destacó que no era “ilegal ni ilícito” que los ciudadanos fueran el 1-O a los colegios electorales “a reunirse o a realizar cualquier actividad que allí se hubiera programado, incluido depositar un papel sin valor legal alguno en una urna”.

Complicidad entre Mossos y votantes

Para explicar las líneas generales de actuación policial el 1-O que le había reclamado el magistrado, Pérez de los Cobos resalta la “actitud de complicidad y agradecimiento” de los votantes “parapetados” en los colegios con los Mossos d'Esquadra, que contrasta con la “hostilidad, y, en muchos casos, violencia y agresividad, ante la actuación legítima de los FyCSE”.

“Determinados individuos intentaron impedir físicamente el acceso a los locales”, por lo que los antidisturbios “tuvieron que salvar esa resistencia” para cumplir lo ordenado por el TSJC e impedir el referéndum. Y, según considera, no sólo fue “resistencia pasiva”. Pérez de los Cobos también señala, sin más precisión, “acciones de violencia directa” contra los agentes que obligaron a actuar a los antidisturbios. Unas cargas, que, según el mando único, “podrían haber sido evitadas” si los Mossos, a los que acusa de “inoperancia”, hubiesen cerrado locales en los días previos o la madrugada del 1-O.

Pérez de los Cobos destaca que en la escuela Mediterránea una patrulla de Mossos insultó y agarró a agentes de la Policía; que en el IES Pau Claris un mando de la policía catalana “entorpeció” la intervención policial y que la consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, iba acompañada de su mosso escolta armado en el momento en que los antidisturbios entraron en los servicios centrales del departamento, habilitados como punto de votación.

El titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, Francisco Miralles, preguntó además a Pérez de los Cobos por los criterios de actuación de los cuerpos policiales. El mando único asegura que las intervenciones tenían como objetivo la retirada rápida de urnas y material electoral más que el cierre y el desalojo de colegios. “En ningún caso la actuación policial tuvo como objetivo a los votantes”, remarca el informe.

Los criterios “prioritarios” de actuación, añade, fueron la seguridad y el uso “mínimo y proporcionado” de la fuerza. La actuación “directa” de la Policía y la Guardia Civil sólo se estableció en caso de “insuficiencia o ineficacia” de los Mossos d'Esquadra, que, al igual que el resto de cuerpos policiales, habían recibido la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de impedir el 1-O.

¿Por qué terminaron las cargas?

El juez también preguntó a Pérez de los Cobos por qué las cargas del 1-O terminaron al mediodía. Entre los cuatro motivos aducidos por el mando único, destaca la resistencia y el aumento de afluencia de los votantes en los colegios a lo largo de la jornada, que llevó a constatar las dificultades para escoger de qué puntos de votación se retiraban urnas y papeletas.

“Con el paso de las horas y a lo largo del día fueron concentrándose un mayor número de personas en los centros de votación, que se sumaban a aquellas que ya desde primera hora de la mañana se hallaban preparadas para formar parapetos que dificultaran la actuación policial, por lo que a lo largo de la jornada se fue haciendo cada vez más difícil la selección de espacios donde intervenir sin la presencia de un número significativo de personas”, explica Pérez de los Cobos.

Además, Pérez de los Cobos sitúa como motivo del cese de las intervenciones la “previsión” –que en realidad no se cumplió– de que los votantes se concentraran frente a edificios estatales o cuarteles por la tarde y al finalizar la votación, lo que llevó a “replegar” efectivos policiales para protegerlos.

Y recuerda que la franja horaria “prioritaria” de actuación estaba prevista entre las 7.30h. y las 10:00h. Sin embargo, Pérez de los Cobos reconoce, aunque no precisa los motivos, que en tres colegios de Barcelona la Policía intervino pasado el mediodía, y en uno de ellos, el colegio Pau Romeva, lo hizo a las 15.00h.